Los tropiezos de la deuda de la provincia de Buenos Aires heredada de la gestión de Vidal, meten ruido en la discusión nacional. ¿Hacia una propuesta más dura? Cita clave en el Congreso con números en mano. El año bisagra con el FMI: 2023.
La renegociación de la deuda pública, de cuyo desenlace dependen el perfil económico que el país podrá darse y las condiciones, más holgadas o más estrechas, que acompañarán todo el mandato de Alberto Fernández, toma velocidad hacia su esperada conclusión el 31 de marzo. En el camino, las posturas se tensan, surgen nuevas estrategias y chicanas a un lado y otro de la mesa, el ministro de Economía Martín Guzmán presentará por primera vez lineamientos clave del plan económico que dice guardar bajo siete llaves y el Gobierno avanza hacia su objetivo de máxima: liberarse hasta su finalización en 2023 de la obligación de atender vencimientos con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La situación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, en riesgo inminente de default, se ha colado en la negociación nacional. Que el gobernador, Axel Kicillof, haya decidido el último viernes extender hasta este lunes, justo al filo del deadline final del miércoles 5, el plazo en el que los acreedores pueden decir sí o no a su propuesta de extender el vencimiento de capital de 250 millones de dólares del bono Buenos Aires 2021 (BP21) al 1 de mayo (venció el pasado 26 de enero) indica, obviamente, que no logró el 75% de aceptación necesario pero, además, una postura más dura que la esperada de aquellos y la esperanza oficial de convencerlos en el estribo. Ante esto, en el Ministerio de Economía de la Nación toman nota y consideran esta coyuntura una prueba de fuego sobre la buena fe de los acreedores. Un rechazo de estos sería considerado una señal negativa que, por su impacto potencial sobre la sustentabilidad de la economía, advierten, podría llevar a que la propuesta nacional termine siendo más dura que la prevista. La negociación se desarrolla en varias mesas y las partes se muestran los dientes.
En la Casa Rosada dicen no entender la estrategia de los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes se acusa de no valorar suficientemente la decisión oficial de no haber formalizado ya en diciembre lo que era un default de hecho heredado de las gestiones de Macri y María Eugenia Vidal.
Guzmán ha dicho públicamente que un eventual default bonaerense le pondría “ruido” a la negociación nacional. A pesar de eso, la Nación mantiene la decisión de no socorrer al distrito para no salirse del orden que ha planteado para el proceso: que termine primero la renegociación soberana el último día de marzo para que después las provincias que necesiten hacer lo propio inicien las suyas. Eso, obviamente, incluye a la de Buenos Aires, lo que da un argumento a los bonistas a quienes se les pide el reperfilamiento: cobrar ahora solo intereses y no percibir el tramo de capital, no asegura que ese dinero aparezca el 1 de mayo, protestan, sino que entonces podrían encontrarse ante una reestructuración que los obligue a optar entre la opción de hierro de las quitas o el litigio.
Pese a ciertos rumores de las últimas horas sobre la posibilidad de un rescate in extremis por parte de la Nación que evite un evento de crédito en el principal distrito del país, en el Gobierno nacional siguen descartando esa posibilidad. Es más, aseguran que la coordinación es total con la provincia y que la estrategia se enmarca en el concepto de atender solamente los vencimientos de intereses hasta el plazo final establecido en el cronograma oficial para la conclusión de las tratativas, esto es el 31 de marzo. El del BP21 es el único vencimiento de capital, la única piedra en el zapato, que interfiere en los plazos que se han previsto, lamentan.
¿Cuáles son las chances de éxito o fracaso?
En lo que pretendió que fuera leído como una señal de buena fe en la negociación de la deuda soberana, el Tesoro ha tomado del Banco Central algo más de 4.500 millones de dólares a cambio de letras intransferibles justamente para asegurarse los recursos con los que hacer frente a los pagos de intereses de la transición. Además, a diferencia de lo que ocurrió en 2002, esta vez se optó por negociar sin romper los contratos, algo que habría resultado fácil hacer el 10 de diciembre último dada la situación de “virtual default” que el presidente dijo haber encontrado al tomar posesión.
El plazo del 31-M no es caprichoso, como tampoco la decisión de atenerse hasta entonces solo al cumplimiento de los vencimientos de intereses: las obligaciones que se acumulan a partir de abril son imposibles de rollear dado el astronómico riesgo país actual, superior a los 2.000 puntos básicos, y también de honrar con las menguadas reservas disponibles. Cancelar capital debilitaría de modo extremo a un BCRA ya complicado y abriría la puerta a una caja de Pandora en materia inflacionaria.
