Se trata de Roberto Gómez, dueño de un centro de cardiología. La denuncia en la justicia penal fue realizada hace dos años. La defensa de los hombres de la UCR catamarqueña.
El cardiólogo Roberto Gómez fue candidato a gobernador de la provincia de Catamarca por la Unión Cívica Radical en 2019. Ese mismo año fue denunciado por una exempleada suya por el delito de abuso sexual y maltrato laboral. Recién dos años después, el fiscal Jonathan Felsztyna imputó al dirigente, quien ahora deberá responder ante la justicia.
La denunciante declaró en su momento que su relación laboral con el médico, quien maneja una clínica ubicada en pleno centro de la ciudad capital, se inició en junio de 2009 y finalizó el 31 de enero de 2018, por “mutuo acuerdo”. En ese contexto sucedían los abusos, que no sólo eran verbales y simbólicos, sino que en repetidas oportunidades le tocaba sus partes íntimas por debajo de la ropa de trabajo.
En la denuncia también constarían otros detalles, como la obligación que imponía a todos los empleados de afiliarse a las filas del radicalismo, además de tener que soportar tratos despectivos y humillantes.
Si bien cuando trascendió la acusación Gómez quiso contextualizarla como un caso de extorsión y como parte de la contienda política del momento, la denunciante, a través de su abogado, ratificó que la violencia vivida mientras mediaba la relación laboral se manifestó nuevamente al verlo a Gómez aparecer en los medios de comunicación en cada momento.
Por razones que se desconocen, la denuncia quedó cajoneada casi dos años hasta que finalmente el fiscal Felsztyna decidió sumar las pruebas que tenía reunidas e imputar a Gómez por abuso sexual simple continuado.
Al conocer el resultado, la abogada de la víctima, Silvia Barrientos, aseguró que pedirá un agravante de la imputación, teniendo en cuenta los serios daños psicológicos que habría ocasionado el abuso, tal como señala la pericia oficial.
“Escuché al abogado defensor de Gómez decir que en la pericia psicológica de la víctima no se observaron indicadores compatibles con vivencias sexuales abusivas. Nada más lejos de la realidad, ya que omite decir que le realizaron dos pericias psicológicas, revictimizándola y como caso excepcional porque no se suele hacer eso. En la primera el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) determinó que ella tiene todos los signos de abuso y también sufre de estrés post traumático. En la segunda, donde también interviene el CIF, vuelve a determinar lo mismo pero el perito de parte (de la defensa) dice todo lo contrario y eso es lo que él cita. La pericia que vale en la causa es siempre la oficial”, aseguró Barrientos.
Añadió que el fiscal de instrucción de la causa determinó que "no sería necesario realizarle una pericia psicológica a Gómez", pese a que ella la solicitó.
Por otra parte, Barrientos explicó: “Este es un paso importante en la credibilidad de la víctima, tenemos que tener en cuenta que ella está en desventaja con una persona que tiene un claro rango de privilegios y está ejerciendo todo el poder de sus influencias”.
Además, advirtió que “siempre se hace sentir el poder político, el poder eclesiástico, el poder sobre las autoridades judiciales. En este caso creo que el poder se está haciendo sentir. De hecho, el mismo día que presentó el escrito de la denuncia, cuando aún no había tomado estado judicial, ya se presentó el señor Gómez con su abogado para realizar su descargo. Estamos hablando de filtración de datos, de influencias”.
Internas
El caso de Gómez volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando en el marco de las internas radicales, se lo propuso como candidato a presidente del partido. Fue entonces que un grupo de mujeres radicales enmarcadas dentro de la denominada “ola verde” presentaron un escrito señalando que el excandidato a gobernador estaba procesado por un caso de abuso y que no podría asumir en esas condiciones.
Aunque al conocer el documento, Gómez decidió renunciar a su candidatura partidaria, el aparato radical, liderado por hombres, hizo una puesta en escena nunca vista en un año electoral. Así, pidieron sancionar a las mujeres e impedir que asuman sus cargos partidarios para los que estaban propuestas en la lista ganadora.
La escenificación se dirimió también en los medios de comunicación en los que se exponía que un proceso penal no podía ser impedimento para asumir en un cargo y que resultaba “inquisidor” el pedido de las mujeres, ya que no contemplaba las garantías constitucionales de Gómez.
La vieja mesa directiva, a través de su tribunal de disciplina, llegó a suspenderlas de sus cargos. Sin embargo, la situación resultó nula, ya que en tiempo de la resolución la nueva mesa estaba ya en funciones y eran otros los actores.
Documento
En horas de la tarde de ayer, y luego de conocer la imputación de Gómez, las mujeres radicales emitieron un documento en el que volvieron a exponer su punto de vista y los argumentos de su oposición a la candidatura del ahora imputado.
“Los hechos que hoy concitan la atención de la opinión pública, con la imputación de Gómez, nos llevan a ratificar nuestra postura, expresando además nuestro acompañamiento y solidaridad para con su víctima. A las mujeres que se encuentran en situaciones similares, las instamos a no callar y a luchar por sus derechos con intervención de la justicia. Decimos además que rechazamos el constante hostigamiento a las víctimas de este tipo de delitos".
Asimismo, destacaron "especialmente el acompañamiento de Martita Colombo, presidenta actual de Comité Provincia UCR, por su constante y desigual lucha en la intención de hacer prevalecer los valores republicanos en nuestro partido".
En cambio, al Tribunal de Conducta le solicitaron que "revea su decisión, ya que en su fallo nos adjudica haber manchado el honor de Gómez y extralimitarnos en la libertad de expresión. Preguntamos, ¿quién piensa en el honor y en el dolor de las víctimas? Por último, hacemos un llamado a la cordura y al raciocinio en esta coyuntura particularmente difícil por la que atraviesa nuestro partido, expresamos además nuestra intención de redoblar esfuerzos militantes en una institución partidaria libre de violencia política”.
