Un joven qom asesinado en General San Martín actualiza el largo historial de violencia institucional que existe en la provincia del Chaco y que más allá de las circunstancias particulares y las diferentes consecuencias de hechos anteriores, permiten entender que desde el Caso Greco en adelante se han reforzado organismos, se crearon otros, pero el problema está allí, latente.
La deuda pendiente es la de la Justicia que, debiendo tomar las medidas para evitar que este tipo de hechos se repiten, se encierra en un laberinto ideal generado para entorpecer las investigaciones y garantizar la impunidad que es la termina convirtiendo a la violencia institucional en la provincia en un círculo vicioso.
Vale entender entonces que no se trata de un hecho aislado, no es el caso del Policía Chocobar que, pese a vestir uniforme, no arrastra con su acto el crédito de una fuerza de seguridad, por el contrario lo ocurrido en el Barrio Los Silos de General San Martín.
Y en prácticamente una nebulosa de investigación judicial se encuentra el caso de la familia Qom allanada violentamente y de manera ilegal en Fontana o el todavía impune homicidio de Sebastián Ponce de León en Barranqueras.
Se trata de casos en los que las víctimas sufren apremios o la muerte, en medio de operaciones institucionales de la Policía. Es decir, no se trata de un caso aislado, y sobre eso es evidente la falla no ya de los efectivos de la fuerza, sino en general de la institución y del propio Estado, representado por los poderes públicos para encauzar esta situación.
El gobernador Jorge Capitanich ha querido mostrar políticas de Estado en materia de control de la violencia institucional y ha señalado un presunto “pionerismo” en algunos institutos como el Comité para la Prevención de la Tortura o el Órgano de Control Institucional, esos sin embargo, son organismos nacidos al calor de los compromisos asumidos por la Argentina y claro también la provincia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Causa Greco. El caso de Juan Angel Greco obligó a la provincia y el país con la comunidad internacional, pero a la vez desnudó las falencias que llevaron a aquella “solución amistosa” de los años 90. Los compromisos asumidos tienen el peso de una sentencia condenatoria al país y, claro también la responsabilidad internacional.
Por eso, no se trata de ser pioneros en nada, salvo en ser denunciados ante la Convención Internacional por incumplimiento de Pactos Internacionales que tienen jerarquía constitucional desde la reforma del año 1994.
La repetición de estos episodios de violencia institucional en verdad demuestra que la provincia está en deuda y está incumpliendo las mandas del Caso Greco, ha violado incluso cuestiones elementales previstas en la Convención, tanto en su doctrina, como en su jurisprudencia, como el principio de progresividad.
Uno de los más férreos defensores el operativo que terminó con la vida de un joven qom fue el ex funcionario designado por Capitanich como “Subsecretario de Abordaje Territorial”. Está llevando la voz del sector policial y fue el principal vocero que permitió la reincorporación de los policías imputados en los apremios a la familia qom de Fontana.
Contra todo, incluso contra la opinión del gobernador, que es su jefe formal por ser miembro activo de la fuerza de seguridad, consideraba en la siesta de ayer que el uso de armamento letal en el operativo llevado a cabo en el Barrio Los Silos estaba “justificado” por el riesgo que corrió la vida de efectivos que fueron partícipes.
Y pese a que destacaba cada tanto que se trata de una investigación que está en marcha, no importó que las pericias no estén terminadas ni que la propia causa esté investigándose para sostener esa “justificación”. Semejante temeridad sólo tiene una explicación. Lo dice porque puede.
Con el correr de las horas empiezan a “aparecer” en los medios pruebas de que las fuerzas de seguridad estuvieron en riesgo, como si no se desprendiera ello de la propia función que llevan adelante. Como en el caso de Fontana, el argumento policial tendrá mayor oportunidad, si la gente así lo cree.
Como en el caso Ponce de León, el del joven qom de San Martín, José Lago, tiene una prueba irrefutable. Ambos están muertos y el derrotero de la familia Ponce de León tiene sobradas pruebas de que hay un fuerte trabajo desde las instituciones, entre ellos otro organismo creado a partir del Caso Greco la “Fiscalía Especial de Derechos Humanos”, para abonar la impunidad.
Ese trayecto es que la familia de José Lago tendrá que empezar a partir de ahora. El Estado, representado por el Gobierno y los demás poderes, ya ha dado señales de que palmea la espalda, abraza, acompaña en el sentimiento, pero no produce resultados. Ni para la reparación del daño causado, ni para evitar que sigan repitiéndose estos hechos de violencia institucional.
