Por Joaquín Waldman y Lucía Cavallero
Descartadas las opciones de defaultear la deuda o pagarla, la opción posible era sentarse a negociar con el Fondo un nuevo préstamo para cancelar los vencimientos. ¿Negoció bien el ministro Martín Guzmán?
La mejor opción posible
Por Joaquín Waldman (*)
Muy pocos países defaultearon pagos al FMI. A la mayoría le fue mal. Todos terminaron, tarde o temprano, pagando. Esto no implica que cualquier acuerdo con el Fondo sea bueno. De hecho, muchos préstamos del organismo terminaron en importantes crisis, pérdidas de puestos de trabajo y caídas de los salarios. Sin ir más lejos, los pactos firmados en 2018 tuvieron graves consecuencias para nuestro país. Lo que la experiencia histórica sí indica es que hacerle un pagadiós a la institución a la que debemos más de 40.000 millones de dólares está descartado.
Otra de las opciones a tachar de la lista de alternativas es cancelar lo adeudado, como hiciera Néstor Kirchner en 2005: la deuda en los términos actuales es impagable. El cronograma vigente contempla pagos en los próximos 2 años por un monto mayor a todos los dólares del Banco Central y equivalente a 15 veces sus reservas netas (las divisas que no pertenecen a China ni los depositantes). Dicho todo esto, si no se puede defaultear ni pagar, sólo se puede acordar un nuevo préstamo para cancelar la deuda original.
Tras 2 años de tensiones, el viernes 28 de enero se dio un primer paso en este sentido cuando el poder ejecutivo y autoridades del Fondo anunciaron haber alcanzado un entendimiento preliminar. La demora en las negociaciones tuvo su razón de ser, ya que ambas partes aprovecharon hasta el último momento para intentar acercar lo pactado a sus pretensiones, que eran bien diferentes. La posición argentina era postergar lo más posible los pagos y obtener condiciones laxas, mientras que la contraparte del FMI exigía cobrar antes, recortando el déficit público más rápido. Cuando el tiempo (y las reservas netas, que no alcanzaban ni para los pagos de este primer trimestre) se agotaba, se anunció el entendimiento que marca los trazos gruesos del acuerdo y podría salvar a Argentina del tan doloroso default.
El acuerdo será un Servicio Ampliado del Fondo (o acuerdo de facilidades extendidas), un préstamo que da un lapso mayor al país para devolver lo adeudado a cambio de una mayor intromisión del organismo sobre políticas “estructurales”. En la actualidad, alrededor de 15 países mantienen préstamos de este tipo, siendo Pakistán, Túnez y Ecuador algunos de los más importantes. A estos países se les exigen medidas específicas sobre sus empresas públicas, sistemas previsionales y leyes de inversión, entre otros. Sin embargo, a contramano de sus pares, las autoridades argentinas habrían logrado algo inédito: acordar un Servicio Ampliado del Fondo a repagar en 12 años que no incluiría ninguna reforma estructural.
Además, los acuerdos con el Fondo tienen metas cuantitativas que se revisan periódicamente y cuyo cumplimiento condiciona los desembolsos de dólares. Estas contemplan, por ejemplo, exigentes ajustes del déficit fiscal y la emisión monetaria. En nuestro caso, dichas revisiones -presentes en todo contrato del organismo y, por lo tanto, inevitables- serán trimestrales. Sin embargo, los criterios que se difundieron también muestran algo atípico, ya que la consolidación fiscal se ve bastante más relajada y paulatina que en otros casos. Por ejemplo, el acuerdo firmado por Macri en 2018 postulaba que se alcanzaría el equilibrio primario en 2 años (partiendo de un déficit de 3,8 por ciento del PBI en 2017), mientras que el pacto actual alcanzaría ese hito, partiendo de un rojo menor (2,2 por ciento del PBI o 3,6 por ciento si no se cuentan recursos extraordinarios), en el doble de tiempo. El sendero de mejoría fiscal también es menos exigente que en los últimos acuerdos extendidos del organismo, y no incluiría recortes en ciencia, tecnología, obra pública ni programas sociales.
