El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó este miércoles la venta anticipada de doce vehículos de origen ilícito, algunos de alta gama, vinculados a los seis imputados acusados de integrar una sofisticada banda que cometía secuestros extorsivos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe.
En el dictamen, los fiscales tomaron como representativo el caso de una de las personas señaladas como testaferro, e identificada como María Cristina K., que era titular de varios de los vehículos de alta gama.
Según los registros obtenidos en la investigación, tiene 68 años, es jubilada al menos desde 2020 y no tiene actividad impositiva activa. A su nombre están registrados 11 vehículos, según informó el MPF a través de su página Fiscales.
La causa
La causa por secuestros extorsivos a empresarios de Rosario y de Villa Ramallo (Buenos Aires) tramita en la sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello. El planteo del MPF fue realizado al juez federal de la ciudad bonaerense, Carlos Villafuerte Ruzo.
Se trata de los bienes secuestrados vinculados a los seis presuntos miembros de una organización criminal acusada de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023.
La semana pasada el fiscal Di Lello y el titular de la UFECO, Santiago Marquevich, pidieron elevarla a juicio oral.
Los imputados —todos con prisión preventiva—, son el comerciante Claudio Daniel Coto (de 62 años), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero y ajedrecista Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla, Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
La flota
Ahora, los fiscales que intervienen en el trámite judicial solicitaron al juez federal Villafuerte Ruzo la venta anticipada de una flota de 12 vehículos que fueron decomisados durante la investigación. Pertenecen a la organización criminal, pero están registrados a nombre de terceros.
En su planteo, los fiscales plantearon que “se deberá otorgar inmediata intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que realice la constatación del estado de los bienes y lleve adelante las medidas indispensables para concretar su venta anticipada”.
Además, pidieron que el dinero producido se deposite “en un plazo fijo UVA renovable, puesto que es la única colocación financiera de renta fija en moneda nacional que a la fecha acompaña la depreciación monetaria”.
De acuerdo al detalle de la causa, los vehículos involucrados son los siguientes: Mercedes Benz C220 CDI Avantgarde; camión Volkswagen modelo 17.250 E; Renault Logan 1.6; Chevrolet Classic modelo 2015; Honda Modelo CR-V EX todo terreno; Citroën C4; BMW modelo X5 todo terreno; Volkswagen Amarok 4×4 A; Jeep Grand Cherokee; Toyota C-HR rural 5 puertas; Peugeot 207 Compact y Peugeot 208 modelo 2015.
Jubilada fierrera
En el dictamen, los fiscales brindaron como ejemplo representativo el caso de una jubilada de 68 años, llamada María Cristina K., quien figura en los registros como titular de varios de los vehículos, aglunos de ellos considerados de alta gama.
De acuerdo a los registros obtenidos en la investigación, percibe una jubilación desde 2020 y no tiene actividad impositiva activa que permita justificar ese patrimonio.
Además, según indica la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, al 7 de diciembre de 2023 la mujer figuraba como titular de 11 rodados. En total -descontando los que se encuentran con denuncia de venta y en estado robado- la valuación de sus vehículos a diciembre de año pasado, ascendía a 115.813.700 pesos.
