Un mismo abogado y el mismo representante legal. Más de 400 empresas, con clientes a lo largo y ancho de todo el Estado de Guatemala . Millones de quetzales no declarados al Fisco durante los cuatro años del Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), uno de los presidentes más poderosos e impopulares de la era democrática guatemalteca. Todos estos hallazgos forman parte de un esquema de evasión fiscal que asciende a por lo menos 300 millones de quetzales guatemaltecos –unos 35 millones de euros– defraudados a Hacienda y que ha sido denunciando por las autoridades de Guatemala.El caso es conocido como \'El gran fraude\', aunque oficialmente es llamado \'B410\', dado que involucra a 410 empresas que tienen en común una misma dirección fiscal en una zona industrial y poco segura de la Ciudad de Guatemala. Según la investigación, presentada en rueda de prensa por los titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), estas empresas facturaron entre ellas y a instituciones del Estado más de 6.400 millones de quetzales (cerca de 750 millones de euros), sin abonar impuestos. El titular de la SAT, Marco Livio Díaz –que fue nombrado durante la gestión de Giammattei y continua en el cargo bajo la gestión de, presidente Arévalo – reveló que «durante estos tres años, el grupo de empresas pagó únicamente cerca de 27 millones de quetzales en Impuesto Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, a pesar de facturar más de 5.730 millones (...). Se trata, quizás, del caso de defraudación tributaria más grande en la historia del país».Este esquema de evasión, que tuvo su pico de acción entre 2021 y 2023, los años de mayor concentración de poder durante la administración de Giammattei, funcionaba con el Estado como su principal cliente. Las 410 empresas se unían por un mismo representante legal, que era guatemalteco, y una entidad constituida en el vecino país de Belice. Estas compañías se convirtieron en importantes proveedores del Gobierno de Giammattei. Le prestaron servicios a los 14 ministerios del Organismo Ejecutivo, a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a la Policía Nacional Civil y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, así como a por lo menos diez alcaldías del país. De esta red, ocho empresas hicieron ventas al Estado por más de 81 millones de quetzales; una de ellas, Aspetro, con vínculos con un controvertido personaje de la política guatemalteca: Miguel Martínez, ex jefe del Centro de Gobierno y pareja sentimental de Giammattei. Aspetro se convirtió en una de las empresas constructoras favoritas durante 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con información registrada en el portal de compras del Estado. En esos años, la empresa de la pareja del expresidente recibió contratos multimillonarios. Durante todo el gobierno de Giammattei, facturó 2.140 millones de quetzales.Vacunas rusasPero en este esquema de defraudación tributaria, la joya de la corona fue el Ministerio de Salud. En total, gastó 1.421 millones. Y es justo esta institución una de las principales señaladas en otra presunta estructura de corrupción, vinculada con la sombría y secreta compra de vacunas rusas Sputnik V en 2020, en pleno apogeo de la pandemia por el Covid-19. Los medios de comunicación denunciaron el secretismo y la opacidad en los contratos que firmó el Estado con una empresa rusa, Human Vaccine, que resultaron siendo una estafa para el Estado: la empresa entregó las vacunas con varios meses de tardanza y sin rendir cuentas. De acuerdo con la información presentada por la SAT, el caso podría ascender hasta la misma presidencia. Ahora mismo, es solo otra denuncia más contra el régimen del expresidente Giammattei.Sin embargo, no hay esperanza en que el caso se investigue pronto. ¿La razón? Quien lidera la institución responsable de hacer las averiguaciones competentes y dar seguimiento a la denuncia de la SAT es aliada y amiga del expresidente Giammattei: Consuelo Porras. La fiscal general ha liderado una estrategia de criminalización contra cualquier institución, organización, medio de comunicación y adversario político que denuncie a la anterior administración. Es sabido y demostrado con hechos que entre la fiscal –sancionada por 42 países y señalada como un actor que «promueve la corrupción» en el país— y el expresidente hay un pacto de no agresión. El caso, sin embargo, ya fue remitido al MP para su investigación, y será la Fiscalía de Delitos Tributarios quien deberá hacerse cargo. Al limitarse a hablar de defraudación fiscal y no de corrupción, el caso no podrá ser dirigido a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Rafael Curruchiche, el alfil de Consuelo Porras y otro personaje sancionado por la comunidad internacional que intentó declarar la nulidad y el fraude en la contienda electoral pasada. El MP está obligado a investigar a los responsables detrás de esta estructura, sobretodo por la enorme cantidad de evidencia que ya ha recolectado la SAT. Pero hay preguntas que ya tienen su respuesta incluida. ¿Investigará Consuelo Porras el caso más grande de defraudación tributaria en la historia del país que ocurrió durante la gestión de su amigo y exjefe, Alejandro Giammattei y su pareja sentimental, Miguel Martínez? Todo apunta a que no. Por lo menos hasta 2026, cuando termina el periodo constitucional de la fiscal al frente de la institución.
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