Desde Los Defensores de los Espacios Públicos Costeros venimos denunciando en Corrientes el avance privatizador sobre las costas públicas: el relleno por parte de la empresa Bienes Raíces SA en costanera sur, el intento de construcción de un Shopping sobre la playa pública Arazatí (Casinos SA), la instalación de paradores privados de hormigón sobre la playa, etc. con intereses inmobiliarios y sin prever los costos e impactos socioambientales.
Frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades locales (donde observamos ya una clara complicidad ante estos avances predatorios) en estos meses elevamos denuncias a organismos ambientales nacionales y fiscalías federales que han comenzado a exigir a funcionarios e instituciones locales que se expidan ante tal destrucción ambiental y la privatización de nuestros bienes comunes.
Aquí presentamos una nota donde Vías Navegables intenta dar respuesta a una fiscalía federal sobre el relleno del valle de inundación de la costanera sur por parte de la empresa privada Bienes Raíces SA, aduciendo que la misma fue autorizada exclusivamente por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
Aclaran, además, que no consta de Informe previo de Impacto Ambiental y que, efectivamente, el relleno sobre el valle de inundación, ha avanzado sobre el cauce natural del Paraná, de incumbencia nacional.
NUEVOS SAQUEOS DE PLAYA PÚBLICA
Aprovechamos también para presentar a nuestra ciudadanía las pruebas de una nueva concesión, por parte de la Municipalidad, de 397 metros cuadrados de la playa Arazatí a una empresa privada llamada LIVE WORLD SRL.
Recordamos que esta playa se pudo hacer con el dinero de todos los ciudadanos, que nos permite aliviar los veranos ante las elevadas temperaturas y poder disfrutar, gratuitamente, de un espacio familiar de esparcimiento con nuestras silletas de frente al río... Presentamos también aquí un video donde se puede observar de qué modo los privados empiezan a “repartirse” la playa para sus negocios. Cabe recordar que la Ordenanza 2.251 prohíbe instalar comercios “entre la baranda de la costanera y el pelo de agua del Río Paraná” y que la propia Constitución establece el derecho de los habitantes a un ambiente equilibrado y sano.
En medio de una crisis socioambiental, cuesta tolerar tanta impunidad. Y nos avergüenza, como ciudadanos, observar a nuestros funcionarios locales facilitar la enajenación y destrucción de territorios y bienes públicos*. ¿Con qué derecho?, ¿Con que costos? ¿Y a cambio de qué?...
Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes.
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