Ya es oficial. Aunque el anuncio lo había realizado el martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1018/2024 que elimina el Programa de Crédito Argentino (conocido por su sigla Pro.Cre.Ar).
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Entre otros asuntos, la norma estable la continuidad legal de los créditos ya otorgados por el Procrear, y cuyos adjudicatorios aún no cancelaron.
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El artículo 3 del decreto instruye al “Ministerio de Economía a celebrar con el Banco Hipotecario S.A. un contrato para la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato de fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012″.
Es decir que, la acreencia con el Procrear quedará ahora en cabeza del Banco Hipotecario, entidad que administrará esa cartera.
Mientras que el artículo 4 autoriza a Economía a disponer y administrar “los bienes muebles e inmuebles, incluyendo sus mejoras, en el marco de lo establecido en el artículo 1°, así como la regularización dominial de los inmuebles”. Es decir, su escrituración.
También se establece la firma de un contrato entre el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario “bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012 para dichas gestiones”.
En los considerandos del decreto publicado este miércoles, se señala que “no es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”.
En esa línea, agrega que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
Los motivos que llevaron al presidente Milei a la disolución del Fondo Fiduciario del Procrear apuntan a que representó una carga significativa para las finanzas públicas y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados, según la narrativa libertaria.
