Por Ricardo Augusto Nissen
1. El martes 16 de Julio pasado, en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Ministerio de Justicia, su titular, Mariano Cúneo Libarona, anunció y recalcó hasta el cansancio que los habitantes de la República Argentina estamos en un nuevo país, “un país donde se busque desregular, simplificar, eliminar trabas, innecesarias y mal impuestas a los argentinos de bien”. Se estaba refiriendo a la labor que la Inspección General de Justicia desarrolló y viene desarrollando desde su creación, en el año 1893, en forma ininterrumpida y sin solución de continuidad desde hace 131 años, pues dicho organismo fue precisamente creado, con otra organización administrativa, ante los notorios abusos incurridos por las sociedades anónimas que en nuestro medio existían desde la sanción del Código de Comercio nacional en el año 1862. Por aquel entonces y luego de un período de investigaciones, se descubrió que el objetivo de las sociedades anónimas no era operar en una organización colectiva de manera lícita, sino especular con la emisión de acciones y obtener por esa vía ventajas económicas indebidas, lo que justificó sobradamente el retiro de la personería de esos entes infractores. El control estatal fue tan intenso como necesario que solo quedaron en funcionamiento un número aproximado de 400 sociedades anónimas, que siguieron sometidos a un intenso control estatal, por decreto del Presidente Luis Figueroa Alcorta del año 1908, quien extendió esa fiscalización, de carácter permanente, a las sociedades a las extranjeras y civiles. Debemos a ese eficaz control - justificado también en razones de soberanía y bienestar general - la activa intervención del Estado, a través de la Inspección General de Justicia, llevado a cabo en las estancias de propietarios británicos situados en la Patagonia, donde se pretendía imponer a todos quienes trabajaban en esos campos la legislación inglesa y no la nacional, lo cual ocurrió aproximadamente hasta la tercera década del siglo veinte
En la conferencia de prensa del 16 de Julio, insistió el Ministro Cúneo Libarona, en presencia del actual Inspector General de Justicia que “Nuestro objetivo va a ser siempre resguardar la libertad de los argentinos, y fundamentalmente, facilitarles la vida y los procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida Argentina. El Estado siempre fue un enemigo, un obstáculo, una traba para aquellas personas que quisieron invertir en nuestra patria. Nosotros vamos a desmantelar ese sistema perverso y a facilitar la vida de los argentinos. En concreto, la Inspección General de Justicia, que bien dirige Daniel ( ? ) durante mucho tiempo fue un organismo intervencionista y obstruccionista, dirigido por la política y avasalló de sus competencias, soslayó la Constitución y generó grandes daños y perjuicios a todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la Argentina. Eso terminó. Estamos en otra etapa”.
2. Pocas veces he escuchado tantas insensateces ni he advertido tanta genuflexión hacia las actuales autoridades nacionales, en especial respecto del presidente de la Nación, quien tiene por costumbre echar de sus respectivos cargos a quienes no piensan exactamente como él, no solo en cuestiones de política sino de temas desvinculados al gobierno del país y propios de la conciencia de cada uno. Por esa razón, el Ministro de Justicia, Cúneo Libarona adoptó un estilo de denuncia y confrontación con quienes gestionaron la IGJ en los últimos años, pues este funcionario ignora todo lo relativo a la importancia y trascendencia de la labor fiscalizadora de la Inspección General de Justicia, a la cual solo debe haber concurrido por cuestiones protocolares, pero que de su rica y trascendencia historia nada conoce, y lo que es peor, ignora el fenómeno periodístico mundial de los “Panamá Papers” ( 2016 ), “Paradise Papers” ( 2019) y “Pandora Papers” ( 2022 ), que pusieron al descubierto los graves perjuicios que ocasionan las sociedades offshore en el mundo, a las cuales sus principales víctimas son los argentinos “de bien”; pero concebidos éstos en su verdadera acepción, esto es, las personas que caracterizan por su solidariedad buena fe y laboriosidad. La tragedia de Cromagnon del año 2004 hizo conocer a los argentinos los peligros que encierra, para los ciudadanos y para el país, las sociedades nacionales que se disfrazan de extranjeras y la existencia de 130 muertos por falta de gastos de seguridad en ese establecimiento así lo avala.
3. La calificación como política a la labor de la Inspección General de Justicia, y la caracterización como obstruccionista e intervencionista respecto de los funcionarios que tuvieron a cargo de ese organismo de control durante los últimos años ( con excepción del período 2015/2019 ) implica desconocer la realidad de la forma como se hacen gran parte de los negocios en la República Argentina, esto es, por argentinos disfrazados de extranjeros y que se valen de sociedades ficticias extranjeras para actuar comercialmente en la Argentina, siempre por ciudadanos nativos y pagando los impuestos en guaridas fiscales que se dedican a la piratería desde los lugares mas recónditos del mundo, con una impunidad y complicidad del Poder Judicial que resulta verdaderamente alarmante, y que no es ajeno al desquicio económico que exhibe la economía de nuestro país.
