La empresa provincial se sumó a un duro comunicado emitido por la entidad que nuclea a las 47 distribuidoras de energía del país. Plantea un complicado panorama de continuar vedada la posibilidad de aumentar las tarifas por el servicio en toda la geografía nacional.
En algunas provincias vecinas como Chaco, en pocos días más se realizarán audiencias públicas, son el paso previo para avanzar en incrementos tarifarios tanto de energía como de agua potable. En Chaco, ese último servicio también lo administra el Estado provincial.
La Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes, conocida con la sigla (Dpec), subió a su sitio web oficial –dpec.com.ar- el comunicado emitido por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).
La entidad nacional inicia el comunicado sin rodeos: “Se encuentran en estado de preocupación frente a la extensión del congelamiento tarifario dispuesto recientemente en algunas zonas muy importantes del país. Esta medida mantiene la situación de indefinición que produce una afectación directa al servicio eléctrico. Además, este congelamiento se produce en un contexto con una inflación acumulada del 80 %, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación”
¿La Dpec busca un aumento de tarifa en plena pandemia y verano? La empresa estatal de la provincia colapsa casi diariamente o por elevadas temperaturas o por lluvias. Tanto en la Capital provincial como en el resto de la provincia.
En el interior localidades enteras quedan sin servicio e incluso zonas rurales. Además, exigió a personal que es población de riesgo ante la pandemia, que se incorpore a trabajar desde noviembre pasado.
A continuación, el comunicado completo de Adeera fechado el pasado 12 de enero de 2021, al cual adhiere Dpec:
Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es “gratis” o “económico” como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la operación de los más de 450.000 km de redes que existen actualmente en nuestro país, lo que involucra a más de 80.000 personas que trabajan directa e indirectamente para prestar el servicio. Este nivel de empleo representa una fuente directa para la reactivación económica en cada lugar de operación, donde además impulsamos el desarrollo de las economías regionales. Además de los salarios, dentro de los costos del servicio de distribución eléctrica se encuentran también los materiales, repuestos, flota de vehículos y demás insumos, que están disponibles las 24 horas los 365 días del año para mantener el servicio.
En el complejo escenario que trajo aparejada la pandemia, las distribuidoras de electricidad realizaron una gran cantidad de obras para mantener la calidad del servicio, acompañar la demanda y fortalecer el abastecimiento a hospitales y centros de salud. Aun siendo un sector esencial no fue asistido hasta el momento con ningún programa de compensación o ayuda económica.
A la fecha, podemos decir que se ha logrado prestar exitosamente el servicio en todas las jurisdicciones del país. Es así que entre todas las empresas invirtieron más de 50.000 millones de pesos en 2020, privilegiando las redes y su operación por sobre otras obligaciones. De la misma manera, los trabajadores del sector eléctrico estuvieron presentes en todo el territorio nacional para resolver, en el menor tiempo posible, todas las interrupciones de servicio que en la mayoría de los casos tuvieron lugar por condiciones meteorológicas adversas.Esto habla de lo esencial que resultan los miembros de esta comunidad para la sociedad y de la importancia de comprender la vocación de servicio que requieren nuestras tareas.
En simultáneo la situación de las distribuidoras, ya afectada por el congelamiento tarifario, se vio aún más comprometida por la pandemia. Esto se debe a la morosidad en el pago de las facturas, a las deudas que se vieron obligadas a contraer con Cammesa, a la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial que no logró compensarse con el aumento del consumo hogareño.
Algunas de las empresas cotizan en la Bolsa, por lo que sus balances son públicos y reflejan los inconvenientes mencionados respecto a la situación financiera y la necesidad de corregir esos puntos. Otras empresas son gestionadas directamente por los Gobiernos provinciales, por lo que esta situación afecta de manera directa la ya difícil situación fiscal imperante en las provincias.
Las tarifas de los servicios públicos que rigen actualmente en el país son las más económicas de la región, comparadas por ejemplo con Uruguay, Brasil o Chile. Esto implica un fuerte atraso monetario en las distribuidoras que trae como consecuencia falta de fondos para continuar con el necesario nivel de inversiones para mantener la calidad del servicio. Cabe aclarar en este punto que la incidencia del servicio eléctrico en los costos para el sector comercial e industrial es del 2 %, salvo los electrointensivos.
Más aún, en nuestro país y en promedio, solamente el 29% de lo recaudado por las facturas corresponde al distribuidor (VAD) que se destina al pago de salarios, mantenimiento, compra de materiales e insumos y planes de inversión, entre otros. Por su parte, el 25% del precio corresponde a la energía mayorista y el restante 46 % son impuestos.
Desde Adeera siempre se hizo hincapié en la importancia de acompañar las necesidades de los sectores más vulnerables y de exigir el cumplimiento de las obligaciones a los usuarios con capacidad de pago. Se presentó una propuesta integral de mejora de aplicación de la Tarifa Social que está disponible en el sitio web de la Asociación y que promueve dos valores promedios fijos a subsidiar mensualmente por hogar, diferenciados por regiones. Esta propuesta pretende hacer más equitativa la distribución de los subsidios, ya que actualmente todos los usuarios están subsidiados, independientemente de su capacidad económica.
Además de la necesidad de que los clientes paguen las facturas, es indispensable que como sociedad incorporemos el uso responsable de la energía. El cambio cultural que impulsa la llamada eficiencia energética permite mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos que se obtienen a partir de su uso. En muchos
casos, aun con tarifas congeladas, se advierten facturas de montos relevantes que son producto del consumo excesivo por parte de los usuarios. Como en el resto de las actividades, cuanto mayor es el consumo, mayor es el pago que se debe afrontar.
Otro factor que vale la pena aclarar está relacionado con los dichos de referentes de la cartera de Energía sobre posibles cortes de luz en verano. Las distribuidoras han tomado deuda y postergado otras obligaciones para realizar obras de mantenimiento y mejora de las redes, esto implica que no deben esperarse mayores cortes que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas. En este sentido, las asociadas de Adeera hoy tienen los procesos y los recursos necesarios para dar rápida respuesta ante eventuales interrupciones en el suministro.
El servicio eléctrico que brindan las distribuidoras mejoró notablemente en los últimos años y esto se evidencia principalmente en la disminución de los cortes. La calidad del suministro está regulada por el Estado y se mantiene gracias al esfuerzo coordinado de todos los operadores.
Sin energía no se puede crecer. Las distribuidoras necesitan pautas más precisas para trabajar en un marco estable y así impulsar el desarrollo del país y continuar con la generación de empleo genuino tanto directo como indirecto. La situación macroeconómica define el futuro del sector, que no espera solamente una recomposición tarifaria sino un escenario de certidumbre para planificar el futuro del servicio eléctrico.
Acerca de ADEERA
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina está conformada por 47 distribuidoras de energía eléctrica, de origen público, privado y cooperativo, que brindan servicio a 44 millones de usuarios en todo el país. En su conjunto operan 450.000 km de redes, emplean a más de 38.000 personas de manera directa y distribuyen más de 120.000 GWh al año, que representa el 98 % del total de la energía eléctrica que se consume en nuestro territorio.
