El Gobierno anunció este martes 8 de octubre, a través de la resolución 888/24, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) que administra los fondos de la Ley de Bosques, y que alertó a los ambientalistas de Greenpeace, quienes se manifestaron que “la falta de estos fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen los gobiernos provinciales, ya que el 30% del presupuesto de la Ley de Bosques se destina a apoyo institucional a las provincias para esa función”.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace advirtió que “la situación es más grave aun teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, por lo cual venimos reclamando desde hace años que los desmontes sean considerados un delito penal”. Añadió “por otra parte, gran parte de los fondos tienen como objetivo la promoción de actividades sustentables en bosques”.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2025 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. En él se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $9.090.909.091 (nueve mil noventa millones novecientos nueve mil noventa y uno pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $ 909.090.909 (novecientos nueve millones noventa mil novecientos nueve pesos). Eso significa apenas el 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente.
Giardini consideró “al desaparecer la figura del fideicomiso, los fondos de la Ley de Bosques pueden ser utilizados arbitrariamente, con cualquier otro destino” y que “el dinero para la protección de los bosques no está a salvo”.
El ambientalista destacó que Greenpeace lleva adelante una causa judicial por los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco Argentino, ante la Corte Suprema de Justicia, que incluye el reclamo por los fondos establecidos en la Ley de Bosques.