La promesa del mismo ministro de suprimir los controles estatales sobre las sociedades anónimas nacionales, extranjeras y SAS, avalada por el actual Inspector General de Justicia en su última resolución general nº 15/2024, argumentando que la Inspección General de Justicia no es un organismo de control sino una mera dependencia de fomento de inversiones en la Argentina, a la que ahora califican como “Servicio Económico de Interés General”, están proclamando a los cuatro vientos que toda inversión extranjera será bienvenida en Buenos Aires, a cuyos inversores se les promete no efectuar controles de ninguna especie, incluso respecto de las sociedades constituidas en guaridas fiscales. Bienvenidas entonces, para las actuales autoridades, las sociedades “extranjeras” que vienen a la Argentina como vehículos de simulación para defraudar al cónyuge, a los herederos no queridos o a los terceros acreedores y también para facilitar la presentación de concursos preventivos fraudulentos, todo lo cual es admitido y tolerado por la Justicia Comercial, cuyas preferencias por el sector corporativo son indisimulables.
4. Lo que verdaderamente resulta lamentable de todo ello es que ni el Ministro de Justicia ni el actual Inspector General de Justicia leyeron alguna vez las cientos de resoluciones generales y particulares dictadas por la Inspección General de Justicia que pusieron freno a su “gente de bien”, creando falsas sociedades externas con una interminable cadena de “sociedades vehículo” o “beneficiarios finales”, insertados como “mamushkas” en los respectivos instrumentos societarios, a los únicos efectos de evitar que dichas sociedades o sus controlantes – obviamente ciudadanos argentinos, pero no precisamente “de bien” - pudieran honrar sus compromisos asumidos o evitarles responsabilidades por la actuación de sus sociedades simuladas y fraudulentas, creadas para llevar a cabo sus negocios personales y planificar su vida privada, desde su matrimonio hasta su muerte. De haber aquellos funcionarios leído el texto de esas resoluciones que fueron dictadas por quienes promovieron la actuación de sociedades por acciones simplificadas ( SAS ) que hoy casi en su totalidad desaparecieron misteriosamente de sus domicilios sociales, y que han sido protagonistas de todo tipo de maniobras fraudulentas, desde lavado de dinero a constitución de usinas de facturas falsas, de modo que mal pueden calificar a la labor anterior de la Inspección General de Justicia, como una mera maquina burocrática de impedir inversiones genuinas de sociedades legitimas integradas por supuesta “gente de bien”. Es también una verdadera pena que dichos funcionarios no hayan leído las resoluciones de la Inspección General de Justicia dictadas en los expedientes dedicados al “Fideicomiso Ciego de Administración”; de la verdadera actividad de la sociedad “Hidden Like SA”, mantenida con millonarios aportes provenientes de sociedades offshore de propiedad exclusiva del magnate Joseph Lewis, recientemente condenado en los Estados Unidos por la consumación de delitos económicos e impositivos y con cuyos fondos se mantiene una tropa privada, dedicada a apalear a los ciudadanos que pretenden avistar el Lago Escondido, oculto en aquella estancia y cuya intervención judicial la anterior IGJ reclamó reiteradamente a la justicia comercial, sin el menor éxito. Del mismo modo, hoy esos campeones de la desregulación, que hasta utilizan el mismo lenguaje de su jefe, para evitar su defenestración del cargo que hoy ocupan y que tienen pánico de perder, de haber tenido conocimiento de la labor de la IGJ en el período 2019/2023, habrían tomado conocimiento de las actuaciones de la asociación civil creada e integrada por Patricia Bullrich, de la cual vivía muchísima gente ajena a la supuesta actividad filantrópica que la misma jamás realizó – a pesar de la inexistencia de fin de lucro que caracteriza a estas personas jurídicas - y de cuya caja fueron abonados los honorarios que la actual Ministra de Seguridad pagó a un perito informático para borrar los celulares de su estrecho colaborador Gerardo Millman y sus selectas secretarias, todos partícipes de una no menos curiosa conversación en un bar del barrio de Congreso, donde se hacía referencia al inmediato intento de homicidio a la por entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
5. Como toda calamidad, este gobierno va a pasar y quedará en la historia como un gobierno cruel y carente de solidaridad, que se negó a apoyar a los comedores escolares, a contribuir a mejorar la salud de enfermos de gravedad, a dejar morir de frío a las personas en situación de calle o de reprimir sin miramientos a quienes se reunieron para ejercer su constitucional derecho de protesta. No se lo recordará, sin embargo, como un gobierno integrado por personas que se caractericen por cumplir eficazmente los principios generales de derecho previstos por los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación que impone a todas las personas el deber de prevención del daño, normas estás que estuvieron presentes en un gran número de resoluciones tanto generales como particulares dictadas por la IGJ en otras gestiones que tanto critican hoy los aludidos funcionarios. Muy por el contrario, la eliminación de los controles por parte de la Inspección General de Justicia sobre las personas jurídicas, y en especial, de las sociedades provenientes de Delaware y otras guaridas fiscales y sociedades por acciones simplificadas no atraerá a los verdaderos empresarios nacionales y foráneos a invertir en el país, siempre respetuosos de la ley, sino a los “rastacueros de siempre”, a los cuales el Diccionario de la Real Academia Española define como “vividores, advenedizos, personas incultas, adineradas y jactanciosas”.
Termino estas líneas con una pregunta que todo lector se va a hacer: ¿Cual será la actitud del titular de la IGJ cuando se le presente, para su inscripción, una SAS unipersonal, con única socia constituida en Delaware, con el capital social previsto en la ley 27349 y pretenda adquirir un club de fútbol con sede en CABA?
El autor es Profesor Titular de Derecho Comercial de la UBA y de la UNDAV. Ex Inspector General de Justicia ( 2005-2005 y 2020-2023 ).
