El 8 de octubre de 1984 se produjo uno de los atentados más graves contra la naciente democracia. Un grupo comando copó el edificio de los Tribunales de Rosario y una vivienda de calle Dorrego al 1600, de donde robó la incipiente causa Feced y la prueba secuestrada en ese expediente. A 40 años de aquel asalto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación conmemoró el hecho con una recorrida por el principal centro clandestino de detenciones que tuvo la ciudad. “Tenemos que tener memoria y ser conscientes en este momento, en el que las mismas políticas económicas se están aplicando, pero en democracia”, dijo a Conclusión el titular de los judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.
“Es parte de la transición hacia la democracia, porque las patotas siguieron actuando para garantizar la impunidad, en este caso del genocida (Agustín) Feced”, agregó el dirigente sindical luego de la recorrida por el ex Servicios de Informaciones (SI), una repartición policial ubicada en la esquina de San Lorenzo y Dorrego que, durante los tres primeros años de la última dictadura, se convirtió en el principal centro de torturas y secuestros ilegales de Rosario.
Agustín Feced, un ex comandante de Gendarmería, había sido convocado por la dictadura como titular de la Policía de Rosario, cuya Jefatura funcionaba en el edificio que hoy ocupa la sede local de la Gobernación.
En ese lugar instaló el centro clandestino de detenciones por el que, se estima, pasaron unos 2.000 detenidos-desaparecidos entre marzo de 1976 y fines de 1978. El principal espacio concentracionario del sur de la provincia de Santa Fe.
El robo
Antes de que la recuperación democrática llegara a su primer año, un grupo comando robó la incipiente causa Feced, que reunía información sobre la represión ilegal en el juzgado de instrucción de Francisco Martínez Fermoselle.
Una patota con disfraces de policía ingresó a los Tribunales y se llevó el expediente, basado en las denuncias reunidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A la misma hora, otro grupo ingresó a una vivienda de Dorrego al 1600, donde el juez había ordenado que quedara la documentación secuestrada unos días antes, y que contenía datos sobre el apoyo económico de empresas de la región a la dictadura.
El magistrado había ordenado una serie de allanamientos en los días previos en Santiago 1252; Córdoba 1790; el departamento 17 del monoblock 31 de un Fonavi; una agencia de seguridad de Rioja 4941; un departamento de Urquiza 1091; otro en Cerrito 737; el cuarto piso del edificio de San Lorenzo 1761; y una vivienda de Dorrego 1638.
En las requisas, la policía secuestró armas y municiones, documentación –incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos 100 casetes de audio– con datos de diferentes personas, tanto de víctimas de la represión ilegal como de sus ejecutores.
Recién el año pasado, a 39 años del asalto a Tribunales, la Justicia arribó a la sentencia de un militar retirado, entonces responsable del área de Inteligencia del estado mayor del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército: el coronel Héctor Fructuoso Funes, condenado a 4 años de prisión.
Fue el Ejército
En las cuatro décadas que pasaron entre el hecho y su sanción judicial se tejieron hipótesis sobre los autores del robo a Tribunales. Una de las que más circuló fue la de una patota de “mano de obra desocupada” de la dictadura, que hizo el trabajo sucio.
El fiscal adjunto de la Unidad de delitos de lesa humanidad de Rosario, Juan Patricio Murray, dijo a Conclusión que la importancia de la condena “radica en poder establecer que fue el Ejército argentino de aquel momento el que diagramó esa Operación Especial de Inteligencia (OEI)”.
El coronel retirado Funes fue condenado mediante un procedimiento abreviado en el que “reconoció que había recibido órdenes de sus superiores” para el robo a Tribunales, “y que había ejecutado esa operación especial con personal del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario”, señaló el fiscal.
“Eso nos permitió continuar con la investigación para intentar dar con los autores materiales de esos hechos”, abundó Murray sobre la continuidad del expediente.
A la vez, recordó que entre los archivos robados “había documentación secuestrada que tenía que ver con la colaboración que muchas empresas y grupos empresarios realizaban con la represión”, que obtuvo apoyo y hasta financiamiento civil.
No fue una guerra
Ver esta publicación en Instagram
Tras visitar el SI, Piumato dijo que “hicimos esta recorrida por este lugar, que es uno de los campos de concentración más emblemáticos de la zona, conjuntamente con la Quinta de Funes, y realmente conmueve. Es importante recuperar toda la memoria de lo que vivimos”.
El dirigente judicial puntualizó sobre la última dictadura que “esto no fue una pelea entre bandas, como pretenden decir los negacionistas, que hubo una guerra. Acá hubo terrorismo de Estado desde la toma del poder por una banda genocida, que quiso instalar como lo dijo (el entonces ministro de Economía, José Alfredo) Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, instalar otro modelo de país”.
Piumato agregó que “si apuntaron principalmente a los trabajadores” como objeto de la represión clandestina, “fue porque lo planificaron”.
“La orden de batalla, que nunca se recuerda, que firmó (el general Roberto) Viola como jefe del Estado Mayor Conjunto en abril de 1977, decía que el objetivo de la represión era garantizar el éxito del plan de Martínez de Hoz, no eliminar la subversión armada”.
En esa línea, el secretario de DDHH de la CGT trazó un paralelismo entre las políticas económicas de la dictadura y las actuales.
“Tenemos que ser conscientes, en este momento, donde las mismas políticas se están aplicando, pero en democracia”, dijo Piumato, para agregar que “tenemos que hacer el mea culpa: ¿Cómo pudimos llegar de padecer la brutalidad de una represión genocida, a soportar las mismas políticas por el voto de los argentinos?”.
Los fantasmas
El director de Memoria Democrática de la provincia, Ramón Verón, encabezó el último jueves una visita guiada al Servicio de Informaciones (SI), el lugar donde operó la denominada “patota de Feced”.
“Este fue un centro de exterminio, por aquí pasaron más de 2 mil personas, entre ellos el entonces intendente de la ciudad (Rodolfo Ruggeri), que también fue víctima en 1976”, contó Verón.
Y agregó: “Hicimos esta actividad por los 40 años del robo a Tribunales, que fue un hecho muy trascendente, incluso en aquella época”.
El funcionario recordó en diálogo con Conclusión que “cuando parecíamos liberado de la dictadura, volvieron a aparecer estas actitudes de grupos fantasmas. Pero con el tiempo supimos que no eran tan fantasmas, que eran los que seguían en actividad, y no fue sólo ese hecho”.
