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Se inactivaron otros tres puestos de venta de drogas en Rosario y ya suman casi 40 en la provincia

 

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Omar Pereira, junto a los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho , monitorearon este jueves la inactivación de tres inmuebles ubicados en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971 de Rosario, en el marco de la ley de microtráfico que permite al Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervenir en el comercio de estupefacientes al menudeo.

Pereira detalló que “finalizando el año, completamos 39 derribos en la provincia, 30 de ellos en la ciudad de Rosario, y seguramente habrá alguna más. Seguimos avanzando con la implementación de la ley de microtráfico, que vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”.

El funcionario marcó que “hay un incremento en los derribos, hay un incremento en las detenciones, hay un incremento en los secuestros de estupefacientes al menudeo y también en grandes cantidades, que son derivadas a la Justicia Federal”.

 

Por su parte, el fiscal Lisandro Artacho, apuntó que la investigación “se viene realizando hace dos o tres meses, a raíz del análisis pormenorizado de los llamados al 911 que hacen las personas que viven aquí en la zona y dan aviso de estas bandas que comercializan”.

“Hasta hace poco tiempo -continuó-, aquí había filas de personas esperando para comprar estupefacientes; esto es lo que han denunciado los vecinos de manera incansable. Y hoy venimos a tratar de poner fin a esto”.

“La semana pasada hemos imputado a un conocido actor en la zona, «Frentudo» Fernández, y se ha dispuesto la prisión preventiva por dos años y de acuerdo al resultado de la investigación este es un puesto de venta que pertenecía a la banda”, detalló el fiscal.

Con estas nuevas intervenciones, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 39 en toda la provincia. Estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

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