En la provincia del litoral se registran incendios masivos desde 2020, con un récord de más de un millón de hectáreas en 2022. Este verano, el fuego volvió a devorar más de 100 mil hectáreas. Detrás de las estadísticas, hay responsabilidades políticas por 20 años de fomento al monocultivo de pinos y eucaliptos, especies exóticas muy inflamables que corren la flora nativa y drenan el agua subterránea.
Desde hace décadas, tanto los gobiernos de Argentina como Chile, llevan adelante planes estratégicos que han dado luz verde a la destrucción de sus ambientes nativos con la instalación de monocultivos forestales, en pos de falsas promesas de mejoras económicas y mitigación del cambio climático. Fue a través del Decreto Ley de Fomento Forestal Nº 701 del año 1974 durante el gobierno de Pinochet (Chile) y la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados Nº 25.080 de Argentina (1998), durante el gobierno de Carlos Menem, que comenzó en el cono sur de América el boom de las plantaciones arbóreas exóticas.
No resulta casual que justamente sean estos dos países los más perjudicados por incontrolables incendios forestales que impactan no sólo en los ecosistemas y en las vidas de las personas afectadas directamente, sino también en la salud de millones de personas por el humo que llega a las ciudades para recordarnos que las consecuencias son regionales.
En estas líneas haremos foco en Corrientes. La provincia cuenta con aproximadamente 7 millones de hectáreas (ha) de pastizales y humedales sobre los cuales la industria forestal está avanzando sin control por parte de las instituciones correspondientes. Solo en los dos primeros meses del 2023 ya se han quemado más de 100.566 ha.
¿Cuáles son las causas? Falta de leyes, leyes que no se cumplen, organismos gubernamentales de control que velan por los intereses de privados, décadas de un entramado que beneficia a determinadas empresas con los fondos destinados a la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados en detrimento de una política forestal que incorpore a los pequeños productores.
Para contextualizar la información se debe tener en cuenta por qué cuando hablamos de incendios también hablamos de política forestal:
Los monocultivos forestales no son bosques, son plantaciones en su mayoría de pinos o eucaliptos (especies exóticas, provenientes de otras partes del mundo).
Estas plantaciones exóticas poseen características que favorecen la propagación de incendios ya que las plantas utilizadas producen naturalmente sustancias altamente inflamables, se apropian del agua subterránea a través de sus profundas raíces y, además, sus hojas se acumulan en el suelo sirviendo de combustible.
Los monocultivos no dejan que la flora nativa se desarrolle, creando desiertos verdes en los que la fauna nativa no encuentra alimento ni refugio.
En términos económicos, los ambientes sobre los cuales avanzó la industria forestal (como bosques nativos, pastizales y humedales) hubiesen dado mayores beneficios en comparación con las plantaciones de árboles madereros de especies exóticas. Especialmente teniendo en cuenta los eventos climáticos extremos que se vienen sucediendo con mayor intensidad y frecuencia que, además, se retroalimentan con el avance acelerado de las actividades extractivistas en nuestros países.
Desde 2017, con la creación de la Mesa de Competitividad Forestal, impulsada desde el gobierno nacional, Corrientes aceleró su política forestal bajo la excusa de que en Argentina se obtienen las tasas más rápidas de crecimiento de las especies madereras exóticas y que la provincia de Corrientes posee uno de los índices más altos de pobreza, convirtieron, con falsas promesas, en el lugar ideal para la instalación del monocultivo de árboles, que destruyen ambientes ecológicamente importantes e históricamente invisibilizados como son los pastizales y humedales.
A pesar de las promesas, entre 2019 y 2021, Corrientes registró, al menos, 443 adultos y 10 menores de edad trabajando en situación de explotación laboral y condiciones inhumanas. Es información que puede encontrarse revisando los medios de comunicación día a día. Mientras que la mayor inversión anunciada por el gobierno provincial, un mega aserradero en la localidad de Gobernador Virasoro, tendrá como único fin la exportación total de su producción a Europa.
