Será de miércoles a viernes "a fin de asegurar la protección de la salud a la par de garantizar de forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia". La decisión acompaña las restricciones del Ejecutivo nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes acotar a horarios mínimos la atención al publico para el servicio de justicia y suspender los plazos procesales y administrativos entre mañana y el viernes con el fin de "asegurar la protección de la salud". La decisión acompaña las medidas restrictivas dispuestas por el Poder Ejecutivo para mitigar la suba de casos de coronavirus y tiene lugar semanas después de un polémico fallo sobre las clases presenciales.
Dicha resolución se tomo "a fin de asegurar la protección de la salud a la par de garantizar de forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia", señala una resolución del máximo tribunal a la que tuvo acceso Télam.
Por otra parte, se aclaró que, como contrapartida, se reforzará la atención en el área de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema.
En su acordada, la Corte "exhorta a las distintas autoridades que ejercen la superintendencia, al personal y a todo aquel que deba concurrir a cualquier dependencia de este Poder Judicial a extremar y fortalecer las medidas sanitarias y de prevención de COVID-19".
En su resolución precisa que "la suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que, previa notificación a los interesados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o autoridad competente".
La Corte llama a los tribunales inferiores a "limitar al mínimo posible, durante el mismo período, la atención presencial al público; salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes y conforme a lo que al efecto disponga la respectiva autoridad que ejerza la superintendencia".
Establece también que "aquellas autoridades deberán asegurar la mínima asistencia posible de personal a los lugares de trabajo, dando prioridad a la prestación de servicios por medios virtuales o remotos".
En lo referido a la Oficina de Violencia Doméstica señala que "habilitará una dotación de personal suficiente para el desempeño de sus funciones, siguiendo los lineamientos -sanitarios- y reforzando la participación remota de los profesionales para la atención de los casos que se presenten".
La decisión de la Corte llega apenas semanas después de haber fallado a favor de la autonomía de la Ciudad, lo cual blindó la posición del gobierno porteño respecto a las clases presenciales, postura que finalmente Horacio Rodríguez Larreta debió rever ante la suba exponencial del casos.
