Brasil registró el jueves 3.001 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que elevó el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 400.000, dijo el Ministerio de Salud.
La cartera también notificó 69.389 nuevos casos confirmados de coronavirus, para un total de infecciones de más de 14,5 millones.
Con 212 millones de habitantes, Brasil reporta la tasa de mortalidad más alta de las Américas y del Hemisferio Sur, con 189 fallecidos por cada 100.000 personas, superando a Reino Unido, con 188.
El número de muertes aumentó exponencialmente desde inicios del año: en cinco meses se pasó de 100.000 a 200.000 fallecidos (el 7 de enero); pero solo hizo falta 77 días para llegar a los 300.000 (el 24 de marzo) y 37 días para alcanzar los 400.000.
Detrás de este salto exponencial, los expertos responsabilizan a la cepa detectada en la urbe amazónica de Manaos, más contagiosa y bajo sospecha de ser más severa, que se expandió a todo el país y llevó a varios países a cerrar sus fronteras con Brasil, a la vez que se disparaban los rebrotes en la región.
De hecho, en el vecino Uruguay, esta mutación representa al 89% de los casos positivos detectados y está presente en los 19 departamentos del país, según un informe realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Monitoreo de Variantes de SARS-CoV-2.
Mientras, en Bolivia, el Gobierno amplió por decreto hasta el 30 de junio las restricciones de circulación fronteriza, medidas de prevención sanitaria y otras disposiciones que rigen desde principios de año para frenar un rebrote de la pandemia de coronavirus.
El Senado de Brasil instaló días atrás una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar la actuación del gobierno durante la pandemia del nuevo coronavirus, una indagación explosiva que comenzó con señalamientos sobre posibles “crímenes contra la humanidad” y que amenaza con afectar la candidatura de Jair Bolsonaro a la reelección el año que viene.
Los once miembros de la comisión eligieron para presidirla al centrista Omar Aziz, cuyo nombre era defendido por el Ejecutivo nacional, y al opositor Randolfe Rodrigues como vicepresidente. Sin embargo, en un severo revés para el Gobierno de ultraderecha, Aziz designó al veterano senador de centro Renan Calheiros para asumir la instrucción.
Ni bien fue confirmado, Calheiros dijo a un grupo de aliados que quiere escribir un informe final “quirúrgico”, que detalle todos los errores del Gobierno.
Bolsonaro dijo que no teme la acción de la CPI, pero los actos de sus allegados no demuestran eso precisamente, quienes intentaron frenar, incluso judicialmente, pero sin éxito, el nombramiento de Calheiros debido a las denuncias de corrupción que este ha recibido.