En 2009, las cifras provinciales registraban 372.834 ha de bosques implantados, en pocos años, para 2018 se alcanzaron las 516.711 ha. Así, los monocultivos forestales alcanzaron una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos. En paralelo, los incendios forestales ascendieron de forma abrupta, según los registros del Reporte del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente de Nación. En 2019, se registraron 3.000 ha arrasada por los incendios forestales, en 2020 ascendieron a 45.000 ha; y en 2022 se llegó al récord de más de 1.000.000 ha.
Estructura burocrática del fuego
La promoción de los monocultivos forestales como sistema de producción en Argentina tiene como fecha fundamental el año 1998 cuando se sancionó la Ley de Inversión para Bosques Cultivados, otorgando estabilidad fiscal por 30 años, exenciones impositivas y subsidios a quienes desarrollen la actividad forestal.
Resulta fundamental adelantar que todas las promesas de progreso y desarrollo sobre la actividad jamás se cumplieron ya que Corrientes sigue siendo una de las provincias con peores índices socioeconómicos de Argentina. Basta comparar los índices oficiales de indigencia y de pobreza brindados por el INDEC entre los años 1998 y 2018 para comprobar que no ha servido para revertir la dramática situación social de la provincia.
La sanción de la Ley de Inversión para Bosques Cultivados coincidió con una enorme crisis social y económica a nivel nacional y, en particular, en Corrientes, donde se decretó la intervención federal entre 1999 y 2001. En el primer año del nuevo siglo, la provincia volvió a elegir gobernador, resultó electo el radical Ricardo Colombi. En aquel 2001 también se creó el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA)
Se trata de un organismo provincial autárquico, única autoridad de aplicación en los temas concernientes a la utilización racional de los recursos hídricos, de los suelos y la actividad minera, del medio ambiente y de las tierras fiscales e islas fiscales. El ICAA actúa en un marco de políticas tendientes a posibilitar el crecimiento económico a través del desarrollo productivo extractivista, interviniendo en todos los proyectos de orden provincial, nacional e internacional que se vinculen con el aprovechamiento de las cuencas hídricas, incluidos los acuíferos subterráneos.
Además, el instituto es responsable de la aplicación del Código de Aguas de la Provincia de Corrientes (Ley 3.066) y de la aplicación de las normativas establecidas en las leyes de Conservación de Suelos, de Tierras Fiscales y de Evaluación de Impacto Ambiental. Desde su creación y hasta 2020, el organismo estuvo a cargo del ingeniero Mario Rubén Rujana, quien ignoró sistemáticamente los roles centrales del manejo del uso racional y la conservación de los recursos naturales.
En su gestión, Rujana permitió, por ejemplo, el avance de proyectos inmobiliarios que rellenan humedales y deforestan, omitiendo los pedidos ciudadanos de estudios de impacto ambiental de las obras. Uno de los casos fue el de la Laguna Brava, donde los vecinos denunciaron rellenos y canalizaciones artificiales por parte de las constructoras de barrios privados que impactaron en la Reserva Natural Laguna Brava, protegida por la Ley provincial N° 6.115.
Otro caso fue el dragado del Arroyo Riachuelo, en 2017, una obra millonaria y sin estudio de impacto ambiental que derivó en una demanda ganada contra el Estado provincial y contra el ICAA el año pasado. El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes ordenó al organismo que controle si la empresa contratista cumplió con la recomposición del daño ambiental del arroyo, afluente del río Paraná.
El andamiaje legal que debe velar por el control de los recursos naturales, desde los hídricos hasta los forestales, se siguió construyendo en 2004. Ese año se reglamentó la Ley provincial de Manejo del Fuego. Luis María Mestres había asumido en 2003 como director de Recursos Forestales, organismo de ejecución de la normativa. La contradicción es evidente, se puso como responsable de regular y sancionar los incendios al organismo que, a su vez, tiene como objetivo la expansión forestal exótica, uno de los principales responsables del fuego.
