El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, consideró que el expediente es conexo al que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla, quien investiga a diversas bases de la AFI del proyecto AMBA. El rol de Macri.
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, resolvió este jueves remitir la causa en que se investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan a la justicia de Dolores. Consideró que el expediente es conexo al caso D’Alessio, que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla, dado que allí se analiza el rol de la base marplatense de la AFI en el marco del Proyecto AMBA. A través de esa iniciativa, la agencia de inteligencia espió a decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Consultados por este medio, los abogados de la querella mayoritaria dijeron que van a analizar la resolución pero que “en principio tiene lógica”. También señalaron que el material de la pesquisa compromete al expresidente Mauricio Macri.
Si bien no había planteos sobre la competencia del caso, Inchausti señaló que “dada la existencia de un proceso anterior originario –y del que el juez interviniente no declaró su incompetencia– corresponde remitir la presente causa para su acumulación a la causa N° 88/2019 del registro del Juzgado Federal de Dolores”. “Nos encontramos ante una identidad de hechos –actividad de inteligencia ilícita sobre organizaciones sociales – que, a su vez, se encuentran sustentados en la misma prueba”, explicó.
El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el buque Rigel estaba delegado en el fiscal federal de Mar de Plata, Daniel Adler, quien estaba tomando testimoniales a las víctimas de las tareas de inteligencia ilegal. El juez aclaró que las medidas que se tomaron en el expediente fueron “en virtud de la urgencia del caso y para garantizar los derechos de las víctimas” por lo que requirió al Ministerio Público Fiscal “que arbitre los medios necesarios para remitir al Juzgado Federal de Dolores las actuaciones que tramitaron ante esa sede fiscal”.
En su resolución, Inchausti recordó que la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el Buque Rigel se inició el 23 de septiembre por una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió la citación indagatoria del expresidente Mauricio Macri y los jefes de la exSIDE macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquel escrito, que publicó este medio, Caamaño expresó que se halló el material comprometedor al analizar un pedido que había realizado Ramos Padilla sobre “la Delegación Provincial de Mar del Plata”. El juez de Dolores estaba investigando el espionaje ilegal que la AFI macrista desplegó en la provincia de Buenos Aires desde sus nueve bases bonaerense, nucleadas en el Proyecto AMBA. Una de ellas es la marplatense. Se trata de un caso derivado del D’Alessiogate, donde se desprende el espionaje electoral de 2017, por ejemplo.
