Por Melisa Molina
Un juez federal ordenó respetar el DNU y suspender las clases presenciales hasta tanto resuelva la Corte. En la Rosada dicen que al negarse Larreta viola la ley. Los gremios docentes confirmaron un paro de 24 horas.
A diferencia del domingo, esta vez no hubo conferencia de prensa sino solo un comunicado donde el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que no reconocerá un fallo que no sea de su conveniencia o interés. A través de un escueto comunicado señaló que "hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de las clases presenciales". De esta manera seguirá ignorando lo dispuesto por la Justicia Federal que, mediante un fallo del fuero en lo Contencioso Administrativo, se le ordenó expresamente que suspendiera la presencialidad escolar. El comunicado del gobierno porteño dice que esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Enterados, en el Gobierno Nacional sostienen que “Larreta incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial". Mientras tanto, los principales gremios docentes de CABA confirmaron que seguirán de paro.
El fallo del juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, se conoció hacia el final de la tarde de ayer. Allí el juez declaró la incompetencia de la Justicia porteña en este tema y envió la causa a la Corte Suprema, dejando sin efecto la cautelar planteada por dos agrupaciones de padres y madres de alumnos cercanas al macrismo contra el DNU del Gobierno nacional que rige hasta el 30 de abril y que establece, entre otras restricciones, el dictado de clases virtuales en el AMBA. El escrito del Furnari además establece "dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021" y "hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada".
Desde el Gobierno Nacional expresaron que "el juez puso las cosas en su lugar al confirmar en su sentencia lo dicho por el Presidente". Además, destacaron que el escrito del juez "pone en manifiesto que los jueces de CABA nunca debieron introducirse en un tema del cual no eran competentes y que al hacerlo generaron confusión e incertidumbre en la sociedad". El fallo ahora anulado fue emitido el domingo por la noche por un tribunal porteño conformado por Nieves Machiavelli, hermana de Eduardo Machiavelli, funcionario del gobierno porteño y secretario del PRO y por Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini.
En ese sentido, desde Balcarce 50 expresaron que el gobierno de Larreta "basó su decisión en un fallo que constituye un estrago jurídico, la justicia porteña es incompetente para expedirse sobre un DNU que tiene carácter nacional". Opinaron que CABA debería haberse adecuado a la norma que fue promulgada en el Boletín Oficial el viernes pasado y que "la sentencia es inapelable".
La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en tanto, opinó que "el Gobierno de la Ciudad no puede decidir hacerle caso a un juez y a otro no. Pedimos mesura, volver a las decisiones templadas y sensatas que es lo que necesita la gente en estos momentos de desasosiego". Para Ibarra, el gobierno porteño debería haber actuado "conforme a la Constitución y acatar la desición del juez". "Lo que crea incertidumbre no es el fallo, sino la actitud que ha tomado el GCBA. Si ellos acudieron a la Corte, tendrían que haber esperado que ésta decida. Allí hubo en el medio dos agrupaciones de padres cercanas al macrismo que obligaron al Gobierno porteño a algo que ellos querían hacer desde el comienzo que es continuar con la presencialidad. Es todo una irregularidad enrome", puntualizó.
Con respecto a las medidas adoptadas por la Casa Rosada, señaló que "necesitamos que la gente se cuide y bajar la curva de contagios. Hoy (por ayer) hubo 3345 casos la Ciudad, lo cuál es es un número enorme. Necesitamos que el sistema de salud no desborde y vamos a seguir trabajando para que la gente se sienta cuidada". "Vamos a traer más vacunas como lo venimos haciendo, a seguir vacunando y a respetar la Constitución. Pretendemos que del otro lado exista la misma actitud porque no es un buen momento para tratar de sacar ventajas políticas", remarcó.
Colaboradores del Presidente también dijeron a este diario que no había precedentes jurídicos de lo que está sucediendo y que "siempre dicen que los DNU son para utilizar en casos de epidemias o catástrofes y este es ese caso puntual". "Estamos tratando de que la gente no se muera", aseguraron.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en tanto y como siempre, salió a avivar aún más el fuego y respaldó a Larreta. "Esto ha sido un capricho del presidente de la Nación. Mañana los chicos van a clases", dijo y agregó una errónea e intencionada interpretación del fallo de Furnari al sostener que "un juez federal no puede anularle a un juez provincial un fallo".
Poco después de que se conociera el fallo de Furnari, los colaboradores presidenciales analizaron la reacción de Larreta donde aseguraron que incurrió en "el delito de desobediencia civil" porque desconoce un fallo judicial. El Presidente, en tanto, mantuvo silencio durante toda la jornada hasta que recurrió a la red social Twitter para replicar el tuit de un portal donde justamente se sostenía esta misma tesis.
El derrotero judicial
El lunes pasado la Corte aseguró que tenía "competencia originaria" en este conflicto y ese mismo día el máximo tribunal notificó a las partes y libró oficio a la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles. En ese sentido, los equipos de Jefatura de Gabinete y de la Procuración del Tesoro trabajan para enviar cuanto antes la respuesta.
La resolución de Furnari se conoció luego de que la Rosada realizó una presentación en el fuero contencioso administrativo federal. Los abogados del Estado conducidos por Carlos Zannini habían planteado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la “nulidad por falta de competencia” de la resolución de la cámara porteña a favor de la presencialidad escolar. Furnari dejó sin efecto la medida cautelar que favorecía a Larreta y que el jefe de gobierno porteño decidió ignorar y se aferró a la opinión de la Procuración General porteña que le recomendó "seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad" hasta tanto el conflicto sea resuelto por la Corte.
