Un informe presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de la carrera de Ciencias de la Comunicación y distintas asociaciones de trabajadores de prensa referido a la libertad de expresión durante el primer año de Javier Milei, indica que durante su gestión existe censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas, violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública, retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos.
El texto fue producido y publicado en conjunto con asociaciones de trabajadores de prensa, y expone “un gran número de afectaciones” al ejercicio periodístico, como por ejemplo obstáculos en el acceso a la información pública, asignación discrecional de fondos publicitarios, ciberacoso y vigilancia digital. Esos son algunos de los grandes ejes «a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Milei» a la presidencia en materia de libertad de expresión.
Al respecto, Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), dijo: «Creemos que este trabajo es clave para precisar cada uno de los ataques y los patrones de los que están siendo víctimas los compañeros, que a su vez afectan el derecho a la información de toda la sociedad argentina”.
El texto hace referencia al término “batalla cultural” que el Gobierno “y sus socios económicos” utilizan en su discurso e instalaron en la agenda pública a lo largo del primer año de mandato del libertario.
“Hay una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión”, manifiesta el documento.
Por otra parte, se hace hincapié en el “notable el debilitamiento de las voces de mujeres y disidencias sexogenéricas” en los distintos medios, “con un particular énfasis en el ámbito de la comunicación por streaming”, sumado a los intentos (casi nulos) de la implementación de Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, reglamentada en 2023, y la “prohibición directa” ejercida por el Gobierno nacional en sus diferentes reparticiones en referencia “al uso de las diversas formas de lenguaje no sexista”.
Además, se plantea que “se trata de un cercenamiento de la libertad de expresión de los trabajadores, expresado con particular énfasis en los medios de comunicación de gestión estatal, como la Televisión Pública y Diputados TV”.
Esta producción se llevó a cabo en el marco del proyecto “Fortalecimiento sindical y seguridad en tiempos desafiantes para trabajadores de prensa en Argentina”, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con el apoyo del Fondo para la Democracia y el Trabajo.
La Carrera de Comunicación investigó y acopió información junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y lo presentó, oficialmente, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde estuvieron presentes periodistas y legisladores nacionales y provinciales.
«Patotas digitales»
El informe tiene un capítulo sobre las agresiones a las y los trabajadores de prensa. «Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales», sostiene el trabajo.
En esa línea, agrega que «el accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o «patotas digitales». Este fenómeno se reveló a lo largo del año como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno: funcionarios nacionales de primera línea ―la mayoría de las veces el propio presidente― señalan de manera violenta, en declaraciones mediáticas o comentarios en redes, a algún o alguna periodista, que se vuelve blanco de agresiones de cientos de cuentas de la red social X. En algunos casos, este hostigamiento se traduce en criminalización«.
También recuerda el caso de las dos personas detenidas en la provincia de Jujuy por posteos en la red X. «Marcelo Nahuel Morandini, ingeniero ambiental y profesor de la Universidad Nacional de Salta, y Roque Villegas, trabajador independiente, dos ciudadanos sinvínculo previo entre ellos, fueron acusados por el fiscal Walter Rondón por delitos gravísimos en función de publicaciones realizadas en redes sociales», dice el trabajo de la UBA.
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Además, puntualiza el avance del Ejecutivo sobre periodistas, al rememorar que «a principios de junio, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona denunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por instigación a cometer delitos, a partir de dichos de el y la periodista en sus respectivos programas radiales al difundir la noticia de la negativa del Ministerio de Capital Humano a repartir los alimentos acopiados en comedores populares de todo el país. En su denuncia, Cúneo Libarona pidió penas de prisión de cumplimiento efectivo. Villarruel y Pazos coincidieron en afirmar que las denuncias tenían como objetivo amedrentar a otros y otras periodistas en el libre ejercicio de su profesión».
Otro intento del gobierno libertario de avanzar sobre la prensa ocurrió en junio, cuando «el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció la restitución de la obligatoriedad de la matriculación para periodistas, en una relectura de lo dispuesto por el Estatuto del Periodista Profesional sancionado por la Ley 12908 de 1946″.
Según la carrera de Comunicación Social de la UBA y los sindicatos del sector «se trata de una relectura parcial que dejó abierta la posibilidad de construir criterios excluyentes y discriminatorios para el ejercicio del periodismo, en tanto, como expresó la FATPREN, «la matrícula que establece el Estatuto es un derecho pero nunca un requisito para ejercer la profesión, lo que violaría la Constitución»”.
Precarización laboral
El informe sobre la situación de la prensa al cumplirse el primer año de gestión de Milei aborda, también, las condiciones laborales. Enumera el cierre de la agencia de noticias Télam y la interrupción de la pauta oficial que afectó, puntualmente, a los medios comunitarios y cooperativos, y señaló que «este escenario dio como resultado una situación salarial especialmente agravada para las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación que, si bien antecede al gobierno de Milei, empeoró y se profundizó con la inflación de diciembre y enero (los índices más altos desde la hiperinflación de la década de 1980) y con la inercia posterior».
Así, «como resultado, en abril de 2024, 76% de los trabajadores y las trabajadoras del sector cobró en su principal empleo en prensa sueldos por debajo de la canasta básica total del Indec que determina la línea de pobreza, ubicada ese mes en 828.158 pesos. En la encuesta realizada en 2023, el porcentaje había sido de 45%».
Además, el gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, «modifica aspectos centrales de la regulación de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones. Por un lado, elimina los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional que estaban fijados por la Ley 26522. En un mercado de medios como el argentino, que lleva décadas de concentración y centralización, esta nueva modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habilitó niveles de integración para los multimedios que resultan incompatibles con los estándares internacionales en la materia».
El informe presentado este martes señala que «el Enacom (Ente Nacional de la Comunicación) eliminó, el 23 de octubre, la obligación para los prestadores de TV por suscripción de difundir «contenido informativo eminentemente federal» e incluir a los medios públicos en su grilla y derogó el reglamento que indicaba agrupar en forma correlativa a señales del mismo rubro, como las informativas, infantiles, deportivas, etcétera».
Entre otros temas, el trabajo aborda la situación de los medios públicos que «estuvo amenazada desde la campaña electoral de 2023. En ese proceso, tanto desde La Libertad Avanza como desde PRO se anunció el cierre o privatización de estos medios en caso de acceder al Ejecutivo nacional. Luego del triunfo electoral, mediante el artículo 48 del mencionado decreto 70/2023, el Gobierno estableció la transformación en Sociedades Anónimas de las empresas o sociedades con participación del Estado, entre las que se cuentan aquellas que administran medios públicos. Allí se señalaba una transición de 180 días para la implementación. Para cumplir con ese mandato, el 2 de febrero el Ejecutivo ordenó por decreto la intervención por un año de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), Télam y Contenidos Públicos S.E., además de Educ.ar«.