La Dirección de Recursos Forestales debe, según la normativa, llevar el control del cumplimiento de las normas vigentes. Por ejemplo, la solicitud de permisos para quemas controladas, mantener un inventario actualizado de los recursos disponibles en la provincia para el manejo del fuego. Así como también realizar la investigación, determinación de la causa, responsabilidad en el origen del incendio y aplicación de las sanciones pertinentes.
Además, con la conformación de un Consejo Provincial de Manejo del Fuego, es su obligación llevar adelante estrategias sobre protección de la naturaleza contra los incendios rurales y el uso inadecuado del fuego, entre otras funciones y atribuciones descritas en el artículo 45. Claramente no se cumplió.
Los monocultivos forestales como política de Estado
En 2005, Arturo Colombi, primo de Ricardo Colombi, fue elegido como gobernador y cumpliría mandato hasta 2009. Un año más tarde, el ingeniero forestal Roberto Rojas ingresó a la Dirección de Recursos Forestales, a cargo de Mestres, en el área de “Promoción Forestal”, derivada de la implementación de la ley nacional de Inversión para Bosques Cultivados.
En 2008, a diez años de la sanción de la ley de inversión forestal, se sancionó la Ley N° 26.432, que prorrogó y reformó la norma original para. Un año después, en 2009, en Corrientes se realizó el primer inventario forestal de bosques cultivados de la provincia de Corrientes que registró 372.834 ha con pinos (mayores a 4 años) y eucaliptos (mayores a 2 años). Ese año, Ricardo Colombi volvió a la gobernación e inició un periodo de ocho años al frente de la provincia, al conseguir su reelección en 2013.
Al cumplirse el primer mandato de Colombi, en 2013, el área de bosques implantados con pinos y eucaliptos se expandió hasta las 559.356 ha forestadas, según un informe de la organización Aves Argentinas. El dato contrastó con la superficie oficial declarada dos años después, en el segundo inventario provincial, que registró una cifra inferior. Según el informe del gobierno correntino, en 2015, había 473.791 ha forestadas de pinos y eucaliptos.
En diciembre de 2013, tres meses después de conseguir su reelección, Colombi firmó el “Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social”, que entre otras cuestiones, propuso como política de gobierno el impulso de la industria forestal. El mandato de Colombi cerraría en un momento clave en la avanzada del monocultivo forestal con la creación, en la gestión presidencial de Mauricio Macri, de la denominada Mesa de Competitividad Forestal. El objetivo fue el de potenciar el avance de la Ley de Inversión para Bosques Cultivados con promesas de desarrollo para la economía de las provincias.
En febrero de ese 2017, seis meses antes de la convocatoria nacional a la “mesa forestal”, se inauguró el Parque Foresto-Industrial Santa Rosa con la promesa de ser el primero de 6 parques, con el objetivo de relocalizar sobre la ruta nacional 118 las industrias instaladas en el ejido urbano de la localidad de Santa Rosa, cercana a 30 kilómetros del Parque Nacional Iberá. Desde entonces, acompañadas de estas acciones por parte del Estado, ahora vemos en Corrientes carteleras auspiciadas por el gobierno provincial que dicen: “Respire aire puro, usted está ingresando al bosque”. Por definición, científica, los monocultivos forestales no son bosques.
El apogeo de los monocultivos forestales
En diciembre de 2017, el radicalismo retuvo la gobernación provincial con Gustavo Valdés como candidato. En 2018, la actualización del inventario forestal de bosques implantados registró 516.711 ha de pinos y eucaliptos en la provincia.
Esto marca un punto de inflexión en la historia de la industria forestal en Corrientes, ya que los monocultivos forestales alcanzaron una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos.
