A casi cinco años de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven que había salido a bailar en Rosario y fue encontrado muerto en el Río Paraná, su familia y amigos no logran conseguir justicia. Este viernes se presentaron a una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal para pedir que se revise la prisión domiciliaria de una de involucradas en la muerte del joven.
En esta oportunidad sus padres solicitaron que se revea la prisión domiciliaria de Karina Gómez, la mujer policía que fue imputada junto a otro policía -que en ese momento era su pareja- por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público homicidio simple con dolo eventual en carácter de coautora.
«Es algo ilógico. Habían condenado a nueve años de prisión. En su momento tenía un nene menor de edad, menor de cinco años, y le habían dado domiciliaria. Pero el nene ahora ya tiene como siete u ocho años, y sigue con prisión domiciliaria. Nosotros queremos prisión efectiva, no domiciliaria», manifestó Edgardo Orellano en diálogo con Conclusión al salir de la audiencia.
El padre de «Bocacha» manifestó además que «nos parece que es una burla hacia nosotros, hacia toda la familia, hacia las víctimas, porque esta mujer está todo el tiempo en la calle prácticamente, y aparentemente le dan permiso para todo; va a visitar al marido a Piñero. Entonces, eso no es prisión, es una tomada de pelo».
Frente a esta situación, el representante legal de la familia Orellano, Salvador Vera, solicitó que se revisen los movimientos de la tobillera de la imputada y que, dependiendo de los resultados, se de marcha atrás con la prisión domiciliaria.
La causa hasta ahora…
En el mes de septiembre de este año se conoció la resolución de la Cámara Penal en la cual se resolvió la rebaja de las penas aplicadas a los acusados, como también la absolución de uno de ellos.
De esta manera, los acusados que habían sido condenados por un homicidio preterintencional, recibieron una rebaja en la pena argumentando que la muerte de Orellano se había tratado de un caso de lesiones leves y abandono de persona seguido de muerte. La figura penal fue revisada después de que las partes apelarán la primera condena impuesta por los jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Georgina Depetris y Gabriela Sansó
Como resultado de la primera instancia judicial, el policía Gabriel Julio Nicolossi había sido condenado a 12 años de prisión, la agente Karina Laura Gómez a 9 años, y el patovica Emiliano Oscar López a 6 años. En el caso del empleado de seguridad Fabián Claudio Maidana, este ya había sido absuelto, por lo que el nuevo fallo ratificó que no habría participado del hecho.
Por lo tanto, tras la apelación, Nicolossi fue condenado por lesiones leves, abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de documento público agravada, por lo que su pena se redujo a 9 años de prisión.En el caso de la oficial Gómez, los jueces resolvieron condenarla por abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de documento público agravada como coautora. A raíz de esto, la sentencia fue reajustada a 7 años de prisión domiciliaria que deberá cumplir bajo la modalidad de vigilancia electrónica.
Por último, López fue señalado como el responsable de haber cometido el delito de abandono de persona seguido de muerte como coautor, lo que lo obligará a cumplir 5 años y 3 meses de prisión efectiva. Asimismo, el tribunal benefició a los agentes policiales al remover la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
