El árbitro Andrés Merlos fue imputado por la justicia argentina luego de verse envuelto en un escándalo junto al presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi y al vice Gustavo Gatti. La fiscalía N° 33 de Mendoza decidió avanzar con una imputación formal «la presunta comisión del delito de lesiones leves dolosas contra Gustavo Gatti, vicepresidente de Talleres de Córdoba, en el medio de la discusión con Andrés Fassi tras el encuentro con Boca por Copa Argentina.
El conflicto entre Merlos y Fassi comenzó cuando el dirigente cordobés expresó su disconformidad con el arbitraje de Merlos, quien fue el encargado de dirigir el partido entre Talleres y Boca. Según trascendió, Fassi cuestionó duramente las decisiones del árbitro, lo que derivó en un cruce de palabras que escaló al punto de involucrar a la justicia. La intervención de la fiscalía se dio tras analizar los hechos y considerar que había motivos suficientes para iniciar una causa en su contra.
Para Andrés Fassi, la actitud de Merlos refleja una situación repetitiva en el arbitraje local, donde la falta de transparencia y el mal manejo de los partidos generan un clima de tensión entre los dirigentes y los árbitros. «No es la primera vez que tenemos problemas con el arbitraje. Esto no solo afecta a Talleres, sino al fútbol argentino en general», afirmó el dirigente.
La imputación a Merlos representa un caso inusual en el fútbol argentino, donde la figura de los árbitros rara vez es cuestionada a nivel judicial. Las autoridades judiciales de Mendoza indicaron que se investigará a fondo lo ocurrido para determinar si se cometieron irregularidades que merezcan una sanción más allá de lo deportivo. Mientras tanto, Merlos continúa siendo objeto de críticas y ha preferido no emitir declaraciones sobre el proceso judicial en curso.
El escándalo ha reabierto el debate sobre la profesionalización y transparencia en el arbitraje del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la imputación de Merlos, pero el caso ya ha despertado preocupaciones sobre la falta de control y supervisión sobre los árbitros. La decisión de la justicia podría sentar un precedente y, eventualmente, impulsar reformas en el manejo del arbitraje en el país.
