El mismo día que decidió cerrar el Centro Cultural Haroldo Conti de la ex Esma y despedir al personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el gobierno de Javier Milei presentó, a través de la Cancillería, una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la «detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo», según se indicó en un comunicado difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
«La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso», señaló el escrito.
El mismo texto agrega que “este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”. Lo curioso es que el mismo gobierno ofrece una mirada negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y cerró oficinas sensibles del Estado vinculadas a garantizar el respeto de los derechos humanos.
«El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional», continúa la comunicación oficial de Cancillería.
El secuestro del gendarme argentino, acusado de “terrorista” y “espía” por parte del Gobierno venezolano, se convirtió en un asunto de Estado en el país. El viernes últimom en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Seguridad tras reunirse con familiares del detenido, el canciller Gerardo Werthein señaló que las acusaciones por «acciones terroristas» son un «invento horrible».
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el gendarme detenido en Venezuela «no es un terrorista», como lo acusa la Justicia de ese país, donde fue arrestado el 8 de diciembre. La propia Bullrich sufrió acusaciones de “terrorista” por parte del presidente Milei, durante la campaña presidencial de 2022, cuando el libertario afirmó que en la década del 70 había colocado bombas “en un jardín de infantes”.
«La Argentina está haciendo todo lo posible por el gendarme», sostuvo ese día el ministro de Relaciones Exteriores. El lunes 30 de diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que Gallo se encuentra «bien de salud» y está en custodia del Estado bolivariano.
«Gallo se encuentra bien de salud y su integridad ha sido respetada como obliga la ley y la Constitución», declaró el funcionario venezolano a un diario argentino. El fiscal general reiteró que Gallo «está siendo investigado y procesado por delitos extremadamente graves» contra la paz en Venezuela.
Relató que el gendarme argentino fue detenido «al haber intentado ingresar irregularmente desde Colombia a la República Bolivariana de Venezuela el 8 de diciembre»
