Por Carolina Moisés
El pasado viernes fueron emitidas por parte de la fiscalía boliviana las órdenes de detención a Jeanine Áñez, cinco de sus ex ministros y seis jefes militares, por el golpe de Estado y la consecuente ruptura constitucional producida en noviembre de 2019. Específicamente, Áñez es acusada de sedición, conspiración y terrorismo.
Durante los hechos que rodearon el golpe de Estado se registraron –sólo de manera oficial– treinta y seis muertes, más de ochocientos heridos y alrededor de mil quinientas personas detenidas de forma ilegal y un centenar de perseguidos. Al parecer, son hechos sin relevancia para la OEA que no sólo niega la autoproclamación de Áñez, las muertes, detenciones ilegales, persecuciones y los delitos de lesa humanidad que se cometieron sistemáticamente, si no que impidió por meses el retorno a las urnas del pueblo boliviano.
Los comunicados de la OEA y las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro, llamando a la liberación de los perpetradores del golpe de Estado demuestran las intenciones latentes de seguir interviniendo en los asuntos internos de la región a favor de intereses extranjeros y en detrimento del fortalecimiento de las democracias latinoamericanas y la integración de sus pueblos. Estos dos últimos han sido los objetivos de la cooperación que el Estado argentino prestara en su clara vocaciones de diálogo y liderazgo regional a través de las acciones de acercamiento y colaboración de nuestro presidente Alberto Fernández para con Evo Morales.
La política argentina respecto a Bolivia es y será en defensa de la democracia y la autonomía regional. En ese sentido, cabe recordar que la grave crisis de derechos humanos ocasionada a partir del golpe antidemocrático en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia ha sido encabezada, entre otros actores, por las personas contra las que se han dirigido estas órdenes de detención.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la misma OEA, pudo comprobar en su misión a Bolivia en 2019 las numerosas pruebas y denuncias de víctimas, familiares y organizaciones durante la represión del gobierno de Áñez.
Con el tiempo, quedó demostrado que la ruptura constitucional encabezada por Áñez intentó fundamentarse en una acusación de fraude electoral contra Evo Morales y Álvaro García Linera, que no pudo ser probada y las investigaciones posteriores demostraron que no existió. Todo esto quedó demostrado cuando el gobierno de Áñez acrecentó su falta de legitimidad y el pueblo salió a las calles, siendo objeto de una feroz represión.
Jeanine Áñez fue la cara visible de intereses que atentaron contra la democracia en Bolivia y en la región, propiciando un golpe de Estado que trajo muertes, desaparecidos y años de buena gestión perdidos. No fue una presidenta interina, sino de facto. Y ahora deberá rendirle cuentas a la justicia. Evidentemente, el pueblo boliviano ya la juzgó.
En este marco, la Cámara de Diputados de la Nación trabaja en un proyecto de repudio contra el grave comunicado emitido por la OEA, un organismo multilateral que debe funcionar para el consenso y la custodia de los derechos y libertades individuales, como así también para asegurar las determinaciones de los Estados de la región en su funcionamiento interno.
Nuestro deber, como república democrática, como defensores de los derechos humanos y creyentes de la integración de nuestros pueblos y del desarrollo autónomo, es apoyar y fortalecer las decisiones de los gobiernos de la región en contra de las intromisiones externas y en favor de nuestras sociedades.
(*) Diputada nacional por el Frente de Todos de Jujuy
