Por Adriana Clemente
A diferencia de otras crisis económicas, en esta oportunidad estamos frente a una crisis auto infringido que actúa como condición para instalar las reformas impulsadas por la Ley Bases, Ley que es un plan de negocios encubierto con apoyo de sectores económicos despreocupados del bien común. El impulso reformador del gobierno de la Libertad Avanza y sus aliados del PRO, opera en un contexto de mega endeudamiento que compromete la soberanía en por lo menos tres sentidos simultáneos que son: el cambio de la matriz productiva, la entrega de patrimonio estratégico y el empobrecimiento masivo de la sociedad. El vaciamiento del Estado Social, insignia distintiva de Argentina respecto a la mayoría de los países de la región, es una condición necesaria para cristalizar un modelo que nos remita a inicios del siglo XX, momento que el presidente Milei añora, ignorando intencionalmente la miseria que experimentaba el pueblo para beneficio de una elite conservadora.
La destrucción de los dispositivos institucionales de la política social en materia de desarrollo social, salud, educación y vivienda no son la expresión de un modelo de austeridad y equilibrio fiscal, por el contrario son requisitos previos para instalar la incertidumbre en la sociedad. Se trata de retroceso material y simbólico que proponen las llamadas Nuevas Derechas con la intención de que las elites económicas tengan pleno control de la sociedad y para eso, es necesario eliminar los vectores de bienestar y redistribución de riqueza que ponen en riesgo el modelo de ganancias extraordinarias al que aspiran. En tal sentido, la incertidumbre es fuente control social.
Los despidos masivos del ex Ministerio de Desarrollo Social, además de 2000 personas que se quedan sin trabajo, significan la pérdida de funciones que el Estado deja de cumplir. Para esta administración, el Ministerio de Capital Humano es como la gerencia de una empresa que ahora está en la etapa de reducir al máximo su “productividad” y en consecuencia no necesita personal. Para la ministra Sandra Pettovello la relación productividad y personas capacitadas es una ecuación donde no cuentan las necesidades sociales, en tal sentido se clausuran áreas enteras (emergencia social, atención integral de la infancia y la adolescencia, abordaje territorial, entre otras) y se prescinde de profesionales formados para intervenir de modo especializado e integrador en la heterogénea realidad de nuestro país.
Hoy, a partir del conjunto de las áreas y funciones clausuradas que componían al ex Ministerio de Desarrollo Social, es posible hablar de abandono de personas por parte del gobierno nacional. La mayoría de las provincias no tienen recursos, ni propuesta rectora para absorber tareas delegadas y sustituir recursos de asistencia para la emergencia social y los cuidados especiales que atendía ese Ministerio. Para los sectores más desvalidos, el tiempo de privaciones se traduce en daño irreparable. El límite, una vez más está en la acción política y en la capacidad que tengamos como sociedad de expresar el rechazo a un modelo que no nos representa. Una sociedad sin Estado, es una sociedad a la deriva. Es difícil pensar que esa sea la opción de largo plazo para una sociedad como la Argentina, acostumbrada a demandar por más y mejor Estado.
* Profesora Emérita de la FCSs/UBA
