Por Mariana Carbajal
Guadalupe Curual tenía 21 años y una hija de un año. Había denunciado en los últimos meses a su expareja Juan Bautista Quintriqueo, de 32 años, varias veces. El tenía una orden de prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia. Este martes, alrededor de las 21.30, la asesinó, después de correrla con un cuchillo durante unas diez cuadras. La mató cerca de la plaza central, frente a la municipalidad de Villa La Angostura. En una carrera desesperada, Guadalupe gritó y pidió ayuda, pero no pudo salvar su vida. Otro femicidio anunciado. El agresor no tenía tobillera. ¿Cuándo se las van a poner a los denunciados por violencia de género para monitorear que no violan las perimetrales y se acercan a su víctima? ¿Cuando ya están en la cárcel por el femicidio para controlar si van al baño?
En la reunión que el jueves mantuvimos con el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en la Casa Rosada, ocho mujeres autoconvocadas le entregamos un petitorio: uno de sus puntos es la necesidad de que haya disponibles tobilleras y se usen. Se nos informó que esos dispositivos dependen de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que no estaba en el encuentro, y que ella tiene una buena cantidad disponible, pero que los gobiernos provinciales no los piden. No sabemos si los femicidios de Úrsula Bahillo, en la provincia de Buenos Aires, y el de Guadalupe Curual, en Neuquén, se podrían haber evitado si sus agresores, denunciados en ambos casos en múltiples oportunidades, hubieran tenido tobilleras y la policía los monitoreaba. Tal vez sí. Pero al menos sabríamos que estamos intentando hacer todo lo posible para prevenir los femicidios.
En 2019, organizaciones de mujeres de La Angostura presentaron unas 2500 firmas en el Concejo Deliberante pidiendo la creación de una comisaría de la Mujer en esa pequeña localidad turística. La iniciativa fue rechazada por unanimidad: todas las fuerzas políticas le dieron la espalda. Le cedieron el lugar que se pedía para que se abriera un espacio especializado para atender las denuncias por violencia de género para que tuviera su sede del Colegio de Abogados en la Ciudad Judicial, según me contó esta mañana Valeria Navarro, exconcejal del Frente de Todos entre 2011 y 2015, militante social desde los 13 años. “Hasta los concejales del Frente de Todos votaron en contra”, me dijo, desilusionada, Valeria. Toda una imagen.
Vuelvo a mi pregunta de hace una semana: ¿No se quiere o no se puede prevenir los femicidios?
La hermana de Valeria, Lucía Murer --son hermanas por madre-- vivía con Guadalupe desde hace un par de semanas: compartían una pequeña casa, en un barrio periférico de La Angostura, en el barrio Inacayal, de esos de terrenos apiñados, ocultos a la vista de los turistas, que solo conocemos el lago y sus senderos y cerros maravillosos. Se habían juntado las dos jóvenes porque la crisis económica pegó fuerte también por la zona, y hacían red entre mujeres: Lucía también tiene un bebé y le cuidada el hijo a Guadalupe, mientras ella trabajaba en la panadería Las Rosas, una de las más conocidas del pueblo. En La Angostura hay alrededor de 15 mil habitantes.
“Las últimas 48 horas de Guadalupe fueron tremendas: él le decía que la iba a matar, le relató paso a paso lo que le iba a hacer, que no la iba a dejar con vida, que si no era de él no sería de nadie”, contó Valeria. Lo que dicen y hacen los femicidas. Hace dos días había aparecido en el barrio un maniquí colgado con la panza abierta y con manchas rojas, como de sangre.
Lucía llegó a la casa 15 minutos después de que Guadalupe empezara su carrera desesperada. La sospecha es que las dos amigas podrían haber sido el objetivo del femicida.
Quintriqueo se provocó algunas lesiones luego de asesinarla con el cuchillo --tal vez pretendió suicidarse como hace alrededor del 25 por ciento de los femicidas: está internado en el hospital local. Era changarín, tocaba el acordeón en un grupo de música familiar.
Valeria Navarro llegó a La Angostura hace dos días, para estar presente en el juicio de pena contra el abuelo de su hija: en diciembre de 2020 por unanimidad, los jueces Juan Pablo Balderrama, Diego Fernando Chavarria Ruiz y Mario Oscar Tommasilo encontraron culpable de “abuso sexual gravemente ultrajante” por hechos cometidos contra la chica, hoy de 21 años, cuando ella tenía entre 6 y 17 años: recién lo pudo contar en 2019 en el contexto del colegio, donde la joven habló y activó el protocolo de denuncia. Se trata de Enrique Loncon, un policía retirado del pueblo, que había sido declarado personalidad ilustre de La Angostura y todavía mantiene esa distinción. El hombre sigue en libertad aunque por la escala penal podría ser condenado a una pena de entre 8 y 20 años de prisión. No está preso porque falta el juicio de la pena, que iba a ser el viernes y fue postergado por la justicia para el 30 de marzo.
Este miércoles a la mañana, Valeria y otras mujeres de La Angostura ingresaron a la fiscalía local para exigir respuestas. “No nos callamos más”, fue uno de los gritos. No nos callemos más.
No podemos aceptar que el Estado no llegue antes, no cuide y proteja a las pibas, a cada mujer en riesgo en un contexto de violencia machista, amenazada por su pareja o su ex. Insisto, es urgente que este tema sea prioritario para los gobiernos provinciales, de cada municipio, para la justicia, para el Gobierno Nacional. Es ahora. Demuestren que efectivamente quieren prevenir los femicidios.
