Por Luciana Bertoia
La exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Hugo y Pablo Moyano, Santiago Maldonado, los supremos Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, son solo algunos de los vigilados.
El espionaje no estuvo, durante el macrismo, concentrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por el contrario, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) parece haber jugado un rol clave a la hora de controlar los ingresos y los egresos del país de quienes le interesaban al gobierno de Mauricio Macri. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, pasando por varios ministros de la Corte y algunos gobernadores, muchos estuvieron bajo la mira del organismo.
En la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, encontraron 58.169 consultas sobre entrada y salidas del país de personas, que habrían sido efectuadas sin contar con respaldo judicial o administrativo, como anticipó Página/12. No quiere decir que la lista de controlados ascendiera a más de 58.000 personas, sino que son los movimientos que quedaron registrados en el sistema.
El monitoreo se hacía por dos vías: a través de un sistema que se llama Halcón o a través de las 23.944 claves que la administración Cambiemos repartió entre las distintas fuerzas de seguridad e incluso le dio a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Unidad de Información Financiera (UIF). De esas, 20.000 estaban en manos de la Policía de la Ciudad, que ya emergió como una pieza importante en el espionaje que se investiga en Lomas de Zamora al haber aportado varios de sus agentes al grupo de los Súper Mario Bros.
La revisión de los registros migratorios es investigada por el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal federal Federico Delgado. El jueves último declaró ante Ramos la actual directora de Información Migratoria, María Agustina Salduna, que dio detalles sobre cómo era la operatoria. La DNM -- a cargo de Florencia Carignano -- había hecho la denuncia en octubre del año pasado y en esa presentación había informado que la gestión anterior -- a cargo de Horacio García -- había intentado borrar los registros.
Desde 2005 existe el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM). Diez años después se puso en marcha un sistema llamado Halcón que se nutre del SICAM, pero que tiene como objetivo monitorear en tiempo real los ingresos y los egresos de una persona que previamente fue cargada en el sistema. Cuando una persona entra o sale, el sistema emite una alerta silenciosa, que no es percibida por el inspector de Migraciones y va directamente a varias casillas de mails. En este caso, el objetivo del sistema no es detener a la persona, sino saber qué hace. Debe hacerse a pedido de una autoridad judicial, pero no fue así como funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Durante la gestión anterior, no sólo llegaba el mail, sino que había una orden expresa de informarle a cuatro funcionarios de alto rango de la DNM que tal persona entraba o salía. Podía ser por mail o por WhatsApp, explicó la funcionaria en el juzgado.
Al juez Ramos le interesa saber si se podían cargar desde afuera de la DNM a las personas cuyos ingresos y egresos debían notificarse. La experta le dijo que no tienen constancia de que así haya sido, pero que entendía que podría haberse hecho con una conexión VPN -- red privada entre distintas computadoras--. Esa conexión existió hasta el año pasado, cuando se produjo un hackeo y una filtración masiva de datos de Migraciones.
La investigación se empieza a poner en marcha. Por ahora, el juez Ramos tiene un muestreo de cómo funcionaba el sistema, pero debe ir caso por caso. La denuncia de Migraciones se acumuló a la investigación que venía llevando adelante Rodolfo Canicoba Corral desde 2019 y en la que, como había contado este diario, se hacía foco en el espionaje a los jueces. Desde que Canicoba se jubiló, su juzgado es subrogado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El problema es que Capuchetti también fue víctima de la vigilancia de Migraciones y se terminó apartando, por eso la causa es ahora instruida por su colega Ramos.
Controlades
Dentro de las alertas del sistema Halcón estaban cargados Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo. No es novedad que el macrismo haya estado interesado en CFK. Las máximas autoridades de la AFI macrista están procesadas por espiar a la expresidenta en su departamento de Juncal y Uruguay y en el Instituto Patria.
En el Halcón también estaban Hugo y Pablo Moyano e incluso llegó a estar Santiago Maldonado y un testigo en la causa que investiga qué pasó con el joven después del operativo violento de la Gendarmería. Julio De Vido y Francisco De Narváez también tenían sus propias alertas.
Por las búsquedas en la base de Migraciones, se muestra el interés del macrismo en algunos actores importantes en la justicia e incluso gobernadores peronistas. Según pudo saber Página/12, el macrismo miró con insistencia los registros migratorios de Gils Carbó entre 2016 y diciembre de 2017, que coincide con el período en el que maniobró para sacarla de la Procuración.
A Ricardo Lorenzetti le miraron los datos de Migraciones para esa misma fecha, momento en el cual ejercía la presidencia de la Corte Suprema. Otro de los monitoreados fue el supremo Juan Carlos Maqueda. Sus nombres ya habían aparecido en la investigación que llevaba adelante Canicoba Corral. Lo curioso es que muchas consultas sobre los judiciales se hicieron desde las claves de la AFIP o de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Al exgobernador pampeano Carlos Verna le miraron con insistencia sus movimientos migratorios. Varias consultas se hicieron desde la sede central de la AFI, según pudo reconstruir este diario. Otro de los gobernadores espiados, Gustavo Bordet (Entre Ríos) ya anticipó que va a presentarse como querellante en la causa.
Antecedentes
En la investigación de espionaje que llevó adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores también apareció un prefecto, Franco Pini, que revisaba los movimientos migratorios de Rosenkrantz o de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. El fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone también está implicado como quien le facilitaba los registros telefónicos o los movimientos migratorios a la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio. Bidone enfrenta desde el lunes pasado un juicio con D’Alessio por la extorsión al empresario Gabriel Traficante y fue procesado también en Dolores por Ramos Padilla.
En diciembre de 2017, el gobierno de Macri rechazó la acreditación de 65 personas para participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y mandó sus nombres a Migraciones en calidad de “alerta”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus y en la audiencia la DNM explicó que ninguna de esas personas tenía prohibición de ingreso al país. La actual gestión de Migraciones remitió un informe sobre ese caso a la justicia para que se lo investigue como parte de la actividad ilegal de inteligencia que habría tenido lugar en ese área. Ya se sabe, por una denuncia que presentó el año pasado la interventora Cristina Caamaño, que la AFI había participado en el filtro.
En el Consejo de la Magistratura
El espionaje que habrían sufrido jueces durante el macrismo llegó a la agenda del Consejo de la Magistratura, donde discutieron el tema el jueves pasado y resolvieron pedir informes al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. El presidente del cuerpo, Diego Molea, ya cursó la solicitud a Lomas de Zamora, donde surgió que el tribunal que juzgó al exjefe del Ejército César Milani por delitos de lesa humanidad en La Rioja fueron espiados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Como publicó Página/12, el exjefe de Inteligencia del SPF, Cristian Suriano, dio una explicación con ribetes inverosímiles, pero admitió ante Augé que relevaron información sobre los magistrados porque querían darle una explicación a sus compañeros del pabellón de lesa. En el Consejo hubo acuerdo el viernes en avanzar con el análisis del tema en la próxima reunión de labor del organismo.
