Santo Tomé administrada por el radicalismo provincial, desde junio pasado aplica: Tasa de Inspección, Registro, y Servicio de Contralor, tasa estipulada en la última actualización tributaria.
La ordenanza fue aprobada el año pasado, pero se aplica desde junio de 2022. Los comerciantes están en desacuerdo porque cada vez recaudan menos “y ahora tenemos que pagar un nuevo impuesto”, expresaron.
Posiblemente recurran a la Justicia en las próximas horas. “Lamentablemente este tipo de tasas se aprueba por simple mayoría. Nosotros consideramos que es muy oneroso porque es un cuatro por mil (0,04x1000) que es prácticamente lo que paga el comerciante o el empresario por bienes personales ante la AFIP. Por lo tanto, un comercio que facture un millón de pesos tiene que pagar cuatro mil pesos mensuales de este impuesto y la verdad es que cualquier comercio chico de Santo Tomé está facturando eso, de ahí para arriba, ni hablar de los supermercados, de los aserraderos y otros rubros que tienen una facturación mucho mayor. Por lo que esta tasa es de una incidencia muy importante, por lo que estamos estudiando qué se va a hacer al respecto; posiblemente presentaremos ante la justicia algún recurso de amparo para ver cómo podemos solucionar”, expresaron.
Además, la molestia es también porque la flamante tasa no posee una contraprestación, al menos de manera directa, no sabe qué hará la comuna con lo que recaude bajo ese tributo municipal.
Estas quejas fueron planteadas por los miembros de la Cámara de Comercio de Santo Tomé a los concejales del municipio ubicado sobre la costa del Río Uruguay, en la frontera con Brasil.
