El gobernador Jorge Capitanich se encuentra en la encrucijada. No tiene más remedio que impulsar la investigación que terminará complicando la situación procesal del único policía que quedó detenido en relación con el asesinato de Josué Lago, pero enfrenta un estado de deliberación en la fuerza de seguridad que no se calmó pese a cuatro de los cinco detenidos quedaron en libertad y prácticamente desvinculados de la cuestión.
La situación del único detenido es complicada. Su arma reglamentaria no aparece y el argumento de la defensa es que le fue sustraída el día de los acontecimientos. La desaparición de esa prueba clave en la causa impide relacionar el disparo que recibió el joven qom con el efectivo detenido.
De todas maneras, hay otras pruebas que son perfectamente posibles de practicar en este caso. No se sabe, por lo menos no públicamente si se llevó a cabo en las manos del detenido alguna prueba de parafina que pudiera indicar si el Policía aprehendido disparó un arma de fuego.
Este dato se podría complementar con algún testimonio, que por el momento no trascendió que hubiera. Es decir, no se sabe si hubo testigos del disparo fatal. Tampoco del robo del arma reglamentaria. Tal vez, los cuatro efectivos liberados, si sobre ellos ya se ha dictado el sobreseimiento (esto tampoco está confirmado) podrían ahora prestar declaración testimonial.
No declararon como imputados porque fueron liberados. No hay información oficial sobre la marcha de la causa, pero sería clarificador que se conocieran datos. No las declaraciones interesadas de querellantes o defensores, sino la marcha del expediente.
En el caso de que los policías liberados declararan como testigos, estarían obligados a decir la verdad, es una diferencia crucial con la declaración de imputado. Si los hechos son como la cuenta la versión policial no habría mayores contradicciones. En cambio, si no fuera, sería temerario que alguno traspasara el camino de la verdad sólo por mantener una actitud corporativa.
Mientras tanto la sociedad sanmartiniana se encuentra fracturada. Ya explicamos aquí hace una semana que el gobierno de la provincia y por su responsabilidad el Estado Argentino no tiene margen para ocultar un crimen producto de la violencia institucional en la que efectivos policiales estuvieran implicados. Organismos convencionales ya han dictado resoluciones, concretamente el Caso Greco que obligan a la Argentina y al Chaco.
Cuesta entender entonces que casi en bloque y otra vez contra lo que la autoridad política, elegida por la voluntad popular y depositario de la soberanía popular, la Policía, desde el jefe hasta el último de sus efectivos, pasando por los voceros mediáticos interesados, prácticamente blanden consignas de impunidad que pretenden se transformen en verdad, no en el expediente judicial sino en los medios y en el debate social.
Los reiterados episodios de violencia institucional y el mismo debate interesado son muestra de que la institución no ha evolucionado en materia de Derechos Humanos. Profesionales de las ciencias jurídicas declaman la desprotección en la que se encontraban los detenidos. Junto a ello, una movida mediática y a través de redes sociales que incluyó el encadenamiento de personas, sospechosos incendios en la vivienda de familiares de uno de los involucrados, sirvieron para inflamar los ánimos que están caldeados.
Es como si la Justicia tuviera que debatirse entre lo que las partes discuten públicamente. Pobre de nosotros si la resolución judicial depende de quién grita más fuerte o quien moviliza a más gente.
Sólo hay un elemento que llama la atención. Si la versión policial fuera la correcta, la consecuencia de ello sería que nadie mató a Josué Lago, aunque lo único que está fuera de discusión es precisamente que el joven qom fue asesinado y con mucha probabilidad de que cayó bajo una bala que tiene origen en la Policía.
Las consecuencias de que esto termine en impunidad son gravísimas, pero otros casos sin resolución, como el de Sebastián Ponce de León, revelan lo extremadamente costoso que resulta conseguir una resolución judicial cuando de lo que se trata es probar que hay miembros de una fuerza de seguridad detrás de un homicidio.
Pensar de buena fe en relación con la actuación judicial termina dejándonos una conclusión mucho más amarga. La imposibilidad o la demora en avanzar en una investigación está directamente relacionada con el accionar corporativo en procura de la impunidad.
Repetirlo ahora en la causa de Josué Lago estaría revelando un “modus operandi” que ni la Justicia, ni el poder político está en condiciones de tolerar. Salvo que intencionalmente resignen las facultades de las que están imbuidos por la Constitución provincial y nacional que han jurado defender.
