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Rosatti, sobre las posibles designaciones de jueces por decreto: «Lo resuelve la Corte»

 

Luego de que el Gobierno reiterara que está en carpeta la posible decisión de nombrar jueces en la Corte Suprema por decreto, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, aseguró que, si se judicializa esa designación, «en última instancia lo resuelve la Corte».

Además, destacó que el tribunal tuvo un «récord de fallos» durante este año, en alusión a una crítica del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien cuestionó su presunta lentitud para dar sentencias.

En el Gobierno se baraja la posibilidad de que los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sean quienes cubran las vacantes del máximo tribunal. «A la Corte llega casi todo, por no decir todo», apuntó Rosatti.

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Sin embargo, al referirse al tema, el presidente de la Corte planteó: «La experiencia me ha enseñado que uno nunca tiene que responder frente a una hipótesis de un hecho que no ha acontecido; puede pasar o no».

«No significa que porque tengamos salvavidas se va a hundir el barco», indicó Rosatti, y subrayó que puede «funcionar con tres miembros» porque eso fue la acordada que se llevó adelante en los últimos días.

Al respecto, afirmó: «No hace nada nuevo ni nada espectacular. Lo que hicimos está en la ley. Los conjueces son los presidentes de las Cámaras y se designan por sorteo. Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar con tres, cuatro o cinco miembros. Antes de que entremos Carlos Rosenkrantz y yo, estuvo formada siete meses con tres miembros y hace tres años que está funcionando con cuatro».

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En los próximos días, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda, solamente quedarán en el Máximo Tribunal de Justicia Rosatti, Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

El procedimiento que estableció la Corte Suprema contempla que, ante la imposibilidad de alcanzar consensos para completar las mayorías requeridas, se efectúe de manera expedita el sorteo de conjueces, asegurando así que los casos continúen su curso normal. Esta medida pretende evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma.

 

 

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