Un proyecto nuevamente presentado en la Legislatura de Corrientes propicia la reglamentar la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previsto por la Constitución Provincial.
Se trata de la reglamentación de los Artículos 41 y 42 de la Constitución Provincial, de conformidad a la Ley Nacional Nº 26.061, a la que la Provincia de Corrientes se adhirió por Ley Nº 5.773, en concordancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
La propuesta, del Bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados de Corrientes, fue presentada tras denuncias por supuestos abusos en instituciones de menores en el interior provincial.
Según se explica, al haberse alineado la Provincia de Corrientes al sistema de la Ley Nacional Nº 26.061, asumió la obligación de adecuar sus instituciones a los lineamientos básicos que esa normativa consagra: colocar a la familia en un lugar prioritario y protagónico en la contención, desarrollo e integración del niño; y el Estado es responsable de la realización de los derechos del niño.
Además se desjudicializan los conflictos sociales que involucran al niño, desplazando la atención asistencial a la administración; se reserva la instancia judicial para el control de la legalidad de la actividad administradora y para cuestiones jurídicas de naturaleza civil o penal; se descentralizan las políticas relativas a la infancia.
Pero según señalan los autores del proyecto, del bloque Frente de Todos, la actual legislación de la Provincia resulta anacrónica ya que contempla al niño sólo como objeto de protección y no se adapta a las exigencias constitucionales.
Así tampoco, las instituciones existentes en esta provincia se adecuan a esas exigencias, por lo que es necesario reformular el actual sistema y todas las políticas públicas referentes a esta materia.
“La finalidad es contribuir al cambio paradigmático que plantea esta normativa para los Niños/as y Adolescentes como Sujeto de Derecho y el propósito es potenciar las redes locales existentes provocando la construcción de un espacio de intercambio permanente, como vehículo de la movilización y participación de la sociedad, en la promoción y protección de derechos de niños/as y adolescentes” indican los autores del proyecto.
Agregan que, a partir de la concepción del niño y adolescente como sujetos de derechos, los problemas sociales que los afectan deben ser abordados con políticas y acciones sociales que restablezcan los derechos vulnerados, evitando de este modo la dinámica de responder con acciones judiciales a los problemas sociales derivados de la salud, educación y sobre todo de la pobreza, entre otros.
En esa línea, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previsto por la Constitución, debe estar conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito provincial destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Se establece, a la vez, que la política pública de protección integral respecto de la niñez, la adolescencia y la familia se implementará a través de un conjunto articulado de acciones de la Provincia, de los Municipios que adhieran a la ley, y de las organizaciones civiles, tal como lo exige el Art. 42 de la Ley Nº 26.061.
Asimismo, se regulan las medidas de protección especial siguiendo los lineamientos de la ley nacional, desplazando el eje de protección de derechos del poder judicial al poder administrativo, quedando reservada la actividad de los jueces al control de legalidad de los actos de los órganos administrativos.
Tales medidas son emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservar sus derechos, restituirlos o reparar sus consecuencias.
La ley 26.061 -a la que la Provincia se ha adherido- exige un cambio sustancial en las políticas públicas. Lo que se requiere es garantizar que existan los recursos adecuados para que la población infanto juvenil pueda desarrollar su vida en el ámbito familiar y en el institucional propio para su edad.
Se abandona así la visión que alimentaba a la derogada Ley de Patronato, para la que los niñas/os o adolescentes en situación de pobreza quedaban regulados por el propio ámbito judicial, confundiendo así el ámbito penal con el asistencial.
Por otra parte, en el proyecto se refiere a la constitución del “Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, que engloba recursos provinciales, nacionales e internacionales, a fin de componer una masa de recursos económicos que financien las políticas públicas específicas.
“No es sencillo cambiar los fundamentos de instituciones que han funcionado por años. La propia inercia institucional atenta contra el éxito de toda pretensión de cambio social. Esto obliga a diseñar y poner en funcionamiento políticas eficaces y especiales e imperiosamente asignar los recursos que sean necesarios, para hacer realidad una legislación que, sin dudas, representa un paso fundamental hacia una mayor cohesión social” se señala en los fundamentos del proyecto legislativo.
Pero se destaca que dada la obligación que la Provincia de Corrientes ha asumido al adherirse a la Ley Nacional Nº 26.061, “resulta imprescindible sancionar una normativa local que adecúe sus instituciones a los lineamientos básicos que la ley nacional consagra”.
