El gobierno de Javier Milei justifica su intención privatizadora en una supuesta situación financiera negativa de las empresas públicas. El déficit y la necesidad de aportes públicos en su sostenimiento siguen siendo los principales argumentos oficiales para avanzar en la venta de activos del Estado, pero son las propias políticas mileistas y su impacto recesivo en la economía las que perjudican el desarrollo de estas empresas.
Un informe de OCIPEx revela que, de las 32 empresas públicas que envían su información a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) al último trimestre de 2023, 21 tenían superávit financiero; es decir, que tenían más ingresos que gasto.
«Durante el gobierno de Javier Milei, ese número bajó a 12 en el primer trimestre de 2024», detalla el documento elaborado por la entidad.
En la actualidad, el Estado Nacional tiene participación en más de 100 empresas, donde en 34 de ellas es dueño o accionista mayoritario (sociedades anónimas o sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria y sociedades del estado).
A su vez, es accionista minoritario en algunas de las compañías privadas más importantes del país, con la posibilidad de designar directores. De ese total, 21 eran superavitarias hasta el arribo del gobierno de La Libertad Avanza.
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EFICIENCIA O BENEFICIO SOCIAL
Para forzar la venta, el Gobierno lleva a cabo una política de boicot a las empresas públicas, empeorando su servicio, quitándoles contratos y sus principales unidades de negocios, lo que se refleja en su facturación. Las ventas de las empresas públicas del primer semestre de este año respecto a 2023 tuvieron una caída generalizada en: Aerolíneas Argentinas con un 28%, Correo Argentino y Corredores viales del 26%, Tandanor del 58% y Nucleoeléctrica del 10%.
«En esta línea, el anuncio de quitarle a ARSAT la franja reservada de 100 mhz y el contrato por el cual proveía internet a más de 42 mil escuelas- por más de $60.000 millones anuales según Adorni-, va en detrimento del desarrollo nacional y la rentabilidad de la empresa», alerta el informe del Observatorio. Sin embargo, en el caso de AySA y Trenes Argentinos, su facturación se incrementó como consecuencia del aumento de la tarifa de agua y el boleto de tren.
En síntesis, bajo este modelo pierden todos los argentinos, ya sea porque rematan su patrimonio o porque les aumentan los servicios públicos, deteriorando aún más su poder adquisitivo. «Si el objetivo es tener empresas que brinden servicios de calidad, a precios razonables, inviertan y den estabilidad macroeconómica, una empresa pública, o de mayoría estatal, puede ser muy eficiente y necesaria. YPF, AR-SAT o Corredores Viales son ejemplo de esto», explica el informe.
Como ejemplo, en YPF la inversión en Vaca Muerta no avanzó hasta la estatización de la mayoría accionaria y la decisión de ser pioneros en un yacimiento en el que actualmente empresas privadas nacionales y extranjeras son parte y socias de la compañía insignia argentina.
Además, AR-SAT fue la empresa conductora del proceso de construcción de satélites y la construcción de red de fibra óptica de 34.500 kilómetros, junto con empresas provinciales y privadas. Esto permite, entre otras cosas, incrementar la calidad y extensión de la banda ancha en todo el territorio nacional, donde los privados no llegarían.
Otro ejemplo es el caso de Corredores Viales, que se hizo cargo de los negociados fallidos de Participación Público-Privada que quiso hacer el macrismo para construir obra vial.
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SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS
Las transferencias a empresas públicas tienen por fin el financiamiento de obras específicas que tienen por objetivo brindar servicios públicos (como AySA, Trenes Argentinos o Correo Argentino), construir gasoductos (ENARSA) y llevar a cabo proyectos tecnológicos (como AR-SAT o Dioxitek).
«Lo que se presenta como ‘gasto ineficiente’ por parte del Estado es, en realidad, desarrollo tecnológico, conexión vial, o acceso a servicios públicos a un precio razonable, que se garantiza a través del pago de impuestos. Esto no se contradice con la necesidad de que exista una mayor planificación y transparencia en la gestión de las empresas públicas», señala el documento.
Producto de la «motosierra», respecto a 2023, la representación total de las transferencias a las EEPP pasó del 0,7% del PBI, al 0,4%. Respecto al total del presupuesto ejecutado (el efectivamente utilizado) nunca llegó al 7%, y es aún mucho menor si no se cuenta ENARSA. Es decir, su representatividad en el total del gasto es muy baja y su impacto en el conjunto de la sociedad, y la actividad económica es significativa.
«El supuesto del problema del déficit es el velo que busca ocultar el gran negocio que implican las privatizaciones», detalla Manuel Valenti, director de OCIPEx.
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Si se mira a nivel del gasto e inversión del Gobierno nacional, las empresas públicas tuvieron un recorte del 46% en las transferencias, donde tres de cada cuatro pesos recortados fueron de ENARSA. Esto se debió a la menor necesidad de importaciones de gas y a la quita de subsidios a los usuarios de gas de red.
En definitiva, el gobierno de Milei inició un camino de ajuste insostenible e inhumano, con un plan de negocios que implica –entre otros ítems– la venta o disolución de empresas públicas para rematar sus activos estratégicos. Esto no conlleva, tal como se está ejecutando, una mejora de los servicios para los usuarios ni una modernización en la administración de esas empresas, sino que es una burda maniobra de negocios.
