Por Eric Nepomuceno
El informe leído por el senador de oposición Renan Calheiros el pasado miércoles cerró la etapa de trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) dedicada a examinar, en el Senado, quienes son los responsables por la más letal crisis sanitaria vivida por el país, la pandemia de Covid-19, que causó al menos 606 mil muertes.
El texto será votado el próximo martes, y como la oposición al gobierno ocupa siete de las once plazas en la CPI, será aprobado. En seguida, será encaminado a diversas instancias de la Justicia.
Empezará entonces una doble etapa. De un lado, la CPI tratará de lograr que tanto la Fiscalía General ordene la apertura de una investigación como que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie. Y de otro, tanto el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como los demás denunciados, entre los cuales se encuentran empresarios, médicos, funcionarios y activistas en canales digitales, tratarán de anular el proceso.
De todas formas, el primer impacto ya es palpable y repercute con fuerza desde el mismo instante en que el senador Calheiros terminó la lectura del resumen de su informe.
A lo largo de 28 minutos, se escucharon denuncias de nueve crímenes cometidos por Jair Bolsonaro. Es la primera vez en la historia brasileña que un mandatario fue blanco de pedidos de denuncias criminales que incluyeron asesinato por el Congreso Nacional.
Se le imputaron acusaciones de responsable por “epidemia con resultado de muerte; infracción de medida sanitaria preventiva; empleo irregular de presupuesto público; incitación al crimen; falsificación de documentos particulares; charlatanismo; mal uso de recursos públicos; crimen contra la humanidad; crimen de responsabilidad”.
Además del presidente y de tres de sus hijos –Flavio, senador nacional; Eduardo, diputado estatal; y Carlos, concejal– fueron denunciados cuatro ministros (entre ellos el de Defensa, general retirado Walter Braga Netto), dos exministros (entre ellos el general en actividad Eduardo Pazuello, ex ministro de Salud), bien como empresarios, parlamentares, ex funcionarios de distintos ministerios, en un total de 66 personas.
A lo largo de cinco meses las sesiones de la CPI fueron transmitidas en directo por la televisión del Senado, que jamás había alcanzado semejante audiencia. El impacto de la lectura del informe final fue inmediato.
Bolsonaro padece una fuerte corrosión de su imagen, su aceptación popular se desmorona de manera palpable, pero sigue contando con la aprobación de entre 20 y 25 por ciento de los entrevistados en encuestas de opinión. Además, se considera que su “núcleo duro”, de seguidores más radicales, permanece intocado en alrededor de doce por ciento del electorado.
Frente a esos datos, los más negativos de un presidente a punto de cumplir tres años de mandato desde la retomada de la democracia en 1985, luego de 21 años de dictadura, que su equipo más cercano trata de ostentar como positivos, crece de manera palpable el rechazo a su gobierno, ahora con el agravamiento de la crisis económica que reproduce a cada día y en velocidad espeluznante imágenes de miseria por todo el país.
No se sabe, en todo caso, qué pasará, además de la reacción popular, en términos concretos, a partir de la aprobación, semana que viene, del demoledor informe de la CPI.
Acorde a la legislación brasileña, tanto el mandatario como ministros en ejercicio gozan de “foro privilegiado”, o sea, un margen de inmunidad, y solo pueden ser denunciados jurídicamente (y luego de la apertura de investigaciones propias) por la Fiscalía General de la República, que luego decide si encamina o no el caso para el Supremo Tribunal Federal.
El otro camino es que la Fiscalía General decida archivar directamente el caso, sin abrir ninguna investigación.
Las apuestas en medios políticos y entre analistas brasileños es que sea precisamente esa la opción del actual Fiscal General de la República, Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro y aspirante declarado a una plaza en el Supremo Tribunal Federal.
A excepción del Senado, que sigue ofreciendo cierta resistencia al gobierno del ultraderechista, Bolsonaro literalmente compró respaldo en la Cámara de Diputados (abrió un “presupuesto secreto” de alrededor de casi tres mil millones de dólares que los parlamentares puedes enviar a sus rincones electorales sin tener que prestar cuentas a nadie). Y nombró como Fiscal-General a alguien que no pierde oportunidad de exhibir muestras de profunda lealtad no a lo que dicen la Constitución y las leyes, sino a quien lo elevó al puesto que ocupa.
De todas formas, y aunque logre escapar jurídicamente, junto al empresariado, a los partidos políticos y a la opinión pública el desgaste de Bolsonaro es feroz. Y se extendió, por lo que se vio, a los principales medios de comunicación extranjeros.
Aunque sobreviva al aluvión de denuncias, Bolsonaro saldrá seguramente más corroído de lo que ya está. Y todo indica que, con eso, se alejará más y más de la tan soñada reelección en 2022.
