La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició acciones judiciales para que los controles financieros a las casas de altos estudios no estén a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Las instituciones pidieron ser auditadas, pero advirtieron que este organismo depende directamente del presidente Javier Milei, y advirtieron que su intervención está más vinculada a interferir en la educación pública y sus contenidos que a controlar el estado económico de los establecimientos.
En un comunicado, la UBA apuntó que la Sigen “no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales”, al tiempo que advirtió que este organismo “depende directamente del presidente” y que, por ley, sólo puede controlar a las jurisdicciones y organismos que dependan del Poder Ejecutivo Nacional.
“Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la Sigen no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley”, aclararon desde el Rectorado de la UBA.
En este sentido, completaron: “La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo. Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y 2023. Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía”.
Actualmente, la UBA brinda información sobre sus finanzas a la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano que depende del Congreso; al Poder Legislativo, a través de la rendición de cuentas del presupuesto anual; al Poder Ejecutivo, con informes mensuales de gastos y balances semestrales; a la Auditoría General de la Universidad, cuyo titular es designado por el Consejo Superior; y a toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su auditoría interna.
Tras recordar que la Sigen “no publica ningún tipo de información” sobre los controles que realiza y que “no agrega nada de transparencia”, desde la UBA advirtieron que “al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto” y que “detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita y masiva”.
“Lo que el Ejecutivo quiere controlar es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no”, denunciaron desde Rectorado.
Y concluyeron: “Para despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
La reacción del Gobierno
El vocero presidencial Manuel Adorni realizó en la noche de este viernes un posteo en sus redes sociales, donde publicó parte de la denuncia judicial de la UBA y observó: “La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos”.
El presidente Javier Milei, por su parte, expresó: “La UBA se niega a ser auditada. Ello no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginamos, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es peor a lo imaginado”.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, aclaró que el objetivo de que las universidades públicas sean auditadas por la Sigen es “buscar garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión”.
El organismo consideró que “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de Sigen en el ámbito de las universidades nacionales”, y apuntó: “Cuando no existe control, se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”.