Otro quiebre en la política forestal se registró con la sanción de la Ley provincial N°6496, que declara de interés estratégico para la economía local, la industria celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía, prometiendo subsidios y regulaciones (o falta de ellas) para promoverlas. Además, incluye una modificación para flexibilizar la compra de tierras por parte de los extranjeros, a medida de grandes intereses de las corporaciones.
En paralelo, se firmó el decreto N°1172, donde el Ejecutivo Provincial dispuso el pago de 1.569.382 dólares a la firma Bapro Mandatos y Negocios SAU, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Forestal, para la creación del Parque Industrial de celulosa Ituzaingó. El impulso a la industria forestal se dio en simultáneo con las primeras alertas de riesgo ambiental.
Según los reportes diarios de junio de 2019, elaborados por la Dirección de Recursos Forestales, existían índices de peligro extremo de incendios forestales y rurales. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, 3.000 ha se perdieron en el fuego ese año. Además, la industria no cumplió en lo inmediato con las promesas de trabajo y prosperidad. Entre 2019 y 2021, Corrientes registró, al menos, 443 adultos y 10 menores de edad trabajando en situación de explotación laboral y condiciones inhumanas. El escaso trabajo que crea la actividad se encuentra caracterizado por su precariedad, bajos salarios y hasta trabajo infantil y “esclavo”.
La era de los grandes incendios en Corrientes
Con la política forestal en marcha, el 2020 fue el año en el que los incendios forestales empiezan a tener una magnitud masiva: 45.000 ha quemadas, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, basándose en datos de la provincia y de Ambiente Nación. A pesar de esto, en agosto de ese año, el secretario de Desarrollo Foresto-Industrial, Luis María Mestres —quien ocupa cargos en el área forestal de la provincia desde 2003— anunciaba la construcción del aserradero más grande del país y del cono sur —con capacidad para 240 mil toneladas de tablas y 140 mil toneladas de pellets al año—. Proyecto propuesto por la empresa Acon-Timber, con inversores austríacos del HS Timber Group.
La multinacional de capitales austríacos llegó a Corrientes luego de que le suspendieran las licencias para seguir con sus actividades en Rumania por irregularidades en sus plantaciones forestales, apropiación ilegal de bosques protegidos para monocultivos y por compras de madera provenientes de la tala ilegal.
El proyecto cuenta con una inversión de 80 millones de dólares y cuenta con varias etapas. “En esa primera etapa la compañía industrializará pinos y está planificada una segunda etapa con la incorporación de tecnología para el procesamiento de eucaliptus, algo que podría concretarse tres años después de concluir la primera fase". El anuncio de Mestres fue junto al actual ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, quien explicó que toda la madera que industrializará este mega aserradero tiene como destino la exportación, con mercado en Europa. La puesta en marcha del mega aserradero en la localidad de Gobernador Virasoro, en el noreste correntino, está pautada para fines de este año.
Para julio de 2021, Roberto Rojas, ascendido a director de Recursos Forestales, ya cifraba en 550.000 ha la superficie dedicada a la actividad forestal. “La extracción de resina de pino es una actividad anexa que últimamente ha crecido de manera considerable, además de tener un potencial de exportación que hace atractiva a la inversión”, valoraba. La resina de pino es precisamente uno de los peligros ambientales de estas especies exóticas, con alto poder inflamable.
En noviembre de 2021 se registraron 9.000 ha de incendios, siempre según el reporte del Manejo del Fuego elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con información provincial. En ese mismo momento, Valdés viajaba a Europa en busca de más inversiones para el sector forestal. Allí se reunió con los inversores del HS Timber Group, denunciados en Rumania, y les prometió: “Nuestra provincia, con potencial forestal, capacidad técnica y seguridad jurídica, es una plaza confiable.”
