El nuevo corte de servicios a los afiliados y las afiliadas del IOSCOR en plena pandemia, por la rescisión del convenio con el Colegio de Bioquímicos, es una muestra más de la precarización de las prestaciones y el proceso de vaciamiento que viene sufriendo la obra social de los trabajadores y las trabajadoras del Estado Provincial.
Una obra social que lleva casi 30 años de intervención arbitraria e ilegal, que hace 21 años tiene el mismo interventor (Raúl Esquercia), con un modelo de administración que llevó al IOSCOR a ser hoy una cueva financiera que, con plata de los trabajadores y las trabajadoras, beneficia a determinadas corporaciones del sistema privado de salud y perjudica a los verdaderos dueños de la obra social: los empleados públicos de la Provincia.
Una obra social con nefastos gerentes que solo se ocupan de cuidar el multimillonario negocio que mantienen con un círculo rojo de prestadores a quienes les autorizan subas en el costo de las prestaciones, institucionalizan el cobro de los elevados coseguros y plus; a quienes le realizan préstamos multimillonarios a tasa 0% para financiar emprendimientos privados; a quienes les eliminaron las auditorías y los controles de las prestaciones; a quienes les pagan por servicios y prestaciones que no realizan. Estamos ante una privatización encubierta y sin control del IOSCOR.
Lamentablemente Corrientes ha sido pionera en los padecimientos por los recortes y ajustes insensibles en políticas sanitarias, sociales, previsionales y salariales que ejecuta el modelo político que hace 20 años gobierna la Provincia y que tiene hoy al sistema de Salud Pública precarizado y al borde del colapso en medio de la pandemia.
La precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de Salud Pública, los salarios míseros y extorsivos, los traslados arbitrarios vaciando áreas sensibles de Salud para cubrir otras; la exposición de trabajadores y trabajadoras que forman parte de grupos de riesgo; la falta de insumos y de elementos de biorotección son moneda corriente.
Con salarios hambre y precariedad laboral someten a trabajadores y trabajadoras a condiciones de explotación. Muchos de ellos pertenecientes a grupos riesgo y están obligados a concurrir a sus lugares de trabajo para no perder el presentismo (caso del IOSCOR) o el plus (caso de Salud). Con falta de protocolos de seguridad y prevención en medio de la pandemia, exponiendo a trabajadores/as y al resto de la ciudadanía a condiciones de contagio y alto contagio.
Por lo expuesto, el Plenario Provincial de ATE CDP Corrientes, con la participación virtual de Compañeros y Compañeras de toda la Provincia; resuelve denunciar la crítica situación que atraviesa nuestra obra social IOSCOR y el sistema de Salud Pública de Corrientes.
ATE Corrientes exige el fin de la intervención al IOSCOR y que la obra social vuelva a ser administrada, de manera eficiente, por sus verdaderos dueños: los trabajadores y las trabajadoras estatales. Exigimos la plena e inmediata normalización de los servicios y las prestaciones que debe brindar el IOSCOR.
Para los trabajadores y las trabajadoras del sistema de Salud Pública, que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia; exigimos regularización laboral: más del 30% de ellos sufren precarización a través de becas, tercerizaciones y monotributos con salarios de hambre, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro de vida, sin ART. Demandamos para ellos contrato, pases a planta permanente, aumentos salariales en blanco; que se les provea de equipos de bioprotección, capacitación y mejores protocolos de prevención de contagios.
ATE Corrientes también elevará estas denuncias y demandas ante la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), ante la Legislatura Provincial, ante la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación; e iniciará acciones legales y gremiales para proteger los derechos de los y las afiliadas del IOSCOR, de los trabajadores y trabajadoras estatales en general, de la Salud en particular.