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“La adhesión de Santa Fe al RIGI es un aviso de genocidio para nuestras comunidades”

La reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, no contempla de ninguna manera los derechos de la naturaleza y las personas. El clima de época sin duda alguna opera en contra de aquellos posicionamientos en favor del ambiente y la salud.

Nos encontramos en un contexto planetario que atraviesa una profunda crisis de civilización que se expresan en elementos muy objetivos. Más allá de que algunos se empecinan en negarlo, la realidad salud climática es la problemática más severa que atraviesa el planeta. Lo sucedido en Valencia, España, no hizo otra cosa que visibilizar de manera explícita a que nos estamos enfrentando.

Días atrás en dialogo con el programa Catalejo que se emite a través de Conclusión, Damián Verzeñassi enfatizó: “Para 1995 la pobreza en Argentina ascendía al 22%, pero debido a la intensificación de la política extractivista, la misma se ha multiplicado amenazando no solo a consolidarse, sino a seguir escalando. El incentivo al régimen de la industria minera trajo consigo la puerta de ingreso a la megaminería a cielo abierto en nuestro país En 1996 y gracias al mencionado incentivo, se nos dice que hay que cambiar el modelo de producción para recibir las semillas transgénicas y su paquete tecnológico que claramente incluía a los agrotóxicos. Treinta años después tenemos más del 50% de pobres”.

A una semana de la sanción del Presupuesto, este próximo jueves la Cámara de Diputados santafesina tratará la media sanción que viene del Senado a la Ley Tributaria aplicable a partir del período fiscal 2025. La misma incluye, entre otras medidas, la adhesión de Santa Fe al Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones (RIGI) aprobado con la ley Bases en el Congreso nacional.

“Nos preocupa muy profundamente como, entre gallos y medianoche, dentro de este mega proyecto de más de 120 artículos que se tratará esta semana en la provincia, en el capítulo tercero, se coló la adhesión de Santa Fe al RIGI, condición fundamental para su aplicabilidad en nuestra provincia”, comentó el médico Damián Verzeñassi quien destacó que “la jugada del oficialismo es legislar de espaldas a la sociedad para no pagar el costo político de ir abiertamente contra las grandes mayorías”.

Verzeñassi reclamó que, a nivel político, “aquellos diputados y diputadas de cuyos espacios votaron en contra del RIGI a nivel nacional sean respetuosos a la voluntad popular y no apoyen esta medida en Santa Fe que condenará a las grandes mayorías por décadas”, en una clara alusión a las y los diputados del Partido Socialista provincial.

“La avanzada sobre nuestros territorios de las políticas extractivistas siempre ha sido instalada en primera plana fundamentalmente a partir de falacias. Y cuando éstas no alcanzaron fueron de la mano de la violencia”, dijo Verzeñassi al tiempo que ejemplificó: “El RIGI es ilegítimo desde el punto de vista que fue aprobado con votos que se sospechan comprados como el del senador Kueider, es además profundamente inconstitucional en su letra, y no se trata sino de una reversión de esa famosa Ley Nacional de Inversiones Mineras del año 1993, ahora ampliada a cualquier tipo de inversión que llegue con más de 200 millones de dólares sin preguntar de dónde viene ese dinero y para qué va a ser utilizado”.

Para el profesional de la salud quien está a cargo del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR que viene denunciando la ausencia de la dimensión ambiental en la mayoría de las políticas públicas provinciales y nacionales, la Argentina padece “una máxima fragilidad institucional”. Y destacó que “temas de enorme trascendencia para nuestras vidas tienen su minuto de fama y luego desaparecen de la primera plana mientras sus efectos, a largo plazo, siguen calando hondo en la trama social y territorial, configurando nuestra vida y la de las próximas generaciones”.

En ese sentido contó que el RIGI tal cual será votado este jueves en Santa Fe, arremete contra el principio de no regresividad ambiental, las Leyes de Presupuestos Mínimos en materia ambiental y de gestión de aguas (Ley 25.675 y 25.688, respectivamente), el Acuerdo de París, y otros compromisos ambientales internacionales. “Le hemos solicitado a la Cámara de Diputados que convoque a una Audiencia Pública, conforme a lo estipulado por el Acuerdo de Escazú pero nunca les importó escuchar qué teníamos para decir”.

También recordó la lucha que viene dando junto a las organizaciones ambientales de la región y un centenar de espacios y movimientos de trabajadores, académicos, científicos, pequeñas y medianas industrias, comerciantes y pequeños productores rurales y urbanos para lograr ser escuchados sin éxito por las y los diputados: “En agosto más de cien organizaciones nos movilizamos a la Legislatura reclamando ser oídos en el marco de una convocatoria a Audiencia Pública que nunca se realizó”.

En reiteradas oportunidades el gobierno de Maximiliano Pullaro prometió que, de Santa Fe, saldrá la adhesión a este nuevo Régimen insignia de la política nacional. “Nosotros confiamos en que esto no sea así” destacó el profesional de la salud quien también preside Médicos del Mundo Argentina y es fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina.

Para el director del Instituto de Salud Socioambiental en un contexto de crisis climática y alimentaria como la que tiene Argentina, “impedir el derecho al acceso al agua a las comunidades en beneficio de las corporaciones, es una declaración de guerra. La adhesión de Santa Fe al RIGI es un aviso de genocidio para nuestras comunidades”. En ese sentido alertó que el Régimen deja por escrito en la letra de la ley “que los insumos necesarios para las grandes inversiones no pueden ser restringidos por ninguna regulación preexistente. Y no hay ninguna de las grandes inversiones de las que se nos propone que no sea dependiente de agua”.

Volviendo al terreno legislativo ante la inminente votación del proyecto por parte del pleno, Verzeñassi remarcó que el partido de la flor, a nivel nacional se opuso a la ley y sus legisladores Mónica Fein y Esteban Paulón, votaron en contra del Régimen de Incentivo a las grandes inversiones: “Queremos suponer que sus compañeros y compañeras harán lo mismo este jueves en la capital provincial. Sin su acompañamiento el RIGI no sale en Santa Fe”.

 

 

 

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