En definitiva, acordar era la mejor opción posible (si no la única). Todavía queda mucho por conocerse, tanto de detalles técnicos como sobre discusiones políticas en torno a la aprobación del acuerdo. Sin embargo, y aunque no augure una rápida mejora de los ingresos ni una veloz desinflación, el entendimiento alcanzado representa una buena noticia, en tanto no implica ajustes bruscos ni impone políticas estructurales a nuestro país.
(*) Economista e investigador del Centro de Estudio de Estado y Sociedad.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿Quién paga la cuenta?
Por Lucía Cavallero (**)
El anuncio del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como ya se ha dicho, no tiene nada para festejar. Sin embargo, nos encontramos en un momento en que se ha abierto, más que nunca, el debate sobre el contenido político y sobre lo que implica este acuerdo.
Es importante recordar que este debate no tuvo lugar cuando Mauricio Macri tomó este préstamo sin pasar por el Congreso de la Nación y anunciándolo de la noche a la mañana. El gobierno de Cambiemos apeló al FMI cuando encontraba mayor resistencia a las reformas que quería llevar a cabo en medio de un ascenso de la movilización popular.
Hoy nos encontramos frente al desafío de involucrar a la sociedad de modos que politicen al máximo esta coyuntura en la que se juegan las posibilidades de vida de varias generaciones de argentinos. ¿Cómo abrimos este tiempo para que no sea solo un tiempo colonizado por el chantaje del capital financiero y sus socios mediáticos? Es sobre la disputa del tiempo por venir en la que basa sus operaciones la deuda. No por casualidad Kristalina Georgieva, Directora general del FMI advirtió hace unos días que para Argentina “no hay "alternativa" a firmar un acuerdo en los términos del fondo, anticipando que sus condiciones pueden “endurecerse” aún más en un futuro próximo. En sus palabras se condensa esta voluntad de cierre en la temporalidad futura que impone la deuda.
Por eso, necesitamos estrategias que amplíen nuestra imaginación política y que pasan por hacer contra-pedagogías que cuestionen el círculo de la violencia financiera. La posibilidad de insistir en un cuestionamiento de la legitimidad del acuerdo firmado en el año 2018 en la Corte Internacional de Justicia, no puede ser descartada. Existen razones tales como el incumplimiento del FMI de sus propios estatutos en relación al monto prestado y a haber prestado aún sabiendo que se estaba en un proceso de fuga de capitales que exigen ser tenidas en cuenta. Al mismo tiempo es necesario insistir con el avance de las causas abiertas a nivel local que cuestionan el papel de los funcionarios macristas en este proceso de endeudamiento criminal.
Existe también la necesidad de discutir, más allá del acuerdo, quién pagará esa deuda. La consigna levantada desde los movimientos sociales y feministas es clara: al decir "La deuda es con nosotros" sistematiza los efectos de precarización que ya se viven y advierten que no puede haber demora en atender las demandas de quienes han visto sus derechos más vulnerados durante la pandemia y en particular mujeres, lesbianas, travestis y trans que siguen teniendo la carga laboral remunerada y no remunerada más desigual y quiénes han vivido durante este tiempo excepcional una reforma laboral de hecho. Los diagnósticos feministas han dado cuenta de multiplicación de jornadas dentro de un mismo día, el cansancio que implica ponerle el cuerpo a la crisis, el teletrabajo en simultáneo con las tareas escolares dentro de las casas, los malabares frente al desempleo y la reducción de ingresos, el aumento del trabajo comunitario de las trabajadoras de la economía popular durante toda la pandemia. A nivel global, un informe de reciente aparición de OXFAM, destaca que a nivel global la riqueza de los diez hombres más ricos del mundo se ha duplicado durante la pandemia mientras que ha crecido significativamente la carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres. La discusión sobre cuáles son las deudas y quién nos debe se vuelve una pregunta aplicable a la vida cotidiana. Necesitamos avanzar en ponerle nombre y apellido a los que fugaron el dinero del endeudamiento macrista y hacer que sean esos sectores los que paguen. El acuerdo aún debe discutirse en el Parlamento a la vez que hay detalles que todavía no se conocen. Necesitamos apropiarnos de este tiempo, y decir claramente quién va a pagar la cuenta y qué es lo que se nos debe.
(**) Socióloga e investigadora. Coautora de “Una lectura feminista de la deuda.
