“Los chicos no tienen acceso a la educación, no comen, peor aún se les cortó la comida. Según los últimos datos de un informe de Unicef, un millón de chicos, menores de 18 años, se van a dormir sin comer. Me parece que, buscar la causa de la inseguridad en meter preso a los pibitos de 13 años, no es el camino”. Sergio Raffaelli, cura en opción por los pobres de Santiago del Estero.
No es nuevo, ni reciente que diferentes políticos -de diversos partidos- hayan puesto en agenda «la necesidad» de bajar la edad de imputabilidad. En este sentido, a mediados del mes de junio el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen.
Bajo la indicación y decisión del presidente Javier Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de «terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente». Dicho proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
En dialogo con Catalejo, programa que se emite a través de Conclusión, la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena indicó: “Existe un imaginario muy romantizado de estos espacios donde van los menores que cometen delitos, como si fueran a una granja con conejitos y esto no es así. Son lugares donde hay puertas, muros y rejas de encierro”.
La resistencia a este anteproyecto facilista y carente de humanidad, sigue cosechando adhesiones. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ha sido clara y contundente en expresar el rechazo a tal modificación al igual que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ambos con documentos coherentes y sustentados en los datos científicos y estadísticos actuales.
“Quiénes firmamos acompañando, pediatras comprometidos con la defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes preocupados por el deterioro de las condiciones de vida socioeconómicas de la niñez argentina, observamos que se promueve la criminalización de los sectores infanto juveniles más vulnerables, ya que con este proyecto se busca adecuar la legislación penal a tales efectos”, indicaron quiénes impulsaron un documento con casi 600 firmas.
El rechazo a la baja en la edad de punibilidad, no solo se manifiesta desde los Institucional, sino a nivel personal, como cada uno de los médicos pediatras de la Argentina. Por ello, reiteran algunas de las definiciones citadas: “Entendemos que es imposible visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente obviando su realidad social, cultural y personal. Ninguna conducta socialmente valiosa puede ser aprehendida y adoptada en contextos de anomia legal y social. Ni el mejor sistema penal puede ser útil ni exitoso si sólo entendemos al delito como un fenómeno criminal, y no como lo que verdaderamente es: un fenómeno social multifactorial”.
Los contextos condicionantes del delito no solo están en la familia, sino principalmente en el contexto social. “En adolescentes, generalmente, el acceso a las armas o el uso de estupefacientes está relacionado casi directamente con amparo de capangas marginales y connivencia policial. La noción de la inimputabilidad y de un régimen penal especial para adolescentes no viene de la capacidad de los chicos y las chicas de actuar como personas adultas, sino precisamente de su falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes y, por consiguiente, de total responsabilidad”, indicaron desde UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Bajar la edad de punibilidad no resolverá el flagelo de la violencia e inseguridad, habida cuenta de que estadísticamente los hechos delictivos más graves, a lo largo de la historia han sido cometidos en una muy baja proporción por menores de 18 años”. La incidencia del delito cometido por imputados menores de 18 años corresponde al 2,6% del total. No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población. A modo de ejemplo, Argentina, que tiene la edad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región, como por ejemplo de Brasil y México, que alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023 con una edad de imputabilidad de 12 años”.
Para concluir con la misiva, desde la Sociedad Argentina de Pediatría y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, enfatizaron que “por estas razones y reivindicando la plena vigencia de los Derechos Internacionales del Niño es que exigimos que los representantes del pueblo argentino rechacen el proyecto de disminución de la edad de punibilidad para niños, niñas y adolescentes”.
Aquí los médicos pediatras firmantes:
