Por Carlos Heller
El endeudamiento condicionado por el FMI a través de un DNU, la privatización de empresas del Estado bajo la argucia de su conversión en S.A., la toma unilateral de decisiones sin el debate parlamentario que establece la Constitución, son algunos de los preceptos constitucionales que se están vulnerando en la actualidad.
Los hechos que marcaron la agenda política del gobierno nacional durante los últimos días reflejan la continuidad de la ideología imperante durante su primer año de mandato.
Rodeado de un recinto mayormente vacío (si hubiera sido una sesión no se habría logrado quórum), el presidente Javier Milei brindó su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. Desde nuestro espacio político decidimos nuestra ausencia en el recinto en el marco de un Poder Ejecutivo que ha demostrado su vocación por avanzar más allá de lo que establece la Constitución respecto de la división de poderes. La falta de ley de Presupuesto por segundo año consecutivo, las facultades delegadas y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el ajuste a las jubilaciones y la quita de medicamentos a los adultos mayores, los recortes en educación, salud y obra pública, entre otros, son ejemplos de decisiones del gobierno libertario que, en su gran mayoría, no fueron debatidas en el Parlamento de la Nación.
En este sentido, una vez más, ante un nuevo endeudamiento con el FMI, se insta al Congreso de la Nación a apoyar taxativamente las decisiones del Poder Ejecutivo. “Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, librando la batalla que haya que librar en todos los frentes para lograrlo”, señaló Milei en su discurso, subestimando una vez más el rol del Poder Legislativo.
No obstante, a pocos días de haber dicho esto, se avanzó aún más en el ejercicio de vulnerar el equilibrio de poderes de la democracia: el Poder Ejecutivo decidió, una vez más, utilizar un DNU para establecer un acuerdo de “operación de crédito público” con el FMI “mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central” dando como resultado “una reducción total de la deuda pública”, según indica el comunicado oficial
Una decisión que, en primer lugar, vulnera la “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública” sancionada hace cuatro años en la que se establece que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Pero más allá de no respetar la normativa vigente, este nuevo endeudamiento, a diferencia de lo que señala la versión oficial, plantea un cambio en la composición de la deuda pública que lejos de reducir, empeora las condiciones del endeudamiento. Se sustituye deuda intraestatal, del Tesoro con el Banco Central, por un mayor endeudamiento externo con el FMI, con las condicionalidades y términos del acuerdo que ello implica. Un dato importante es la tasa de interés, la cual se estima en el 6,5% anual y en la que se incluye el sobrecargo que aplica el Fondo por exceder la cuota de financiamiento que tiene la Argentina, según establece el propio organismo. Recordemos que este nuevo endeudamiento se sumaría al ya adquirido durante la gestión macrista: unos 42 mil millones de dólares a hoy (la deuda está en Derechos Especiales de Giro –DEG- y, expresada en dólares, varía según la cotización de los mismos).
Finalmente, no debe pasarse por alto el hecho de que se está negociando un mayor endeudamiento externo a pesar de que el cronograma de vencimiento de deuda con el FMI no es muy exigente, ya que el primer vencimiento de capital será en septiembre de 2026 por U$S 776 millones. Los vencimientos de intereses para este año se estiman en U$S 2.560 millones (de los cuales ya se pagaron U$S 648 millones en febrero pasado).
La realidad es que los recursos en divisas son escasos en gran parte por decisiones del propio gobierno. El mes de diciembre (último dato disponible) se registró el octavo mes consecutivo de déficit en la Cuenta Corriente del Balance de Pagos, explicado principalmente por un incremento en las importaciones en general y del sector automotriz en particular, y el resultado negativo de los pagos al exterior por turismo, entre otros. A esto se suman los egresos de divisas para mantener el valor de los dólares financieros, y lo resignado por el llamado “dólar blend”.
Ante la situación descripta es necesario, más que nunca, que desde la oposición aunemos esfuerzos para hacer valer la voluntad de la población que nos eligió para que estemos al frente del Poder Legislativo y trabajemos por el bienestar de la ciudadanía oponiéndonos a este tipo de políticas que nos llevan indefectiblemente a un lugar que ya padecimos, y al que no queremos volver. El endeudamiento condicionado por el FMI a través de un DNU, la privatización de empresas del Estado bajo la argucia de su conversión en S.A., la toma unilateral de decisiones sin el debate parlamentario que establece la Constitución, son algunos de los preceptos constitucionales que se están vulnerando en la actualidad.
(*) Diputado Nacional Unión por la Patria - Presidente Partido Solidario
