El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó esta mañana un amparo ante el máximo Tribunal para impedir la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad de las clases.
Con llamativa velocidad, a última hora del viernes y a las pocas horas de recibir la presentación, la Procuradora Laura Monti sostuvo que el proceso debe tramitar ante los estrados del alto tribunal.
La Procuración que comanda Eduardo Casal no tenía plazo para expedirse porque la Corte no lo fijó, pero en cuestión de horas opinó que la Corte tiene competencia originaria en la cuestión judicializada por el gobierno porteño.
Para la Procuradora Monti, de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Toda vez que, en el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”, concluyó la Procuradora en un dictamen de carácter técnico sin aludir a la medida solicitada.
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó esta mañana un amparo ante el máximo Tribunal contra el decreto presidencial, para impedir la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
La suspensión fue decretada por el presidente, Alberto Fernández, hasta el 30 de abril para contener la suba de casos de coronavirus, pero generó descontento en una franja de la oposición.
El gobierno porteño pide que la Corte declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández que fijó las nuevas restricciones y la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires por dos semanas.
También pidió el dictado urgente de una medida cautelar antes de que se resuelva el fondo de la cuestión. Esto es que se suspendan los efectos del decreto en cuanto a las clases presenciales, y que el lunes abran los colegios.
Rodríguez Larreta presentó el amparo preparado a las corridas por sus abogados, unos minutos antes de reunirse con Fernández para discutir sobre el cierre de las escuelas.
Destacan los abogados del gobierno porteño que el decreto de necesidad y urgencia cuestionado “no presenta ninguna prueba o estudio para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que, si bien es la sede del gobierno federal, tiene en materia de salud y educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera arbitraria e injustificada”.
En ese sentido, consideran que el decreto 241/21 “es inconstitucional por haber sido dictado sin necesidad”. Asimismo, entienden que lo que esa norma pretende disponer por vía de decreto de necesidad y urgencia “debió hacerse con intervención del Congreso Nacional”.
