El Poder Judicial en la provincia tiene en sus manos dos de las tres cuestiones más explosivas en relación con los casos más resonantes de corrupción en la política provincial. Estamos a días de conocer la sentencia en el caso Roberto Lugo y paralelamente esta semana la Justicia Federal en primera instancia elevó a juicio oral y público la denominada causa Lavado II.
Pero lejos de las cuestiones penales la disputa entre el Gobierno Nacional y la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires” abre un serio interrogante para las provincias que de buenas a primeras por un equívoco fallo de la Corte Suprema de Justicia se vieron equiparadas con la intendencia de la antigua Capital Federal a pesar de las que las jurisdicciones provinciales son anteriores a la Nación misma.
Incluso el Chaco tiene el carácter que a los estados fundadores de la actual República Argentina, les reconocen desde los tiempos de las “Provincias Unidas”. Y pese a que esta es una cuestión crucial y política, los gobernadores prefieren no entrometerse en estos asuntos. Sería entendible en distritos gobernados por Juntos por el Cambio, o mejor decirlo, por la Unión Cívica Radical, pero no entre los mandatarios peronistas, salvo el bonaerense Axel Kicillof, que tampoco dijeron nada cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta tuvo un desplante con el formoseño Gildo Insfrán.
Así parece haberlo advertido el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente Cristina Fernández, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se fotografiaron juntos desafiantes al mandato de una Corte que no respeta al poder político que tiene una legitimidad superior por haber surgido a partir del mandato de la soberanía popular.
A esta altura de los acontecimientos pocas dudas caben de que, en el fondo, el poder real está desafiando al poder emanado por el pueblo, sin respetar los resultados de las elecciones de 2019, y aprovechando el marco que la pandemia está dando con miles de muertos.
En un campo de batalla en el que todo vale, la única salida para el gobierno del Frente de Todos será la ratificación en las elecciones de medio término, que está acordado que se posterguen por lo menos un mes.
Ese poder real, no lo integra la oposición macrista. Ellos son apenas el instrumento, pero no hay dudas de que el verdadero adversario es un poder económico que busca, recuperar o retener privilegios aunque sea la mayoría del pueblo el que pague sus consecuencias.
De nada sirven los ejemplos de lo ocurrido hace meses en Chile, o por estos días en Colombia. Quienes tiran de la cuerda en la Argentina están esperando que los resultados electorales se acomoden para emular las políticas de represión y postergación de esos países, para instalar aquí un bolsonarismo que sea ejecutor de esas aspiraciones. Aún así, sus principales voceros en los medios de comunicación advierten que en caso de no lograr ese cambio en las urnas la salida sería “un formateo autoritario”.
El caldo de cultivo se hace más espeso porque el gobierno del Frente de Todos no puede resolver por su cuenta otras cuestiones como la de la inflación que termina comiéndose los ingresos de los votantes que definieron la derrota de la aspiración reeleccionista de Mauricio Macri.
Los anuncios para los sectores más vulnerables se repiten constantemente. Se elevan los fondos destinados a la asistencia social, pero las clases medias continúan hundiéndose en la pérdida de poder adquisitivo.
Ese pueda ser el eje de las presiones que sufre el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde los sectores más duros del kirchnerismo. En la provincia todavía no se ha delineado cómo salir de la encrucijada que el ministro Guzmán y su par chaqueño, Santiago Pérez Pons comprometieron para todo el sector público: los haberes tienen que ganarle a la inflación.
Las paritarias nacionales del sector privado ya rompieron el 29% que era la pretensión oficial. En el Chaco el mes de junio debería ser el mes que aporte las señales sobre lo que va a ocurrir en materia salarial de acuerdo a los compromisos que tomó la administración provincial con los sectores sindicales que no accedieron a formulas de actualización como la cláusula gatillo.
A la par el gobierno provincial le dio impulso a la campaña de vacunación y, contrario a lo que se esperaba haber iniciado la etapa de vacunación para menores de 60 años con factores de riesgo provocó un salto en la inmunización, o porque los que tienen esa edad no son tantos, o porque quienes están en esa franja no se inscriben. Cerca del 75% de esta parte de la población objetivo todavía no fue inmunizada, pero ayer sorprendió un anuncio.
El impulso es tal que este domingo el Ministerio de Salud anunció que quienes acrediten que tienen un factor de riesgo pueden vacunarse sin turno en una posta móvil que se dispondrá en Avenida Lavalle y Avenida Avalos.
Pese a los números que entre las marcas número de componente, pueden llegar a enredarse, la verdad es que el Chaco está cerca de las 180 mil personas que se vacunaron con al menos una dosis y podría llegar la semana que viene a pisar las 200 mil.
A esto debe añadirse que en la madrugada de este sábado un nuevo vuelo de Aerolíneas partió hacia Rusia en búsqueda de cientos de miles de nuevas vacunas Sputnik y en unos diez días más otros tantas de AstraZeneca llegarán al país a través del mecanismo COVAX.
Mayo será entonces el mes pico. En el que se registran la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de fallecimientos, como el fondo luctuoso de esa segunda ola de la pandemia en el país, pero también el que marque un nuevo rumbo en relación con la campaña de vacunación.
En la semana que termina se llegó a un promedio de casi 200 mil dosis aplicadas por día en todo el país. Faltan que se concreten otros anuncios como la producción nacional de vacunas Sputnik V, las de Sinopharm e incluso posiblemente la de AstraZeneca. Si esto se concretara antes de que finalice el primer semestre el ritmo de vacunación podría crecer exponencialmente y podría competirse con mucha fuerza a la pandemia. Primero para evitar muertes y luego sí para ir reduciendo contagios.
