Por Mempo Giardinelli
Si el proceso de entrega de la soberanía sobre el río Paraná no se detiene, hay que decir que tampoco se frena el clamor popular que reclama que el gobierno nacional no claudique en esta cuestión, ya fundamental y popularizada gracias a la prédica de millares de voces que desde lo más profundo reclamamos que no se vuelva a entregar al capital transnacional el sistema fluvial argentino, cuya estatización, explotación y control garantizaría el pronto pago de la deuda externa que agobia al pueblo.
En ese contexto, y por sobre el macizo silencio de los mentimedios hegemónicos --al que se suma la inexplicable mudez de los que supuestamente están junto al pueblo o pregonan que allí está la realidad, pero de soberanía en nuestro gran río no se les escucha ni una palabra, como tampoco, insólitamente, a la Televisión Pública-- de todos modos los velos engañadores se han venido cayendo. Y así el clamor para que no se entregue la soberanía sobre el Paraná no ha dejado de crecer.
Por ello, y aunque parezca asombroso, lo que no era tema de consideración política ni periodística hasta hace tres meses, ahora se ha instalado como lo que es: un asunto capital. Para celebrar, desde luego, porque la república lo necesita: el río Paraná es ya, ahora mismo, una reivindicación popular, sentida, justa y camino de ser clamorosa. Enhorabuena.
Por eso es evidente que, en lugar de depresión por el silencioso desprecio de la corporación radical-macrista enquistada en el Ministerio de Transporte, lo que se escucha y reclama desde diversos sectores es que no se tome ahora decisión alguna y, en cambio, se llame a una consulta popular en los términos que autoriza la Constitución Nacional en su artículo 40.
Ya no se trata de hacer la docencia cívica, económica y patriótica de los últimos meses solamente. Ahora, frente a la inminencia del final de la abusiva concesión que explota nuestro río, hay una salida que no es solamente la renovación de la concesión, por más que la maquillen y "modernicen".
De hecho dentro de 12 días, el próximo 30 de este agitado abril, nuestro gobierno no tendrá por qué tomar la decisión mal aconsejada por los intereses antinacionales y contrarios a los principios del Frente de Todos que anidan en el mencionado ministerio.
Esta columna, como miles de ciudadanos y ciudadanas en todos los confines, piensa que es probable --y recomendable-- que el Presidente no tome ahora ninguna decisión. No sólo porque el 1º de Mayo es feriado, sino porque además nadie lo apura ni corre y Alberto Fernández ya ha dado hartas muestras --se vio esta semana-- de que no toma decisiones bajo presión.
Sin dudas que lo aconsejable en esta cuestión trascendental de soberanía --equiparable a las Malvinas-- es seguir estudiando y analizando lo que realmente conviene a la República Argentina, y para eso sí que no tiene por qué haber plazos. Falta información, todavía, hasta que se acaben los estudios sobre dragados, controles, policías fluviales e intervenciones de la AFIP, la UIF y también las 7 provincias ribereñas, que tienen legítimos derechos no sólo a opinar sino también a desarrollar puertos, generar empleos nacionales y cobrar impuestos a las fabulosas cargas internacionales que van y vienen por nuestras aguas y jamás pagaron un centavo de peajes ni derechos a la Nación ni a las provincias.
La decisión final de qué hacer con el río más importante que tenemos –y que se vincula geográfica y estratégicamente con la extraordinaria y riquísima costa atlántica que también tenemos– no puede ser ni apresurada ni tomada entre cuatro paredes sin que el pueblo esté enterado y haga oir su voz. Por eso muchos sectores piden, con creciente sonoridad, que se llame a una consulta popular vinculante (referéndum o plebiscito) luego de un severo proceso de información y docencia cívica acerca del significado que tendría ceder ahora el río Paraná a multinaciones extranjeras.
Por ahora, el 30 de abril, el Poder Ejecutivo puede perfectamente extender los plazos para seguir estudiando el tema y escuchar al pueblo que lo votó. Con el seguro apoyo de la ciudadanía, nuestro Presidente estará dando un paso trascendental, como en su momento lo hizo Raúl Alfonsín cuando en 1984 convocó al pueblo a un plebiscito para decidir el final del conflicto con la hermana república de Chile, que llevaba más de un siglo. Y que se resolvió con el voto positivo del 81.5 % en una jornada memorable y ejemplar.
Obvio que en el Ministerio de Transporte no quieren ni oír hablar de esto, como resulta evidente por la sucesión de disposiciones que vienen sacando y de las que casi nadie se entera porque la prensa "amiga" (de las corporaciones) las silencia, además de que su retórica es abstrusa y engañadora. Sucedió esta misma semana, el jueves 15, con la Resolución Nº 5/2021, que publicó el Boletín Oficial y que es una joya de verso macaneador: siete páginas de lugares comunes acerca de los perjuicios de la corrupción (vocablo 10 veces citado) y las virtudes de la transparencia (33 veces), pero sin mencionar la palabra soberanía y todo firmado por un abogado santafesino, militante radical y ferviente anti K, conocido en el mundo sindical como abogado de Roberto Fernández (UTA) y por haber sido asesor del ministro Dante Sica hasta el final del gobierno anterior. Ahora profesorea sobre corrupción y transparencia a propósito de "la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira)" siendo que no son argentinos ninguno de esos puertos y ni menciona el Canal Magdalena.
La vía más razonable para resolver si conviene que el Paraná pase a manos extranjeras ---o no-- es el llamado a un referéndum vinculante. Debe hacerlo la Cámara de Diputados y el resultado no podrá ser vetado. Y para quienes salgan a decir --los habrá mañana mismo-- que otra votación es muy cara, que la pandemia y cuantimás, la respuesta es una sola: la voluntad popular es soberana y habrá que arbitrar los medios.
Consultados por esta columna, respetadísimos y avezados constitucionalistas como Jorge Francisco Cholvis, Raúl Gustavo Ferreyra y el mendocino Lucas Gómez Portillo, coincidieron en que es una consulta perfectamente encuadrada para el caso del río Paraná.
Y algo más a tener en cuenta: en las actuales circunstancias y de continuar la peste sometiendo al planeta, las consultas populares seguramente serán las mejores soluciones a adoptar. Y ni se diga en el caso argentino, que aparte de afirmar soberanía sobre el Paraná y la continuidad acuática que nos dará el imprescindible Canal Magdalena, tiene otras candentes cuestiones a la par: megaminería, litio, fracking, nacionalización de todas las aguas, tala de bosques pero en serio y tanto más.
Cierto que Alberto y Axel y los demás gobernadores están ahora copados por la pandemia –y particularmente por el ataque de una oposición fascista que impulsa a descerebrados dizque libertarios a una épica delirante– pero también por eso parece recomendable parar la pelota, jugar con el tiempo a favor y hacer docencia cívica con verdad y patriotismo. Que no debe faltar.
