El objetivo es continuar con los recortes del gasto público. Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes serían las primeras provincias con rutas licitadas.

El gobierno de Javier Milei anunció que la próxima semana dará inicio al proceso de licitación de importantes corredores viales con el fin de privatizarlos, en su búsqueda por reducir el gasto público. Este plan contempla concesionar rutas estratégicas para el comercio del Mercosur, comenzando con las rutas 12 y 14, que conectan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Actualmente, estos corredores están bajo la gestión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence el 9 de abril. La empresa planteó un reclamo al Estado Nacional por u$s300 millones, argumentando incumplimientos contractuales y atrasos en los ajustes tarifarios. En medio de este conflicto, CRUSA propuso extender su concesión a cambio de retirar la demanda, incluyendo un incremento del peaje en Zárate de aproximadamente el 140%.

No obstante, se confirmó la existencia de otras propuestas para hacerse cargo de las rutas, entre ellas la de un consorcio compuesto por tres constructoras que proyectan una inversión cercana a los u$s600 millones.

Nuevas licitaciones en marcha

El plan del Gobierno no se limita a las rutas 12 y 14. También se prevé la concesión de más de 8.000 kilómetros en diversas provincias, incluyendo la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. Este movimiento significa un cambio rotundo en la gestión de corredores viales.

El esquema de licitación establecerá requisitos claros para los futuros concesionarios, y entre las obligaciones se incluyen la reparación de baches, banquinas, señalización horizontal y vertical, e iluminación. Solo después de cumplir con estas condiciones podrán implementar las nuevas tarifas de peaje.

El programa de privatización forma parte de un objetivo más amplio para, supuestamente, aligerar la carga fiscal. Según las estimaciones del propio oficialismo, se podrían ahorrar más de u$s5.000 millones en un plazo de 20 años gracias a estas concesiones.

Además, el Gobierno redujo su inversión en obras públicas provinciales y municipales, trasladando estas responsabilidades a las administraciones locales. Hasta septiembre, la empresa estatal Corredores Viales acumuló una deuda cercana a los $16.000 millones, lo que genera ciertas necesidad de atraer inversión privada para mantener y mejorar la infraestructura vial.

Los objetivos del modelo de concesión

De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras estiman que solo unos 1.000 kilómetros pueden generar ingresos sostenibles a través de pesos. Estos tramos incluyen los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3, lo que plantea un desafío para expandir el modelo a otras regiones del país.

Con este plan, el Gobierno pretende equilibrar las necesidades de mantenimiento de la red vial con el objetivo de aliviar la presión sobre las cuentas públicas, mientras las empresas privadas evalúan las oportunidades y desafíos de operar bajo un esquema de concesión en el contexto actual.

Con información de Ámbito