En medio de la crisis económica y de un proceso inflacionario que no logra desacelerar, el Gobierno nacional prepara medidas para contener los precios, con una receta ya utilizada varias veces y por la cual los empresarios ya mostraron su malestar y desconfianza. Se trata de un nuevo congelamiento que esta vez se extendería por cuatro meses, aunque por el momento son pocos los detalles que se conocen de esta iniciativa surgida desde el Ministerio de Economía.
Fue justamente su titular, Sergio Massa, quien anunció en declaraciones radiales que planea avanzar en un "programa de estabilización de precios" durante el verano, que se desarrollará entre diciembre y marzo. El funcionario dijo que "el objetivo de este programa es que permita que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad". La medida incluiría a los productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo.
Aunque se rumorea que este nuevo plan reemplazaría al ya anunciado Precios Justos, desde el Gobierno aseguran que son perfectamente compatibles y que podrían avanzar en paralelo.
Lo cierto es que las empresas todavía no terminaron de informarse sobre el anuncio anterior y ahora esperan tener definiciones lo antes posible respecto a este nuevo congelamiento, que se anunciaría formalmente en los próximos días.
Incertidumbre
A nivel nacional expresaron que no confían en este tipo de medidas, que además generan mayor preocupación e incertidumbre no solo en el sector comercial sino también en los consumidores. En Corrientes, la postura de los empresarios va en el mismo sentido y si bien coinciden en la necesidad de bajar los precios, tienen serios reparos en cuanto a la chance de un nuevo congelamiento.
Más allá de esto, se espera que el acuerdo del Gobierno sea con las empresas productoras de alimentos y productos básicos, quienes a nivel nacional también ya demostraron su disconformidad, aunque aclararon que "estamos de acuerdo en que hay que frenar los precios; la discusión es cómo". Hasta el momento, aseguraron, no fueron convocados para analizar esta alternativa que, además de dudas, generó sorpresa.
Lo llamativo, además, es que hace apenas 15 días el ministro de Economía había negado una medida de este tipo, con el argumento de que ya demostraron su ineficacia. Además, el anuncio llega en un momento de plena discusión para que las fábricas lancen los productos con el precio impreso en los envases.
La idea es acordar con las principales empresas, que producen más del 85 % de lo que se consume en el país. Según la mirada de Massa, "el resto tendrá un esquema de variación de precios mucho más moderada".
Control
Una novedad que traería este nuevo programa es la posibilidad de que los clientes puedan monitorear el cumplimiento del congelamiento a través de la app Mi Argentina y el escaneo de los códigos QR de los precios de los productos alcanzados.
En caso de no haber correspondencia, con la misma herramienta se podrá denunciar el incumplimiento y el Estado nacional ya adelantó que las multas serían de más de $ 200 millones, por lo que confían en que las firmas se adhieran y cumplan.
Carne
Otra medida ya reglamentada y que iba a empezar a regir hoy fue finalmente pospuesta por 75 días por reclamos de las Provincias. Se trata de la obligación de trocear la media res y que no llegue entera a las carnicerías.
Desde los comercios del rubro y los frigoríficos habían planteado una serie de dudas y complicaciones en este sentido, que podía devenir en un encarecimiento del proceso y un casi seguro impacto en las bateas.
Ante esta situación, la Nación dispuso que esta nueva modalidad se comience a aplicar recién el 15 de enero de 2023, con el fin de que las Provincias y los que componen la cadena puedan terminar de adecuar lo necesario para su implementación.
Camionazo por el gas
Tras no obtener respuestas por parte del Gobierno, los fraccionadores de gas en garrafas se movilizarán nuevamente el jueves con un "camionazo".
En este sentido, sacarán a la calle los vehículos repartidores y, de esta manera, tratarán de visibilizar una situación que, aseguran, no puede extenderse más.
Piden una actualización en los precios -debido a que están trabajando a pérdida, según aseguram- y además solicitan el pago de subsidios atrasados que, señalaron, ya supera los $ 1.500 millones.
Asimismo, volvieron a alertar que, de mantenerse la crisis, corre riesgo el abastecimiento de garrafas y que las provincias del NEA que no cuentan con red de gas natural podrían tener un "colapso energético".
