Las cámaras de transporte público de pasajeros de Buenos Aires comenzaron a presionar para subir el precio del boleto urbano, con idénticos argumentos a los que ya plantearon en abril pasado los empresarios de Corrientes para exigir un aumento mayor al 48 por ciento ya aplicado por la gestión del intendente de Cambiemos, Eduardo Tassano.
Fuentes del sector indicaron a Corrienteshoy.com que el reclamo de empresarios del transporte de pasajeros comenzará en el segundo semestre de 2018 a sentirse con fuerza en todo el país, al considerar que los precios acordados a fines de 2017 ya quedaron atrás, pese a que son porcentajes que están por encima de todos los índices de inflación.
Es posible que en los próximos días la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) vuelva a insistir ante Tassano, para elevar de nuevo el boleto urbano que actualmente cuesta 11 pesos en la Capital provincial. Este precio representa un 48 por ciento mayor al del año pasado y fue aprobado por los concejales y puesto en vigencia por el Intendente.
Los combustibles se encarecieron 18 por ciento en lo que va del año y resta un 3 por ciento en julio, por lo que la suba del boleto pretendida por los empresarios podría ser del 20 por ciento, es decir, llevar el pasaje en Corrientes a 13,20 pesos. Esto significaría que el aumento anual acumule un trifazo del 68 por ciento, teniendo en cuenta el 48 por ciento que ya está en vigencia.
Pese a los tarifazos impulsados por el Gobierno de Mauricio Macri en todo el país, los dueños de los colectivos sostienen que la inflación de costos dejó atrás todas las tarifas que pusieron en marcha entre febrero y mayo de 2018, fundamentalmente por las sucesivas subas en los combustibles.
En Buenos Aires, las cámaras empresariales del transporte público de pasajeros advirtieron este miércoles en un comunicado que el Estado nacional “subsidia a los usuarios y no a las empresas” y alertaron que el sector está "al límite de sus posibilidades de operación".
Empresarios que manejan las líneas de colectivos del sector metropolitano señalaron que "desde el comienzo del actual gobierno se han recortado los ingresos de manera drástica".
“En un comienzo se afectaron las utilidades de las empresas, luego la posibilidad de renovación de parque móvil y en la actualidad, las diferencias entre los costos reales y los formalmente reconocidos por el Estado, comienzan a impactar en la cadena de pago a proveedores e inclusive en la capacidad para afrontar las obligaciones salariales y previsionales" señala el comunicado.
Explica que los aumentos de tarifa no llegan al sector porque el Estado "calcula los costos de los servicios con criterios propios y a partir de allí fija los valores de las tarifas y de los subsidios a fin de reducir el impacto sobre los pasajeros".
"Es decir, subsidia a los usuarios y no a las empresas. La decisión de no transferir al público el costo total de los servicios, es pura y exclusiva potestad del Estado", agrega el comunicado.
El sector patronal del transporte público señaló que el sistema "recibe mensualmente por compensaciones tarifarias por $3.385.000.000 (considerando el subsidio directo más lo que equivale al precio diferencial del gasoil) y por recaudación $ 1.875.000.000 (neto de IVA), dando un ingreso total de $ 5.260.000.000".
"Sin embargo, los servicios del AMBA tiene un costo de operación más de $ 5.975.000.000 para atender más de 10 millones de viajes diarios que representan el 83 % de los viajes en transporte público que se hacen en la región y provoca un déficit mensual de $ 715.000.000".
Señalaron que ese déficit "produce una fuerte descapitalización de las empresas y una clara y severa afectación a la actividad industrial y comercial vinculada con el sector por la falta de renovación de la flota de vehículos".
Las cámaras advirtieron que el sector "está al límite de sus posibilidades de operación" y que "no puede sostenerse la normal prestación de los servicios en las actuales condiciones económicas".
Las entidades representativas del sector indicaron "estudian alternativas que posibiliten llamar la atención de las autoridades".
Advirtieron por último que "si el gobierno continúa desoyendo al sector, se producirá inevitablemente un resentimiento de la calidad, frecuencia y cobertura de los servicios, así como el mantenimiento de la fuente de trabajo".
