Por Mariana Carbajal
Dos organizaciones de Tucumán iniciaron una acción de amparo contra el Estado Nacional para que el Poder Judicial ordene la anulación y declaración de invalidez constitucional y convencional del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/25, del gobierno de Javier Milei, que prohíbe el acceso de infancias y adolescencias trans a los tratamientos previstos por la Ley de Identidad de Género. La presentación fue promovida por la Fundación Mujeres x Mujeres junto a Transformando Familias.
El amparo 454/25 tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez. Las dos entidades actuaron con suma velocidad. Lo presentaron el viernes 7, un día después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial. El amparo tiene para resolver “la afectación indebida de los derechos humanos a la salud integral, a la integridad y el desarrollo personal, a la dignidad, a la libertad y autonomía progresiva, a que su opinión sea tenida en cuenta, a la igualdad y no discriminación, y a una vida libre de violencias de género de niñas, niños y adolescentes trans, amparados por la Constitución Nacional y numerosos de tratados de derechos humanos”, explicó a Página 12 la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM.
La publicación del DNU 62/25 estuvo precedido por una gran desinformación, discursos de odio y “noticias falsas” difundidas por el propio Milei y el entorno del Gobierno. Se trata de “una estrategia política antigénero que no es nueva, y que fue censurada como violación de derechos humanos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU del 2023”, destacó Deza.
“El odio de género se enmascara con libertad de expresión y pervive con la colaboración activa de otros partidos políticos. ¿Si no cómo es posible que no se haya logrado la mayoría para que el Congreso repudie los dichos de Milei en el Foro de Davos?”, se preguntó la abogada en diálogo con este diario. El único diputado que alzó la voz en el recinto de Diputados contra los avances del Gobierno hacia los derechos de las personas trans fue el socialista Esteban Paulón.
Fabiana Reina, médica y presidenta de Transformando Familias, recordó que según los datos del último censo, realizado en 2022, 196.956 (0.04%) personas se identificaron con identidad trans, y de ellos, 39.391 menores de 24 años, en un país con una población de 46 millones de habitantes. “Cualquier medida que coarte la libertad de derechos sobre este grupo, no puede interpretarse sino como DNU de ensañamiento y odio”, analizó
Reina destacó que “algunos adolescentes entre 13 y 18 años, sufren marcado disconfort con su corporalidad biológica” y que “las ciencias médicas en instituciones internacionales y nacionales acompañan con responsabilidad este proceso, evitando malestar, autoagresiones, conductas suicidas”. Para la especialista, “la medida del Gobierno claramente, desampara, patologiza e impulsa a esta minoría a enfermar o morir”.
En la presentación, las ONG argumentaron que la modificación de la Ley de Identidad de Género dispuesta por el Gobierno es “inconstitucional” dado que no encuadra dentro de las facultades contempladas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y es a la vez “inconvencional” en virtud de que, en franca violación de los compromisos internacionales con la igualdad de género, vulnera el principio de progresividad que impide la regresión en derechos humanos económicos, sociales y culturales.
“Sin identidad de género, no hay libertad”, subrayó Deza. La abogada explicó que una ley “no puede ser reformada por un Presidente, es una facultad del Congreso y no encuadra este caso en los supuestos excepcionales de necesidad y urgencia que habilita el art 99 inc 3 de la CN”.
También destactó que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH “ya señaló que las restricciones de derechos a las infancias y adolescencias debe respetar los principios de no discriminación, interés superior, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. En la presentación además se menciona la Observación 20 del Comité de Derechos del Niño de la ONU que reconoce que “Los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales suelen ser objeto de persecución, lo que incluye maltrato y violencia, estigmatización, discriminación, intimidación (…) que afecta la libertad de expresión y su integridad física y psicológica, su identidad de género y su autonomía emergente”.
