El presidente Alberto Fernández y a nivel provincial el gobernador Jorge Capitanich abrirán el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y de la Legislatura provincial, respectivamente. En ambos casos se esperan anuncios que no deberían estar vinculados con la pandemia, aunque el tema no puede faltar por lo que vivimos durante el 2020. Sin embargo, se trata del primer mensaje importante en un año electoral y en el que se esperan definiciones relacionadas con la necesidad de recomponer el tejido social argentino, en el que gran parte de los votantes de ambos mandatarios esperan resultados.
Serán claves los lineamientos, algunos de los cuales ya expuso el presidente en su visita a Yapeyú, donde lo recibieron los mandatarios del Norte Grande. Es muy probable que en los retoques de último momento Capitanich incluya algunos de los lineamientos de las obras anunciadas por el jefe de Estado nacional.
Sin embargo, a esas cuestiones macroeconómicas ambos mandatarios tendrán que contraponer la cuestión micro. Lo que las personas y las empresas están esperando para salir del gravísimo cuadro que viven desde hace varios años.
Particularmente, en el Chaco la fortísima protesta social está encabezada por el sector docente. Empobrecido durante la gestión nacional de Mauricio Macri y Domingo Peppo y por el que poco ha hecho hasta ahora el gobierno de Capitanich.
Si bien ha logrado importantes acuerdos con sectores como los de la administración central o los judiciales, la situación de los docentes amenaza con mantener un prolongado conflicto con el sector.
La propuesta de la provincia para los docentes no es baja. Lo que es bastante pobre es el compromiso que la gestión provincial tiene para con los maestros chaqueños. Es importante apuntar que la paritaria nacional docente cerró en un 34%, que no será en un solo pago sino escalonado en tres cuotas.
Seguramente algo que la propia gestión provincial tiene en mente, pero que no se anima a poner por escrito en la mesa de discusión salarial. Es altamente contradictorio que el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, afirme como sostiene su maestro Martín Guzmán, que los salarios tienen que ganarle a la inflación, pero a la vez no quiera aceptar la renovación de la cláusula gatillo.
En términos prácticos esa cláusula sólo serviría para empatarle a la inflación. En términos nominales la caja provincial se ahorraría dinero si aceptara la condición de los maestros y por contrario sensu, perdería si se cumple la declamada victoria salarial sobre la variación del índice de precios al consumidor.
La reticencia oficial genera desconfianza. El nuevo ministro de Economía e Infraestructura, dilapida convicción o directamente esconde otra vez la decisión oficial de reiterar el ajuste sobre los empobrecidos empleados públicos provinciales.
El aumento del 10% aceptado por los gremios que nuclean a la administración central y judiciales se percibirá recién a finales de marzo o principios de abril. Para esa fecha ya habrán perdido con la inflación que estará más cerca del 12% según las estimaciones que suelen hacerse en relación con el IPC general. La degradación del poder adquisitivo será todavía mayor si la comparación se hace con las estadísticas que el INDEC genera para la región nordeste e incluso con los que ejecuta la propia provincia.
Para empeorar las cosas el Ministerio de Educación que encabeza Daniela Torrente, envió a las escuelas un “kit” de limpieza compuesto por dos bidones de 5 litros de agua lavandina, un balde, un lampazo, un escobillón, un trapo de piso, un rociador vacío y pequeño envase de alcohol sanitizante ya preparado.
El paupérrimo equipo de limpieza llegó en medio del conflicto docente y generó todavía más indignación. Torrente convocó a uno de los docentes que viralizó el mini kit al que verbalmente trató reprender. Sin embargo, públicamente consideró que la las protestas eran injustas y ante el docente afirmó desconocer el contenido del kit, según se pudo saber después por otro audio que el mismo maestro compartió entre sus compañeros. La desconexión con el contexto es grosera.
Todo en un escenario en el que la oposición provincial que viene preparándose para el desarrollo de un año electoral. Especialmente el radicalismo viene contando con puntillosidad que los recursos de coparticipación vienen creciendo a valores reales por encima de la inflación en los últimos meses. Salvo por el pequeño detalle de que acompañaron en silencio la gestión de Mauricio Macri y todavía repiten los lineamientos que a nivel nacional expresan fundamentalistas como Patricia Bullrich o Alfredo Cornejo, para citar un correligionario.
Efectivamente se cuela en las últimas horas la cuestión de vacunación a personas que no están en el orden de prioridades que la propia provincia definió para la utilización de uno de los bienes más preciados y escasos que hay en todo el planeta.
El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, puede poner en serios aprietos a la provincia si se confirma que también en el Chaco hubo algunos vivos que vieron facilitada la posibilidad de adelantarse en la fila de la vacunación.
Los casos más curiosos, hasta el momento -pero que no serían los únicos- son los del padre Rafael del Blanco y la diputada oficialista Liliana Spoljaric. Esos dos casos se quedan cortos frente a la realidad de la pequeña comunidad de Misión Nueva Pompeya, en donde familiares de autoridades de Salud, comerciantes y dirigentes sindicales (uno de ellos de ATECH, el sindicato de maestros más combativo) se saltaron la fila.
Si ese nivel de descontrol pudo ocurrir en una comunidad pequeña de El Impenetrable es posible imaginar que, en las grandes ciudades, entre ellas la capital provincial, podría transformarse en la caja de Pandora.
Todo eso ocurre en medio de absoluto silencio del Ministerio que encabeza Paola Benítez. En cantidad de casos, el escándalo que terminó eyectando al ministro Ginés González García, es mínimo en relación con lo que ocurrió en la provincia.
