El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados para ser indagados en Argentina por graves violaciones de derechos humanos, en base al principio de justicia universal.
El magistrado firmó este lunes por la tarde una resolución de 76 carillas en la que requirió la captura internacional con fines de extradición para recibir declaración indagatoria de Ortega, Zambrana Murillo y los demás acusados para ser indagados por «graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen», según la resolución.
Según la prueba reunida en el expediente abierto en agosto último por la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, se trata de violaciones a los derechos humanos «en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua». «Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado«, advirtió el juez.
En la causa se documentaron persecuciones por motivos religiosos, a comunidades aborígenes, detenciones de periodistas. Para ello, «se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes», añadió la resolución.
En el marco de este plan «se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad«.
Semanas atrás se aprobó una reforma constitucional que consigna que los “traidores a la patria” perderán la nacionalidad nicaragüense, tal y como ya ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de ese país tras las protestas de 2018. Además, convierte a la bandera del Frente Sandinista de la Liberación Nacional en el símbolo patrio nicaragüense.