Así las cosas, y dadas las dificultades de la negociación bonaerense, quedaron atrás los días en los que el propio oficialismo hablaba de “solución amigable” y “a la uruguaya”, esto es basada solamente en una extensión de plazos y sin poda de capital y tasas de interés. La consigna ahora es que la oferta a los bonistas “no será ni amigable ni agresiva, será sostenible”. El subtitulado al inglés debe decir, seguramente, “más dura que la esperada”.
El hecho de que el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa (ya sancionado por la Cámara de Diputados y cuya aprobación en el Senado debería quedar completada esta semana) enmarque la renegociación en la ley de Administración Financiera implica, como se sabe, que el acuerdo final deberá cumplir con al menos dos de los tres criterios que establece esta última: poda del monto adeudado, de la tasa de interés de los títulos o extensión de los plazos de amortización. Adiós, Uruguay.
El éxito no está asegurado, claro. Las cláusulas de acción colectiva, o antibuitres, adoptadas después de los traumas que dejó la última renegociación, establecen requisitos diferentes según se trate de los bonos de los canjes de 2005 y 2010 o los emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2018. Como sea, en ambos casos resultan exigentes. En el primero, el umbral de aceptación que obliga a todos los acreedores a allanarse al canje es el de los dueños del 75% de las acreencias, además de un 66% de cada serie involucrada. En cambio, los títulos más nuevos, posteriores a la crisis de Grecia, dan dos posibilidades: o bien a un respaldo general del 75% o uno del 66% del monto total y del 50% de cada título.
Un punto importante a tener en cuenta es que el proyecto de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda no establece un monto específico a renegociar, por lo que Economía tendrá allí la posibilidad de jugar con el menú de bonos ofrecidos para mejorar las posibilidades de éxito.
Otra carta con la que cuenta el equipo negociador es el acopio de información sobre los puntos de vista de los bonistas, generado en base a los contactos mantenidos en Buenos Aires y por correo electrónico con los acreedores que atendieron la invitación oficial a presentar sus puntos de vista.
Sin embargo, el vaso medio vacío expone el carácter extremadamente apretado del cronograma oficial, que les da a los tenedores, tras la presentación de la oferta en la segunda semana del mes que viene, apenas dos semanas para evaluarla y responder.
Como comparación vale recordar que el canje de 2005, más complejo que el actual por haber involucrado a tenedores retail de diferentes nacionalidades, un componente mayormente ausente hoy, implicó gestiones de dos meses después de la publicación de la propuesta. Aún se recuerda la interminable danza de conversaciones amables y de las otras con Nicola Stock, representante de la Task Force Argentina (TFA) y de unos 50.000 pequeños acreedores italianos.
Hoy se advierte un panorama opuesto, ya que se está produciendo un proceso de agrupamiento de fondos acreedores, lo que, si bien deja menos actores al otro lado de la mesa, también los homogeiniza e incrementa su poder de bloqueo de las mayorías reclamadas por las cláusulas de acción colectiva.
De hecho, algunos representantes de fondos importantes ya dijeron que el plazo de dos semanas para decir sí o no es poco realista para una renegociación que involucra nada menos que 313.000 millones de dólares y advirtieron que litigar en Nueva York contra el Estado, como ocurrió en el pasado, es una opción siempre abierta.
Hay plan y en diez días se mostrarán sus puntos clave
Hasta el momento ha imperado el hermetismo respecto de las condiciones de la propuesta a los bonistas. Asimismo, la decisión de esconder las cartas en una negociación riesgosa, entablada con tahúres avezados, capaces de mirar bajo el agua y proyectar cualquier meta de, por ejemplo, superávit fiscal primario (antes del pago de deudas) en el perfil de los nuevos bonos que se ofrecerán en canje.
Ese secretismo obligado complicó a Guzmán durante la reunión que mantuvo el último martes 28 en Nueva York, en el marco del Consejo de las Américas, con responsables de bancos y fondos de inversión, entre los que se contaron gigantes como Black Rock, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, Citi, PointState y Citadell, entre otros. Estos preguntaron, tan reiteradamente como sin éxito, por las metas fiscales y monetarias, así como por las políticas que permitirían la restauración del crecimiento de la economía, condición de la que, según el Gobierno, depende el pago futuro de la deuda.
Sin embargo, las autoridades económicas afirman que sí hay plan macroeconómico y que cada medida de gasto o de modificación impositiva, como las contempladas en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso antes del final de 2019, nacen tras haber sido cuidadosamente ponderadas. El concepto que subyace al laberinto de mejoras para jubilados y receptores de ayuda del Estado, así como de incremento de retenciones a las exportaciones y otros impuestos, se inscribe en la lógica de un keynesianismo posible, o limitado, en el que cualquier incremento de la demanda debe ser financiado de manera genuina y no en base a una emisión descontrolada de moneda.
