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Repartidores de Uruguay demandan a Pedidos Ya: hay 30 millones en juego y reclamo por derechos laborales

Unos 70 repartidores de Pedidos Ya de Uruguay demandarán a la empresa para exigir el pago de aguinaldos, licencias y complemento vacacional. La acción judicial, que asciende a 30 millones de pesos, se originó tras el fracaso de negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El representante legal de los repartidores, Camilo Silvera, sostiene que las condiciones laborales de la plataforma revelan una relación laboral encubierta y entre las pruebas que presentará están la obligatoriedad del uso de uniforme, las penalizaciones por no cumplir horarios preestablecidos y el sistema de pagos controlado exclusivamente por la empresa.

«No se trata de una relación independiente; hay un salario y reglas impuestas por la compañía», afirmó Silvera.

Aunque Pedidos Ya asegura que sus trabajadores son prestadores independientes con libertad para colaborar con la competencia, el abogado argumenta que la exclusividad no es requisito para demostrar dependencia laboral. Además, señala que la estructura y los beneficios del negocio favorecen de manera desproporcionada a la empresa.

Un estudio reciente denominado Emprendedores Ya, reveló que más del 90 % de los repartidores trabajan seis o siete días a la semana y que casi la mitad supera las 58 horas semanales.

Además, expone que el 80 % de quienes participarán en la demanda son migrantes, algunos de los cuales están trabajando hasta 18 horas diarias.

La demanda será presentada antes del 25 de diciembre o, en caso contrario, a finales de enero de 2025, debido a la feria judicial. Los trabajadores presentarán reclamos individuales, en lugar de una acción colectiva.

Este caso se suma a debates legislativos sobre la regulación de las plataformas digitales, estancados en el Parlamento desde setiembre. La resolución podría sentar un precedente significativo, similar a litigios previos contra Uber y Cabify, que resultaron favorables para los trabajadores.

Mientras tanto, el conflicto evidencia la precariedad laboral en un sector dominado por migrantes, quienes encuentran en estas plataformas una de las pocas vías de inserción laboral rápida en Uruguay.

 

 

 

 

 

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