Por Guido Leonardo Croxatto
Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.
Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.
El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy).
El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.
Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).
