El todavía presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, estará un poco más cerca de dejar de serlo este martes, cuando el Tribunal Constitucional comience la primera vista oral de su proceso de destitución. Esta llega un mes después de que la Asamblea Nacional le suspendiera por haber declarado a principios de diciembre la ley marcial, una medida que puso a prueba la entereza de la democracia del país y cuyas consecuencias aún hoy amenazan con provocar un enfrentamiento social.El principal protagonista no estará presente en esta sesión inicial, según adelantaron este domingo sus representantes legales, aduciendo la posibilidad de que las fuerzas de seguridad le detengan al abandonar su residencia oficial. Yoon permanece atrincherado allí bajo la protección del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), cuyos agentes han convertido el complejo en un fortín mediante el empleo de alambre de espino y autobuses a modo de empalizadas, para evitar su arresto por insurrección a manos de la Oficina para la Investigación de la Corrupción en Altos Cargos (OIC) y la policía. Los guardaespaldas del mandatario ya repelieron una primera tentativa el pasado viernes 4 de enero , y los investigadores ultiman ahora la segunda con la pretensión de que sea la definitiva.El presidente interino, Choi Sang-mok , se ha expresado al respecto este lunes mediante un comunicado oficial, urgiendo a que «todas las acciones de aplicación de la ley deben llevarse a cabo de manera pacífica y moderada. Bajo ninguna circunstancia deben los organismos involucrados emplear la violencia». El antiguo vice primer ministro y titular de Economía, quien ha rehusado hasta ahora involucrarse de manera significativa en esta cuestión, ha incidido en la importancia de la comunicación entre agencias gubernamentales. En este sentido, la OIC aseguró este domingo haber enviado cartas al ministerio de Defensa y al SSP para exigir su cooperación y advirtiendo de las consecuencias legales de no hacerlo.Noticia Relacionada estandar Si «Espías chinos» y la amenaza de una «guerra civil»: Yoon divide en dos a Corea del Sur Jaime Santirso | Enviado especial a Seúl Las autoridades ultiman la segunda orden de arresto contra el presidente, atrincherado en su residencia, ante un clima de alta tensión social que amenaza con desestabilizar al paísYoon, por tanto, ignorará al Tribunal Constitucional como ha ignorado hasta ahora a las fuerzas de seguridad estatales. Su comportamiento, sin embargo, no supondrá en este caso una falta: los acusados están citados pero no obligados a asistir. De hecho, los dos últimos presidentes surcoreanos involucrados en sendos procesos de destitución, Roh Moo-hyun y Park Geun-hye, tampoco asistieron a sus vistas.Subidas variasEs más: Corea del Sur premiará a Yoon con... un aumento de suelo. Pese a encontrarse apartado del poder y encausado, el mandatario se cuenta entre los altos cargos que recibirá la subida estipulada, según ha informado este lunes el Gobierno. Los ingresos del jefe del Estado crecerán un 3% hasta un total de 262,2 millones de wones (casi 175.000 euros) al año. El Tribunal Constitucional ha programado un total de cinco sesiones, a ritmo de dos por semana, hasta el 4 de febrero. Sus ocho miembros deliberarán si, en efecto, Yoon violó gravemente la Constitución al declarar la ley marcial, tal y como adujo la Asamblea Nacional para apartarle del cargo, para anular o ratificar su destitución, lo que obligaría a la convocatoria de elecciones en dos meses.En base a los precedentes, el proceso avanzará raudo: el Tribunal Constitucional apenas necesitó 92 días para confirmar la destitución de Park en 2017 y 63 para la de Roh en 2004. En esta ocasión el veredicto podría llegar incluso antes, de acuerdo a la voluntad transmitida a la comunidad diplomática extranjera, de la cual ABC ha tenido conocimiento. Por ese motivo, Gobierno y oposición trabajan ya con la premisa de una nueva cita electoral para el próximo mes de abril , unos comicios en absoluto decididos de antemano. Las últimas encuestas muestran un ascenso de la formación de Yoon, el Partido del Poder Popular, a niveles anteriores a la declaración de la ley marcial, reflote provocado tanto por la honda polarización como por el rechazo mayoritario que genera el líder del opositor Partido Democrático, Lee Jae-myung, con sus propias cuentas pendientes con la Justicia.
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