Valdés hablaba de “seguridad jurídica” para la empresa extranjera, mientras los incendios arrasaban hectáreas en su provincia. No se refirió a la seguridad jurídica para el pueblo donde se instalaría la empresa extranjera, respecto del derecho a un ambiente sano y equilibrado como establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El año del apogeo los incendios forestales
Los incendios forestales se habían iniciado en noviembre, pero en enero de 2022, el gobernador Valdés viajó a Uruguay para tomarse vacaciones en Punta del Este. Durante su estadía en las playas del país vecino, el fuego avanzó de manera dramática en la localidad de Mercedes. Entre el 10 de enero y principios de febrero se habían afectado 300 mil hectáreas y las llamas no se detendrían hasta finales de ese mes, cuando la magnitud de los incendios alcanzó al 12 por ciento del territorio provincial, alrededor de un 1.000.000 de ha.
Los incendios quedaron envueltos en una disputa política entre el gobierno provincial radical, que integra la alianza Juntos por el Cambio, y el oficialismo a nivel nacional. El intendente de Mercedes (Frente de Todos), Diego Caram, aseguró que Valdés nunca lo llamó y que un mes después un ministro del gobierno provincial le escribió un mensaje. La decisión de la gestión de Valdés en el primer mes de los incendios fue prohibir las quemas en toda la provincia, algo que no detuvo el fuego.
La primera reunión entre los gobiernos provincial y Nacional se dio en enero, cuando la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de Nación, Soledad Cantero, mantuvo una reunión con el Ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo. “Sólo se solicitó un móvil del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y se conversó acerca de las diferentes compras de equipamiento. No se requirieron brigadistas, recurso fundamental en el combate de incendios forestales, hasta el pedido formal de la provincia que recién se realizó el 5 de febrero”, explicó la funcionaria y dijo que Nación había advertido desde el 19 de noviembre que la prohibición estaba en alerta roja. La ayuda formal fue pedido por el gobierno provincial recién el 7 de febrero. Entonces, el Ministerio de Ambiente envió 4 aviones hidrantes y 38 brigadistas, el fuego continuó por varias semanas.
Ante la falta de medidas efectivas para contener los incendios, el 15 de febrero el gobernador Valdés declaró: "En la provincia ha llovido sólo 30 milímetros en lo que va del año. Como decimos nosotros, Corrientes tiene yeta, porque llovió en Chaco, en Misiones y Formosa, pero acá no". Con una especie de maldición divina, el mandatario buscó esquivar las responsabilidades de los desastres ambientales que provocan las políticas de maldesarrollo.
Sin importar lo que había pasado hace menos de un mes, con una catástrofe que ya había tomado repercusión internacional, y en una clara manifestación de seguir con la promoción de la industria forestal, el gobierno provincial oficializó la creación de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial, a cargo del ya histórico Luis María Mestres, y sostenido bajo la órbita del del Ministerio de Producción.
Una parte importante para la expansión de la industria forestal como matriz productiva es la desinformación sistemática en medios de comunicación, enalteciendo y vendiendo a los monocultivos forestales como el progreso y el desarrollo y minimizando los daños de los incendios. En agosto, la agencia estatal Télam publicó una de las varias notas periodísticas que romantizaron los incendios y relativizaron sus enormes impactos ambientales, sanitarios y sociales.
En diciembre de 2022, antes de que los incendios volvieran a aparecer y avanzar sobre más de 100 mil hectáreas este verano, la Legislatura aprobó el Presupuesto provincial. Para el área de Ecología y Medio Ambiente se destinaron solo 48 millones de pesos, mientras que para la expansión forestal la suma se fijó en 86 millones de pesos (expediente N°7739). Nuevamente queda en evidencia que los intereses económicos concentrados van por encima de los ecosistemas y la salud de los correntinos.
¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? No naturalizar un modelo de maldesarrollo que sólo beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. La tarea del momento es participar, reclamar, unirnos en asamblea para compartir saberes y construir la resistencia. Solo de esta manera podremos derrumbar los pilares de impunidad sobre los que se paran los funcionarios a tomar decisiones y así revertir el ecocidio antes que sea demasiado tarde, o, peor aún, irreversible.