La secuencia de ese plan comenzó, entonces, por atacar los factores más inmediatos de la caída del nivel de actividad. El segundo paso es restaurar la sustentabilidad de la deuda. Consumada esa negociación, se verá el resto, aseguran.
Mientras tanto, garantizan que existe un trade-off técnicamente cuidado entre las políticas fiscal y monetaria, así como entre las de precios y salarios, aunque sus detalles no se conozcan. Al respecto, el Tesoro se congratula por haber restaurado el circuito de financiamiento en pesos a tasas menores que las que rigieron sobre el final de la anterior administración.
Una certeza sobre las metas clave del plan económico surgirá de la conclusión de la renegociación de la deuda, lo que determinará las necesidades de ahorro fiscal para pagar los compromisos reperfilados y las posibilidades de crecimiento de la Argentina, entre otras cosas. Pese a ello, en el Palacio de Hacienda afirman que ya trabajan sobre varios escenarios diferenciados. “Tenemos plan, pero lo que no van a ver, en medio de esta incertidumbre, es un PowerPoint de esos que nunca se cumplen”, le dijo una alta fuente a Ámbito.
De cualquier forma, la niebla comenzará a despejarse entre el 12 y el 17 de febrero, cuando, de acuerdo con el cronograma de Economía, Guzmán acudirá al Congreso. Entonces detallará el horizonte fiscal suficiente, a su entender, para hacer sustentable la deuda que surgirá del canje. Esas metas de superávit fiscal primario serán crecientes en el mediano plazo, lo que involucrará la gestión de Alberto Fernández y, acaso, algo más. En ese momento se conocerá cuánto se dispone el país a pagarles a sus acreedores, justamente la carta que se ha evitado mostrar hasta ahora.
El objetivo clave: liberar a Alberto del Fondo
El diálogo con el FMI, principal acreedor del país por 44.500 millones de dólares, es “muy constructivo”, según declararon en público y en privado tanto los funcionarios argentinos como los del organismo. Sin embargo, insisten los primeros, que la propuesta que se formule a los acreedores privados y al propio Fondo será ciento por ciento nacional.
Por decisión de Alberto Fernández, la Argentina rechazó recibir este año lo que quedaba para llegar al tope del préstamo previsto en el acuerdo Stand-by, esto es 56.700 millones de dólares. Si lo hubiese hecho, el sendero de amortizaciones previsto habría implicado la devolución de 5.600 millones de dólares este año, de 21.200 millones el próximo, de 22.300 millones en 2022 y de 7.600 millones en 2023, último año de la actual gestión.
Más allá de que lo adeudado terminó siendo algo menor, los mencionados 44.500 millones, los vencimientos previstos son imposibles de cumplir, por lo que se busca extender los plazos de devolución de un dinero que, en alrededor de un 80% y en contradicción con la reglamentación del propio FMI, financió la fuga de divisas.
El modo en que el organismo encuadre esa reprogramación es uno de los temas de discusión más caliente. Por su parte, el Gobierno tiene dos objetivos mayores: no comenzar a devolver ese capital antes de 2023, de modo de despejar el camino financiero del actual presidente hasta el último día de su (¿primer?) mandato, y no pasar del actual Stand-by a un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que permitiría extender el período de repago hasta los diez años.
El Gobierno le escapa al EFF como al coronavirus para evitarse las condicionalidades más duras, en forma de reformas estructurales como la previsional y la laboral, que establece ese tipo de asistencia, destinada “a países que enfrentan problemas serios de balance de pagos a mediano plazo debido a debilidades estructurales que requiere tiempo abordar (con) períodos más largos de repago”.
Como se dijo, eso no dependerá solo de la voluntad argentina. Aunque el FMI esté limitado por tener atado al país alrededor del 60% de su capacidad prestable y aunque sea corresponsable del descalabro en el que terminó el Gobierno de Macri, su voz sigue siendo poderosa. De hecho, su condición de acreedor privilegiado (al que solo se le puede ofrecer una extensión de los plazos de devolución de los créditos y, al revés de los tenedores privados, no una quita) hace que el equipo negociador esté atento a lo que opine acerca de la sustentabilidad de la oferta que se presentará a los bonistas.
De eso hablarán Guzmán y la directora gerente, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero, cuando se encuentren en el Vaticano para participar de un seminario económico. También será el tema a tratar con la misión del organismo que llegará al país entre los días 12 y el 14.
