Lo solicitó la querella ante Servini. Enumeraron prueba de resoluciones dictadas por el extitular de AFIP que contradicen su defensa. Dictar normas contrarias a la ley y administración fraudulenta por empujar a la quiebra a Oil Combustibles. Intención de "no cobrar" y la extraña "ayuda" de Carrió.
Luego de su declaración indagatoria donde hizo una defensa política de su rol al frente de la AFIP y descargó en subalternos la responsabilidad sobre el accionar respecto al caso Oil Combustibles, Alberto Abad podría ser procesado por haber dictado normas contrarias a las leyes y defraudación contra la administración pública.
Así lo solicitó ante la jueza María Servini la querella que encabeza uno de los titulares del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, que además reclamó que se lo vuelva a indagar en orden a una serie de contradicciones y hechos que quedaron por fuera del interrogatorio inicial del exfuncionario de Cambiemos, además de ser embargado.
El pedido de procesamiento también se extiende al exjefe de jurídicos del organismo recaudador Eliseo Devoto, de Recaudación, Sebastián Palladino y a Marina Lammagrande como partícipes de los mismos delitos. Todo apunta, señalaron en un escrito los acusadores, a “gravísimos hechos de corrupción” que se investigan en el mismo expediente donde ya se requirió la captura internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien buscó refugio de la justicia argentina en el Uruguay.
“La actitud de Abad lejos está de ser la de un funcionario probo o de un ciudadano ilustre, como pretenden calificarlo algunos políticos extraviados. Lo que el ex administrador federal y sus cómplices hicieron fue, nada más ni nada menos, que perjudicar los intereses que les habían sido confiados, determinando que un contribuyente, de manera totalmente arbitraria, no pudiera pagar sus impuestos, generando así un perjuicio indebido para el erario público. Todo ello, bajo el propósito ruin de que Oil Combustibles S.A. y sus empresas asociadas entraran en un estado de cesación de pagos, para luego apoderarse de sus bienes y de sus negocios, los cuales debían terminar en manos de ´empresarios amigos´ o de quienes aceptaran ser cómplices de una campaña de persecución política que no registra antecedentes similares en tiempos democráticos”, concluyó el escrito que hizo un repaso de las constancias en la causa y retomó los ejes de defensa del exfuncionario.
Abad no habría dictado normas con el objetivo de cobrar el impuesto ITC que Oil adeudaba y había refinanciado en planes de pago otorgados por el organismo, sino todo lo contrario: buscó acorralar a la petrolera a través de la firma de resoluciones sin precedente dirigidas a un solo contribuyente específico para que sirvieran de marco para denuncias penales que –a través de medidas cautelares- ahogaran financieramente a la compañía, de manera de generar mayores incumplimientos tributarios; cercenó con sus decisiones administrativas cualquier vía para hacer efectivo el cobro de la deuda; y se habría asegurado de que se dictara la quiebra comercial para desguazar al grupo, impedir su venta a un grupo inversor y rematar activos petroleros a precios ínfimos. Es decir, el objetivo contrario a asegurar ingresos al erario público.
La referencia indirecta fue a Elisa Carrió, quien ingresó un escrito en este expediente reconociendo que ella solicitó a Abad investigar ciertos hechos que habría obtenido de información bajo secreto fiscal, meses antes del inicio formal de las actuaciones internas que formalmente quedaron registradas en AFIP. Abad, tal como detalló Ámbito respecto a su indagatoria la semana pasada, llamativamente no hizo ninguna referencia a ese escrito de “defensa” ingresado por Carrió. Por sus implicancias, ese tramo se radicó en una nueva denuncia que deberá ser investigada en paralelo por lo que Carrió terminó autoincriminándose.
Para la querella, Abad no actuó de manera individual sino con “vasos comunicantes con otros actos ilícitos” cometidos desde otras áreas del Estado y por parte de privados que buscaban quedarse con partes del holding. Se puso de manifiesto la vinculación que existió entre el abogado Marcelo Rufino y Rodríguez Simón para negociar que activos petroleros quedaran a merced de la quiebra para ser comprados “a precio vil”. Algo que habría ocurrido tras el comportamiento de la AFIP como “acreedor hostil” en el concurso de acreedores, lo que terminó empujando a la quiebra. Abad, en su defensa, había intentado blindar el dictado de la Disposición N°396/2016.
En los hechos redactada por Lammagrande, ordenaba que “se impida en los sistemas la posibilidad de que la firma Oil Combustibles pueda acogerse al régimen de Regularización excepcional" de deudas del organismo” que había reglamentado el propio gobierno de Mauricio Macri. ¿El argumento? Era por si “eventualmente resultaran procesados”. “No tenía como propósito que Oil Combustibles S.A. pudiera pagar, sino se dirigía a impedir que cancelara sus obligaciones en las mismas condiciones que, por imperio de la ley, eran acordadas a todos los restantes contribuyentes”, resumió la querella uno de los elementos administrativos que más complican a Abad, quien pretendió desligarse de acciones relativas al caso que dijo haber conocido por los diarios. El impedimento para acceder, aunque fuese de modo condicional, a la moratoria general, no ocurrió en ningún otro caso.
El otro punto relevante está en el sistema informático especial dirigido contra Indalo detectado por la auditoría 16/2020. Según Abad era para conocer el estado de la deuda de Oil, cifra que terminó no solo desmentida por un peritaje de la Corte Suprema realizado para el juicio oral, sino que en ese debate fue Sergio Flosi el que testimonió que a marzo 2016 le había informado a la cúpula de la AFIP que la petrolera de Cristóbal López no tenía deuda líquida y exigible ya que se encontraba regularizada en planes de pago. Es decir que ya habían tenido acceso a la información para la que diseñarían luego una herramienta informática que no tenía sustento normativo interno. Al momento de investigar –en una causa paralela- los más de 1600 planes de pagos otorgados surgía que otros grupos económicos tenían deudas que habían refinanciado en planes y que también estaban radicados en Grandes Contribuyentes Nacionales, lo que desbarata el argumento que dieron los imputados en su defensa.
“Tras conocerse que Oil Combustibles S.A. presentaría su concurso preventivo, la AFIP volvió a modificar la normativa vigente, con el claro e inocultable propósito de impedir, específicamente, que esa contribuyente pudiera acogerse a un plan de pagos de hasta noventa y seis cuotas, el cual estaba vigente desde hace varios años y permitía que las personas concursadas lograran regularizar sus obligaciones, evitando su quiebra”, subrayó el escrito que tiene en sus manos Servini. Por esto es que para la acusación, Abad actuó con “dolo” respecto a los delitos que se le imputan, a sabiendas de que también habría “negociadores” que mantuvieron sendas reuniones en Casa de Gobierno mientras tramitaban quedarse con partes del Grupo económico, algo que quedó acreditado a través de correos electrónicos que dan cuenta de una suerte de “due dilligence” que pretendían sobre las compañías.
En el mismo documento se solicitaron pruebas a la AFIP sobre los accesos a bases de datos de AFIP y también respaldo de los pedidos de investigación que Carrió habría ingresado a la AFIP. No existen. Esa podría constituir una prueba más que complique la situación procesal de los imputados.
